
Fernando Grande-Marlaska es el ministro más longevo al frente de Interior, pero también, dentro de la actual composición del Consejo de Ministros, es que el que más reprobaciones del Congreso y el Senado tiene en su haber. Titular de esta cartera desde junio de 2018, acumula tres rapapolvos parlamentarios, los mismos que cosechó la exministra de Justicia y fiscal de Memoria Democrática, Dolores Delgado.
Sin embargo, la exfiscal general del Estado fue reprobada en tres ocasiones (una en el Senado y dos en el Congreso) en menos tiempo, ya que solo estuvo en el Ejecutivo desde junio de 2018 hasta enero de 2020. Los motivos fueron su amistad con el excomisario José Manuel Villarejo, su relación con el exjuez Baltasar Garzón y “por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión” a los líderes del procés.
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En España, este procedimiento parlamentario contra miembros del Gobierno y titulares de órganos del Estado está recogido en el artículo 111.2 de la Constitución -el cual establece que “toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición”-, y regulado por el artículo 184 del Reglamento del Congreso.
Su eficacia es meramente política, que no jurídica, ya que la potestad para destituir a un ministro solo la tiene el presidente del Gobierno. No obstante, aunque la reprobación tampoco obliga a dimitir a los altos cargos, este tirón de orejas (se requiere mayoría absoluta para que salga adelante) supone una quiebra de confianza por parte de los representantes de la soberanía popular que deja en la cuerda floja al dirigente de turno.
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En el caso de Marlaska, su continuidad al frente de Interior fue una de las grandes sorpresas del actual Gobierno de Pedro Sánchez, ya que ha sido una figura muy criticada por parte del bloque de la derecha, PP y Vox, pero también por los socios parlamentarios del PSOE, especialmente ERC, EH Bildu y Podemos. También suele estar en el foco de las críticas de los sindicatos policiales y guardias civiles.
El motivo detrás de sus tres reprobaciones
Pese a las duras críticas y las voces constantes que han pedido su dimisión a lo largo de estos seis años, la primera reprimenda parlamentaria no llegó hasta febrero de 2023. El Congreso, a iniciativa del PP, le reprobó por su gestión de la tragedia ante la valla de Melilla en junio de 2022, cuando murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España.
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La iniciativa, impulsada por el PP, recibió el respaldo de Vox, Ciudadanos, ERC, Junts y el BNG, aunque PNV y EH Bildu decidieron abstenerse. El texto aprobado contra el ministro, juez de profesión, mencionó “su falta de sensibilidad, la ocultación de información, los datos falsos facilitados y sus mentiras vertidas en sede parlamentaria”. Mientras que la derecha puso el foco en “la falta de recursos humanos y materiales a la que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, los partidos soberanistas afearon su “falta de explicaciones” e, incluso, sus “mentiras” después de la tragedia.
Las otras dos reprobaciones han ocurrido en esta legislatura, primero en el Senado y después en el Congreso, aunque a raíz del mismo suceso: la muerte de dos guardias civiles tras la embestida de una narcolancha en Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero. El 21 de febrero, la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta aprobó una moción en la que acusaba al ministro de “no dotar de los medios suficientes a la Guardia Civil para combatir el narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar”. Una semana después, la Cámara Baja también le censuró y pidió su cese con el apoyo del PP, Vox y UPN, y las abstenciones claves de Junts, Podemos y Coalición Canaria.
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En esta legislatura, la mayoría absoluta del PP en el Senado ha reprobado también al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por “su falta de respeto institucional” a la Cámara Alta, así como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “ante el incumplimiento de sus funciones”. Sin embargo, el Congreso rechazó en junio la reprobación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solicitada por el PP.
Estas figuras parlamentarias comenzaron a tener sus efectos tras la ruptura del bipartidismo y la pérdida de mayorías absolutas claras. En mayo de 2017, el extitular de Justicia Rafael Catalá fue el primer ministro de la democracia reprobado por el Pleno de la Cámara Baja por presuntas injerencias en los casos de corrupción que afectaban al PP.
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A esta lista se sumaron más tarde el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la inconstitucionalidad de su amnistía fiscal del 2012; los extitulares de Exteriores, Alfonso Dastis, y del Interior, Juan Ignacio Zoido, por incumplir las cuotas de acogida de refugiados comprometidas con la Unión Europea; y la exministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, por su gestión en la lucha contra la violencia machista. La exministra de Fomento durante el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez, se convirtió en la primera integrante de un Gobierno en perder la confianza de la Cámara Alta por el caos en el transporte en Cataluña.
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