El presidente, Pedro Sánchez, ha recibido algunos pitos, abucheos y gritos del público a su llegada este sábado al desfile del 12 de octubre. A diferencia de otras ocasiones, estas reprobaciones verbales se han disminuido entre los asistentes al acto central de conmemoración de la Fiesta Nacional en Madrid, marcado a su vez por la intensa lluvia. No obstante, al finalizar el acto se han vuelto a oír gritos contra el líder del Ejecutivo en las inmediaciones de Neptuno, donde se ha ubicado la tribuna real.
Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no ha asistido al desfile porque así lo ha decidido Izquierda Unida, la organización política a la que pertenece. Asimismo, otra de las novedades ha sido la asistencia del presidente de Cataluña, Salvador Illa, siendo la primera vez tras 14 años de ausencia de la Generalitat catalana, ya que sus predecesores independentistas, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, no lo hicieron. “Cataluña debe estar presente en la construcción de una España plural y diversa”, ha indicado Illa en la red social X, antes de participar en los actos por el 12 de octubre en Madrid.
Las últimas revelaciones sobre el caso Koldo, que cercan al exministro de Transportes José Luis Ábalos y le sitúan al borde de la imputación, así como la aprobación de una reforma legal que conllevará la rebaja de penas a 44 presos de ETA han precedido este 12-O. Sánchez ha mostrado serías dificultades para explicar la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 y la reunión que mantuvo en el aeropuerto madrileño de Barajas con el entonces ministro de Transportes.
Y es que, el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama del cobro de comisiones en la compra de mascarillas al inicio de la pandemia, pone en entredicho las diferentes versiones que el Ejecutivo, con Pedro Sánchez a la cabeza, dio hace más de cuatro años, cuando este asunto saltó a la palestra.
Frente al argumento de que “Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención” al tratar de impedir que Rodríguez bajara del avión y pisara suelo español, como defendió Sánchez en el Congreso en 12 de febrero de 2020 y reiteró posteriormente en otras ocasiones tanto en la Cámara Baja como en el Senado, la UCO constata que la visita de Rodríguez no fue sorpresa: Ábalos lo avisó cuatro días antes y Sánchez le dio el visto bueno.
Asimismo, la hemeroteca destapa otras contradicciones en lo relativo a la normalización de la figura de Delcy Rodríguez, pues el Gobierno llegó a sacar pecho de que podía reunirse con “personas sancionadas”, a pesar de que Moncloa ahora se haya desmarcado del encuentro “privado” entre Ábalos y Rodríguez, y deposite toda la responsabilidad en quien fuera una de las piezas claves del Gobierno de Sánchez.
La reforma legal para rebajar las penas a los etarras se aprueba este lunes
Por otro lado, el Ejecutivo no va a impedir la reforma legal que permitirá excarcelar antes de lo previsto a 44 presos de ETA (siete de ellos podrían incluso quedar en libertad en apenas unos meses), una modificación introducida por Sumar en el proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que se aprobó en el Congreso en connivencia con todos los grupos parlamentarios, incluido PP y Vox.
Tras salir a la luz el efecto del cambio legal que conmutará a los presos de ETA las condenas cumplidas en Francia, la derecha salió en tromba a exigir al Gobierno la retirada del proyecto de ley, que se aprobará definitivamente en el Senado este lunes. La norma, con el cambio incluido, tampoco recibió ninguna enmienda ni ningún veto, por lo que saldrá adelante, aunque el PP vote mayoritariamente en contra.
El PP, que asumió su “error injustificable”, busca ahora quitarse la culpa y deposita la responsabilidad en el Gobierno, con potestad para retirar esta reforma legal. “No lo podíamos haber evitado ni lo podemos cambiar ahora”, justifican fuentes de la dirección nacional del partido, que dan por sentado que la ley hubiera salido adelante aunque hubieran votado en contra.
Sin embargo, en el Ejecutivo no solo rechazan retirar la ley al alegar que la norma traspone una directiva europea, pues acusan al PP de ser conocedor de los efectos de la reforma legal antes de que este asunto saliera a la palestra. “El PP no se ha equivocado con esto”, añaden fuentes de Moncloa. Y es que, los representantes de todos los grupos parlamentarios involucrados en la tramitación de la norma, incluidos tres diputados del PP y dos de Vox, afirmaron “haber estudiado con detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas”.
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