‘Big Fucking Party’: la nueva tradición de Nochevieja que reúne ya a más de mil personas en una rave ilegal en Ciudad Real

El aeropuerto de Ciudad Real suele ser un lugar solitario y tranquilo, sin embargo desde esta Nochevieja cualquiera que se acerque se puede encontrar con cientos de coches aparcados en sus inmediaciones y miles de personas que se mueven al ritmo de la música techno. Y es que aunque esto pueda descolocar a algunos, tiene su razón de ser: este lugar ha sido elegido para celebrar la ‘Big Fucking Party’, una rave ilegal que ya lleva tres años llevándose a cabo en España.

En su primera edición tuvo lugar en La Peza, Granada, y el año pasado en unos terrenos de la localidad murciana de Fuente Álamo. En ambas ocasiones llegaron a congregar unas 8.000 personas y la celebración se alargó hasta la Noche de Reyes, objetivo que también persiguen este año.

Por el momento, la fiesta actual ha reunido miles de personas, pero es esperable que cada vez más gente se vaya acercando al lugar, según informan medios locales. Y es que esta rave es convocada a través de grupos de WhatsApp y Telegram y los asistentes no saben hasta el último momento si se va a celebrar y dónde.

“Ningún problema de seguridad ciudadana”

Todo comenzó en torno a las 21:30 del 31 de diciembre, momento en el que la Policía Local de Ciudad Real tuvo conocimiento del inicio de esta fiesta. Los primeros avisos alertaban de que cientos de vehículos estaban colapsando la autovía A-43 en dirección al aeropuerto, según ha informado el teniente de alcalde y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Ciudad Real, Ricardo Chamorro y lo ha recogido RTVE.

Ante esta situación, los agentes tuvieron que atender y apoyar en ese momento a la Guardia Civil, que tiene la competencia en este tipo de vías, después de que más de 500 coches colapsaran la autovía. Chamorro también recordó que este tipo de fiestas espontáneas, que no cuentan con autorización, pueden durar varios días, como ocurrió el año pasado en Murcia o el anterior en Granada.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha señalado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil están coordinadas para garantizar la seguridad de todos. Actualmente, ha indicado que “no hay ningún problema de seguridad ciudadana y se han implementado los controles en las vías de acceso al lugar donde se celebra el evento, en la Autovía A-43, para asegurar el tráfico fluido y evitar cualquier tipo de accidente”.

Además, Broceño ha comentado que las Fuerzas y Cuerpos del Estado trabajan por preservar la tranquilidad en la zona y garantizar el cumplimiento de la legalidad, al tiempo que ha pedido la colaboración ciudadana y prudencia en los desplazamientos cercanos a la zona afectada por la rave.

El limbo legal de las raves

Aunque las raves son ilegales, si no se presentan problemas de seguridad graves, generalmente no conllevan sanciones ni administrativas ni penales. Sin embargo, pueden surgir situaciones sancionables como la ocupación ilegal de un terreno privado, castigada por el código penal con penas de prisión de seis meses a dos años. Esto requiere que el propietario del terreno presente una denuncia y que un juez determine la intención de los ocupantes de permanecer allí y en caso contrario, podrían aplicarse normativas relacionadas con la acampada.

Es la Delegación del Gobierno en cada comunidad autónoma otorga autorizaciones para concentraciones de personas. Cualquier reunión masiva que afecte la seguridad ciudadana, como una ‘rave’, requiere supervisión de la Policía o la Guardia Civil. En caso de realizarse sin autorización, estas entidades pueden aplicar sanciones administrativas.

Sin embargo, para realizar un desalojo forzoso, las autoridades necesitan la autorización de un juez y se lleva a cabo únicamente cuando se comete un delito. Este enfoque prioriza la seguridad de los asistentes a la concentración masiva.

Las comunidades autónomas son las responsables de regular los espectáculos públicos y las actividades recreativas en sus territorios, estableciendo el marco normativo bajo el cual estos eventos pueden desarrollarse.