El reconocimiento como profesión de riesgo, la principal reivindicación de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, parece estar cada vez más lejos. Después de que numerosas iniciativas parlamentarias hayan decaído por la negativa del Gobierno, ahora el Ejecutivo señala en un informe que la profesión de riesgo “no existe” pese a haberla reconocido a bomberos y agentes forestales, entre otros colectivos laborales.
El citado informe, al que ha tenido acceso Infobae España, responde a la solicitud de información del Senado sobre el grado de cumplimiento de la moción aprobada en abril en la cámara alta que instaba al Gobierno a “materializar la profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil”. Ocho meses después, los agentes no tienen noticias más allá del compromiso de algunas autoridades políticas y policiales como el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La ausencia de novedades se comprende mejor al leer el inicio del informe, fechado el pasado 4 de noviembre: “El Gobierno informa, en primer lugar, que el concepto profesión de riesgo, no existe como tal ni en la regulación del régimen de la Seguridad Social ni en la propia del régimen de Clases Pasivas, tiene su origen en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que prevé la posibilidad de rebajar la edad mínima de jubilación por real decreto y mediante coeficiente reductores para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acuse elevados índices de morbilidad o mortalidad”.
El Ejecutivo elude señalar que el reconocimiento como profesión directo tiene una implicación directa sobre las condiciones de jubilación de los trabajadores. Así, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reclaman una jubilación anticipada a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo. Ahora, los policías nacionales y los guardias civiles pierden, además, una media de 700 euros mensuales respecto a los integrantes de los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, cuerpos que sí fueron reconocidos como profesión de riesgo.
Sin avances en el grupo de trabajo
La negativa de la existencia de la profesión de riesgo es contradictoria con el compromiso del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados. El pasado 19 de enero, grande-Marlaska anunció que había dado la orden de crear un “grupo de trabajo” para declarar a los policías nacionales y guardias civiles como profesionales “de riesgo”, lo que afectaría “exclusivamente a los criterios para la determinación de las pensiones en caso de jubilación anticipada”.
Casi un año después, ese grupo de trabajo no ha dado resultados y todo parece estar a merced de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025. En el informe remitido al Senado, el Gobierno recuerda “la existencia” de ese grupo de trabajo, que “sigue trabajando en eventuales modificaciones del régimen de pensiones de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y estudiando las implicaciones que tendrían las posibles medidas propuestas, tanto a nivel individual como colectivo, así como realizando una evaluación detallada de los costes que implica la implementación de coeficientes correctores sobre la jubilación de los miembros de las FCSE”.
Desde el sindicato Conferencia Española de Policía (CEP) denuncian que el denominado “grupo de trabajo” no es más que un “comodín del público” utilizado por Interior para negarse a avanzar en su reconocimiento como profesión de riesgo. “Cada vez que le preguntan algo, Interior recurre a él pese a que hace ya tiempo que concluyó que no se va a hacer nada que cueste dinero”, añaden.
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