Más allá del anonimato, la falta de jurisprudencia dificulta castigar los delitos de odio en las redes: “Es imposible solo con la ley”

El crimen de Mocejón ha reavivado el debate sobre la identidad de quiénes se esconden detrás de cuentas anónimas en las redes sociales, muchas de las cuales suelen reproducir o difundir discursos de odio contra minorías. Justamente, esto fue lo que sucedió en el caso de Mateo, el niño de 11 años asesinado a sangre fría en la pequeña localidad toledana mientras jugaba al fútbol con sus amigos, durante las primeras horas tras conocerse el crimen: una catarata de comentarios racistas y bulos señalando sin pruebas a los inmigrantes menores no acompañados alojados en el pueblo, procedentes de Canarias, como los responsables de la muerte del pequeño, algo que la investigación policial terminó por desmentir.

A tal dimensión llegaron los mensajes difundidos en redes sociales que la Fiscalía de Delitos de odio y Discriminación anunció una investigación con el fin de castigar a los responsables de la difusión de este contenido xenófobo. De hecho, en una entrevista con Cadena Ser, el titular de la fiscalía, Miguel Ángel Aguilar, propuso acabar con el anonimato en aplicaciones como X o Facebook en pos de que aquellos que sean condenados por difundir mensajes de odio sean apartados de estos canales de forma efectiva. Para que esto se convierta en una realidad, Aguilar apuesta por una reforma del Código Penal.

Desde la asociación Abogados y Abogadas Contra los Delitos de Odio (Aacdo) consideran que la iniciativa propuesta por la Fiscalía va por el buen camino, de hecho la califican como “un esfuerzo importante”, pero desconfían de que la misma vaya a ser suficiente para poner fin a la problemática, dado que los perfiles responsables de difundir contenido falso y de cariz discriminatorio continuarán encontrando formas de hacer llegar sus mensajes. “Van a utilizar otras identidades y lo harán a través de ordenadores en el extranjero”, advierte Carlos Querol, secretario general de Aacdo.

Querol también señala las dificultad en muchas ocasiones para distinguir entre la delgada línea que separa a los delitos de odio del derecho a la libertad de expresión. Si bien el Código Penal define a estos últimos como todo acto público que fomenta o incita el odio o discriminación contra una persona o minoría por razón de su raza, religión, etnia, orientación sexual, identidad o enfermedad, “hay tanta casuística que es imposible en una ley determinar cuáles son los elementos concretos que diferencian a un caso de libertad de expresión de un delito de odio”, explica Querol.

En este sentido, el secretario general Aacdo apunta a la necesidad de que la justicia siente jurisprudencia en la materia. “Solamente a través de la labor de los juzgados se va a poder determinar exactamente cuándo hay elementos que permiten al juez concretar que se trata de un delito de odio y otros que faciliten decir que no, que eso responde al derecho a la libre expresión”, detalla. No obstante, Querol reconocer que la creación de jurisprudencia lleva su tiempo, mas aún ante el panorama actual de la justicia. “Los tribunales españoles están todos colapsados, es un auténtico desastre”, lamenta.

El rol de la política

La triste muerte del pequeño Mateo ha conseguido lo que en los últimos años ha sido prácticamente imposible: poner de acuerdo a los dos grandes partidos políticos del país. Tanto los socialistas como el Partido Popular se han mostrado a favor de legislar con el objetivo de combatir los bulos malintencionados y los delitos de odio en internet. El propio Pedro Sánchez ya había mostrado señales en esta dirección tras sus cuatro días de reflexión en abril, aunque la lucha del presidente estaba más enfocada a los bulos y desinformaciones periodísticas, motivado especialmente a raíz del escándalo por la causa judicial contra su esposa, Begoña Gómez.

“Las modificaciones penales deberían tener el máximo apoyo del Parlamento”, demanda Querol. “Si tanto los partidos mayoritarios como los minoritarios fueran más patriotas y eficientes se pondrían de acuerdo en ciertos temas. No tiene sentido lanzar una modificación legislativa ahora si el siguiente gobierno la va a tumbar. Deben dedicarle más tiempo, estudiarlo con profundidad y hacer lo que mejor consideren para la gente”, sostiene el miembro de Aacdo.

De igual manera, Querol comparte otra propuesta de la Fiscalía de Delitos de odio, la modificación de las penas para quienes cometan delitos de odio, ya sea en las redes sociales o fuera de ellas, ajustando las mismas a las circunstancias de cada caso. “El Código Penal español es bastante incongruente, hay delitos en los que apenas se condena, que parecen socialmente más escandalosos y graves que otros pero que se condenan menos”, critica.

El caso de Reino Unido

Ante todos los discursos de corte racista difundidos, en algún momento se temió que el caso de Mocejón produjese disturbios como los vividos en Reino Unido a principios de este mes, alentados por mensajes xenófobos procedente sobre todo de agitadores de ultraderecha tras el asesinato de tres niñas en Southport. Incluso el portavoz de la familia de Mateo, Asell Sánchez, llegó a recibir numerosos insultos y amenazas por parte de perfiles anónimos por pedir que no se criminalizara a nadie.

Sin embargo, a pesar de ser conscientes de que la mayoría de estos mensajes provienen de grupos cuyo principal objetivo es desestabilizar tanto a la sociedad como a la política, desde Aacdo rechazan la posibilidad de que las escenas vistas en Londres y otras ciudades británicas puedan replicarse en nuestro país. “En España hay grupos radicales y racistas, pero son muy minoritarios”, afirma Querol. “No creo que tengan el apoyo de la población general”.