El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado al Tribunal Supremo investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, por delitos relacionados con financiación ilegal y fraude electoral. Según detalla el magistrado, Álvaro Romillo, empresario que habría entregado 100.000 euros en efectivo a Pérez, también debe ser investigado por su participación activa en las donaciones que sostuvieron la campaña de la agrupación electoral Se acabó la fiesta (SALF).
En un evento realizado el 6 de abril en el Hipódromo de la Zarzuela, Pérez presentó su programa político basado en la “libertad financiera” ante 3.000 inversores de la plataforma Madeira Invest Club, promocionando su negocio, supuestamente diseñado para eludir controles financieros y evitar tributar. Según el auto, la colaboración con Romillo buscaba captar más inversores para la plataforma bancaria Sentinel y Madeira Invest, prometiendo una comisión del 10 % de las inversiones, que compartiría con Pérez.
El juez considera que la financiación de la campaña electoral de Pérez a través de donaciones anónimas gestionadas mediante un monedero virtual creado por Romillo constituye un delito de financiación ilegal del artículo 304 bis del Código Penal. Este delito se consuma con la entrega de donativos, sin requerir un resultado adicional. Asimismo, señala que la falsificación de cuentas electorales contemplada en el artículo 149 de la Ley Orgánica 5/1985 afecta gravemente al pluralismo político y a la correcta manifestación de la voluntad popular.
100 millones de euros en una hora
En su resolución, Calama fundamenta los indicios delictivos en la declaración judicial de Romillo, documentos incautados y un informe pericial. Además, detalla que esta dinámica ilícita también sirvió para promocionar las actividades de Madeira Invest, una plataforma investigada en otro caso por presunta estafa. Un mensaje de audio revelado en el auto muestra a Romillo informando a Pérez sobre una recaudación de 100 millones de euros en menos de una hora, señalando el éxito de la operación fraudulenta.
El auto concluye que las conductas imputadas a Luis Pérez y Álvaro Romillo representan “la cara y cruz de una misma moneda”, siendo necesario que el Alto Tribunal investigue ambos casos de forma conjunta.
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