El Gobierno pacta con Bruselas una subida de impuestos y pretende aprobar algunas medidas en los Presupuestos de 2025

El Ejecutivo ha prometido a la Comisión Europea que llevará a cabo una reforma fiscal para aumentar la recaudación y “converger” con la fiscalidad de la mayor parte de los países de la zona euro, en los que los ingresos públicos tienen un peso medio sobre el PIB del 46,4% frente al 42,8% de España. El compromiso se ha plasmado en el Plan Fiscal Estructural enviado este martes a Bruselas y servirá para que el proceso de reducción de la deuda pública de España (el ajuste fiscal) sea más suave, a lo largo de siete años, en lugar de en cuatro.

Las nuevas medidas de aumento de impuestos servirán para varios objetivos a la vez. Por una parte, facilitarán el cumplimiento de uno de los compromisos del Plan de Recuperación necesarios para que España reciba el quinto pago de los fondos Next Generation (de 7.200 millones de euros), y por otra, ayudarán a los objetivos de reducción del endeudamiento público que exigen las nuevas reglas fiscales comunitarias.

Finalmente, el Ejecutivo tendrá que aprobar subidas de impuestos, algo que había intentado evitar insistiendo a la Comisión en las medidas ya aprobadas, como el impuesto sobre los servicios digitales; la tasa Tobin; la subida del IVA a las bebidas azucaradas; el impuesto sobre residuos en vertederos; el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y la modificación del impuesto de gases fluorados. Bruselas ha insistido en numerosas ocasiones en que España debe subir impuestos y ha apuntado a la simplificación del IVA, el ajuste de beneficios fiscales y aumento de la fiscalidad medioambiental.

Por el momento se conocen pocos detalles de la reforma fiscal, que se irá detallando en los planes presupuestarios de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, el Ministerio de Economía ya cuantifica en el documento enviado a Bruselas que el impacto del nuevo paquete de medidas será de tres décimas sobre el PIB de 2031, es decir, una cantidad que oscila entre los 4.500 y los 6.000 millones, dependiendo del año de referencia.

Además, a diferencia de otras reformas pactadas con la Comisión para extender el ajuste a siete años, el Gobierno no detalla una fecha concreta de entrada en vigor ni el conjunto de medidas que formarán parte de la reforma, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sí ha adelantado ya una de ellas. Se trata de la conversión en permanente de los gravámenes hasta ahora temporales a las entidades financieras y a las energéticas, algo que el Ejecutivo pretende incorporar ya en los Presupuestos de 2025. No obstante, este impuesto solo ha recaudado 2.859 millones en 2024, por lo que habrá nuevas medidas adicionales para llegar al objetivo comprometido.

Un ajuste fiscal de 6.000 millones anuales

El Plan Fiscal tiene el objetivo principal de destinar más recursos a reducir la deuda pública en el medio plazo y para ello se pasa por una reducción constante del déficit y una limitación del crecimiento del gasto público sujeto a varias variables macroeconómicas. En concreto, según detallan fuentes del Ejecutivo, el “esfuerzo” fiscal anual será de 0,4 puntos del PIB, es decir, unos 6.000 millones anuales entre 2025 y 2031 para restar endeudamiento.

La cantidad asciende a unos 42.000 millones y coincide con lo vaticinado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal desde más de un año. Esta cantidad no podrá destinarse a otros asuntos, pero eso no implica necesariamente un recorte del gasto público (aunque sí límites en su crecimiento), ya que ese margen fiscal se puede generar tanto por la vía de los gastos como por la de los ingresos, que crecen con el PIB.

De hecho, según la senda presentada este martes, el gasto de las administraciones públicas seguirá aumentando en un promedio del 3% anual entre 2025 y 2031. Habrá que esperar a la presentación del plan presupuestario que acompañe a los Presupuestos de 2025 para conocer en qué medida se ven afectados los ingresos y los gastos y los desgloses dentro de cada ámbito, teniendo en cuenta que el envejecimiento acapara cada vez más porcentaje de los recursos públicos.