El infierno de una mujer cuyo maltratador se cambió de sexo para eludir la cárcel: “Me anuló por completo y ahora estoy desprotegida”

Los 12 años que Alicia (nombre ficticio) pasó junto a su pareja fueron “un auténtico infierno”. Es la única forma en la que esta mujer de 40 años puede resumir el maltrato psicológico, los golpes y el control que su entonces marido ejercía sobre ella. “Estaba sometida, anulada, como en una cárcel. Le puso denuncias en varias ocasiones, pero el miedo siempre podía más y acababa retirándolas “por el bien de los dos hijos” que tienen en común. Hasta que un día, consciente de que “nunca iba a cambiar”, decidió poner fin a la relación en 2017.

Su agresor, que ya pasó casi dos años en prisión por un delito de violencia de género contra su anterior pareja, fue condenado en 2019 a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas, aunque no fue hasta el 11 de septiembre de 2023, una vez que esa condena fue firme, cuando un juzgado ordenó su ingreso inmediato en la cárcel. Poco antes de esa fecha, sin embargo, se inscribió en el Registro Civil como mujer y pidió el indulto para no entrar en prisión, lo cual le ha servido para poder seguir amenazando y vigilando a Alicia.

Aunque la Ley Trans especifica que las agresiones machistas cometidas en el pasado por hombres que soliciten su cambio de sexo registral seguirán siendo castigadas con la agravante de género, en este caso será juzgado por su último delito en un juzgado de instrucción y no en uno de violencia sobre la mujer, ya que el tribunal especializado ha alegado que no es competente. Así se ha interpretado la ley a pesar de que este jueves el Ministerio de Igualdad indicaba que existen instrumentos normativos “suficientes” que permiten garantizar la aplicación correcta de la Ley Trans y avisaba a quienes abusen de la norma de que “tendrán que enfrentarse al fraude de ley”.

Al tratarse de un juzgado no especializado, sigue los ritmos de la justicia ordinaria, por lo que aún no se ha adoptado ninguna medida para proteger a Alicia, que sigue sin dar crédito a lo que está ocurriendo. Sabe que su expareja es “capaz de cualquier cosa con tal de hacer daño”, por eso pide a las administraciones que empleen más recursos. “Yo ahora no necesito un psicólogo, necesito protección, porque no sé qué más me tiene que ocurrir”, dice indignada a Infobae España esta mujer migrante al otro lado del teléfono. En España, a fecha 31 de julio de 2024, según datos del Ministerio del Interior, hay un total de 94.203 casos activos de mujeres víctimas de violencia de género inscritas en VioGén que viven con protección policial.

“Él siempre incumplió las órdenes de alejamiento e incluso me llamaba desde la cárcel cuando ya no estábamos juntos. Ahora, con el cambio de sexo en el Registro trata de alargar el proceso todo lo posible”, añade. Durante los años que duró la relación, ella ni siquiera tenía llave de casa, donde también vivían los padres de su maltratador, que a su vez “la vigilaban e incluso llegaron a quitarle su documentación”. Si Alicia no quería mantener relaciones sexuales, él abusaba igualmente de ella y, si no le gustaba cómo vestía, “cortaba su ropa con las tijeras”. “Es una persona celosa y obsesiva. Me alejó de toda mi familia, de mis amistades, y nunca se ocupó de sus hijos. Fue un infierno total”, asegura.

La palabra de las víctimas

En una de las innumerables veces que su expareja la agredió, su primo estaba presente y pudo grabarlo, lo cual le sirvió como prueba después a la Fiscalía para actuar de oficio y ahora lo agradece “enormemente”, porque el miedo, insiste, paraliza a las víctimas de violencia machista y en muchas ocasiones retiran las denuncias. “Cuando denunciamos es que estamos en grave peligro, pero no se nos escucha lo suficiente”, lamenta. De hecho, según un estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género elaborado por la Fundación Igual a Igual, las personas que sufren este tipo de violencia tardan una media de ocho años en expresar su situación precisamente por el miedo a la reacción del agresor.

Alicia, quien asegura que su abogado José Antonio Sires, del bufete penalista Sires Abogados, “le ha dado mucha fuerza” para seguir adelante, confía en que su agresor acabe finalmente en prisión, al igual que ha sucedido en el caso de otro hombre sevillano que ha sido recientemente condenado por violencia de género a sus dos últimas parejas tras inscribirse también en el Registro Civil como mujer y pedir el indulto para no entrar en prisión.

Al igual que Alicia, muchas de las víctimas de violencia machista registradas en el país son extranjeras. Ocurre lo mismo en el caso de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, pues de los 34 crímenes machistas registrados en lo que va de año, 16 son mujeres procedentes de otros países. El total de feminicidios se eleva hasta los 1.278 desde el año 2003, cuando empezaron a registrarse estas cifras.

Pocos centros de crisis 24 horas

Apenas faltan cuatro meses para que termine la fecha límite para la apertura de 52 centros de crisis 24 horas en España de atención integral especializada para víctimas de violencia sexual y la situación revela un panorama lento y preocupante, ya que solo siete de estos centros están en funcionamiento y muchas provincias enfrentan serios obstáculos para cumplir con la Ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, que exige un centro en cada provincia, tal y como informa la Agencia EFE.

Hasta la fecha, los centros operativos están en Cantabria (Santander), País Vasco (Bilbao y Vitoria), Murcia (El Palmar), Navarra (Pamplona), Melilla y Castilla-La Mancha (Albacete), si bien el Ministerio de Igualdad prevé que próximamente abran sus puertas los de Madrid, San Sebastián, Teruel, Huesca, Toledo y Guadalajara.