
El ayuntamiento de Alicante denunciará al youtuber Nil Ojeda Morales por “animar a fingir ahogamientos en la playa” y pedirá el cierre de sus redes sociales. El consistorio se refiere a una iniciativa que compartió el creador de contenido para promocionar su marca de ropa en el que varios jóvenes fingieron ahogarse en la playa de San Juan y el Postiguet para conseguir productos de regalo.
“Halla al profesional del socorro, ponte delante y comienza a actuar: al suelo, ahogado fuera del agua. Si mereces, el premio te dará”, fueron las únicas instrucciones otorgadas por Ojeda a través de un cartel que difundió en sus cuentas en las redes sociales.
Como puede apreciarse en el mensaje, el reto consistía en un falso ahogamiento fuera del agua, pero algunos seguidores quisieron ir más allá y lo llevaron a cabo dentro del mar, comprometiendo la seguridad de los miles de bañistas, según ha señalado la concejala de Turismo, Ana Poquet.

Según ha detallado el portavoz del equipo jurídico del gobierno municipal, Manuel Villar, la propuesta provocó el caos en los socorristas, que tuvieron que abandonar su puesto de vigilancia pensando que atendían una verdadera urgencia. Además, el reto se habría llevado a cabo el mes de julio, un mes de gran afluencia de bañistas en estas playas, aprovechando la época estival.
“No se puede utilizar estas actuaciones para hacerse publicidad y encima ganar dinero, y poner en riesgo a la gente”, ha señalado el portavoz y vicealcalde en una información recogida por La Vanguardia.
El equipo del consistorio alicantino, que adelantó a comienzos del mes de julio que iniciaría acciones legales contra el youtuber, ha afirmado que ya cuentan con el informe de los servicios jurídicos y reclamarán el cierre las redes sociales del individuo, donde acumula millones de seguidores en Instagram, X, YouTube y Twitch.
Ante tres posibles delitos
El youtuber reconoció en un video posterior que “se lio bastante”, pero podría estar vulnerando el artículo 561 del Código Penal, en relación a la falsa alarma de peligro, según han afirmado los servicios jurídicos a varios medios: “Con ánimo de atentar contra la paz pública, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, atendida la alarma o alteración del orden efectivamente producida”, dicta la norma, que castiga esta acción con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.
Entre otras posibles vulneraciones, el ayuntamiento recoge en su denuncia formal ante la fiscalía que cree que podría haber vulnerado la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad Valenciana y la Ordenanza de Convivencia Cívica, que protegen la seguridad en espacios públicos. Asimismo la denominada Ley Influencer, que hace referencia a que ningún personaje público podrá “incentivar a la comisión de ningún delito”.
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