La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos años de prisión a un hombre de nacionalidad nigeriana tras declarar probado que estafó a otro tras hacerle creer que era depositario de una herencia de 9,3 millones de dólares norteamericanos dejada por un individuo fallecido en un terremoto en China en el año 2008.
El acusado, que se encuentra en situación de residencia irregular en España y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia por cancelados, “actuando con el propósito de obtener un indebido beneficio patrimonial”, contactó con la víctima en noviembre de 2018 mediante el envío de una carta en la que su remitente se identificaba como un abogado.
En dicha carta se ponía en conocimiento del hombre el fallecimiento de una tercera persona durante un terremoto ocurrido en Wenchuan el día 12 de mayo de 2008 y que había dejado depositada en una caja de seguridad en España la cantidad de 9.300.000 dólares estadounidenses, aconsejándole que aceptase la herencia para poder reclamar el contenido de la caja de seguridad.
En una posterior carta se ponía le aseguraba que el dinero se encontraba depositado en una caja fuerte en Barcelona y se le advertía de la necesidad de efectuar diversos pagos en efectivo para poder liberar la herencia y posibilitar la transferencia de su importe a la cuenta del beneficiario en Canadá.
Documentos falsos
A efectos de dotar de la máxima apariencia de seriedad y credibilidad a dichas comunicaciones, el acusado y sus compinches elaboraron diversa documentación que fue remitida a la víctima, tales como un documento que simulaba ser una declaración jurada del letrado ante el Ministerio de Justicia en España extendido en papel de oficio, certificados emitidos por la empresa de seguridad o declaraciones de garantía que aparecían como emitidas por el Departamento Administrativo de la entidad bancaria BBVA.
“Los referidos documentos, aún con errores de formato y de contenido evidentes, eran sin embargo suficientes para convencer a la persona contactada de la legalidad de la operación, dada su condición de extranjero desconocedor del idioma español y del formato oficial de los documentos de los órganos judiciales en España”, explica la sentencia.
Aunque el hombre mostró reticencias en un principio, gracias al envío de estos documentos acabó aceptando y envío al estafador un total de 128.608 euros en diferentes transferencias.
La suspensión de la ejecución de la pena
Tras ser consciente de la estafa, el hombre lo denunció y el caso ha acabado en manos de la Audiencia Provincial de Valencia. En el juicio se ha demostrado que el acusado llevó a cabo un delito de falsedad en documento mercantil y oficial, en concurso con un delito de estafa.
En la resolución judicial, se le ha condenado condenado a dos años de prisión, además de imponerle una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de cuatro meses a razón de 8 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Asimismo, el tribunal ha ordenado que indemnizara a la víctima con 5.820 euros más los intereses legales. Esta indemnización, aunque menor que el total estafado, representaba una parte de la responsabilidad civil reconocida en el fallo.
A pesar de la condena a prisión, el tribunal ha decidido conceder la suspensión de la ejecución de la pena por un plazo de dos años, siempre que el acusado no cometa ningún delito durante este período. La suspensión también ha quedado condicionada al pago íntegro de la responsabilidad civil pendiente dentro de los dos años establecidos. Si no cumple con estos requisitos, la suspensión será revocada y deberá cumplir la pena de prisión.
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