La decisión de Alemania de endurecer los controles fronterizos a partir del 16 de septiembre ha generado un intenso debate, no solo dentro del país, sino también en toda la Unión Europea (UE). Este movimiento, que extiende los controles ya vigentes en la frontera con Austria desde 2015, y más recientemente con Polonia y la República Checa, afectará ahora también a Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. La medida se presenta en un contexto político altamente sensible, donde el ascenso de la extrema derecha y las preocupaciones sobre la inmigración influyen significativamente en las decisiones del gobierno.
Desde el punto de vista jurídico, la imposición de controles fronterizos representa un golpe duro para uno de los pilares más importantes de la integración europea: la libre circulación dentro del espacio Schengen. El mismo, creado en 1985, permite que los ciudadanos de 25 de los 27 estados miembros de la UE, junto con otros países como Suiza y Noruega, circulen libremente sin controles fronterizos. Sin embargo, la creciente presión política y el temor a perder apoyo electoral han llevado a varios gobiernos, incluido el de Alemania, a tomar decisiones que podrían poner en peligro el funcionamiento de este sistema.
La seguridad ha sido uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno alemán para justificar el endurecimiento de los controles fronterizos. La ministra del Interior germana, Nancy Faeser, afirmó que estas medidas buscan reducir la migración y proteger al país de los “graves peligros” que representan el terrorismo islamista y la delincuencia grave.
Un ataque reciente en Solingen, donde un solicitante de asilo fue el principal sospechoso, ha intensificado el debate sobre la seguridad, especialmente con las elecciones regionales en el horizonte. Estos episodios han sido aprovechados por partidos como Alternativa para Alemania (AfD), que han ganado apoyo con un discurso fuertemente antiinmigración.
Críticas en el resto de Europa
No obstante, las reacciones en Bruselas y otros países de la Unión Europea han sido de consternación. Funcionarios y diplomáticos calificaron la medida como una acción dirigida principalmente a un público nacional, en lugar de responder a una amenaza de seguridad concreta.
La Comisión Europea, garante del tratado de Schengen, aceptó la notificación de Alemania, recordando que tales medidas solo deben tomarse en circunstancias excepcionales y ser “necesarias y proporcionales”. Sin embargo, las críticas han sido fuertes, con países como Polonia y Austria expresando su oposición. El primer ministro polaco, Donald Tusk, tachó la decisión de “inaceptable” y exigió consultas urgentes, mientras que Austria dejó claro que no aceptará a migrantes rechazados en la frontera alemana.
Los cuestionamientos sobre la decisión de Alemania de reintroducir controles fronterizos se han centrado en la posible ilegalidad y la falta de proporcionalidad de las medidas. Según el Derecho Europeo, los controles dentro del espacio Schengen solo pueden restablecerse en situaciones de emergencia que representen una amenaza grave para la seguridad interna o el orden público, y deben ser temporales y excepcionales. Sin embargo, expertos señalan que los controles alemanes parecen responder más a una presión política interna que a una amenaza clara y específica.
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