El Pleno del Tribunal Constitucional ha amparado parcialmente este miércoles a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez por su condena en los ERE y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que redacte una nueva sentencia que rebaje considerablemente los nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que la corte de garantías ha estimado parcialmente el recurso de amparo de la exministra con los 7 votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro votos en contra de la minoría conservadora, quienes han anunciado voto particular, estos son, los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y la magistrada Concepción Espejel.
La sentencia de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, obliga a la Audiencia de Sevilla a redactar una nueva sentencia que rebaje sustancialmente la pena en relación al delito de prevaricación, que es el que afecta a la exministra, de manera que excluya los hechos que no pueden ser calificados de resolución administrativa injusta, explican las fuentes.
Pero el fallo será clave para resolver los otros diez recursos pendientes de condenados por los ERE, porque abre la puerta a anular rebajar las condenas por prevaricación del resto de los condenados, dependiendo de su grado de responsabilidad en los hechos.
“Se robaron más de 700 millones”
Se trata del primer recurso de calado que resuelve el tribunal sobre la sentencia de los ERE, una vez que el lunes rechazó el del exconsejero andaluz de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera -actualmente en tercer grado por sus problemas de salud-, condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación, por falta de fundamentación de la demanda.
Los magistrados siguen así el criterio de la Fiscalía del Constitucional, que pidió estimar los recursos de ocho de los condenados, todos ellos sentenciados solo por prevaricación, y rechazar los recursos de tres más, aquellos que suman el delito de malversación, que fue por el que el del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, fue condenado a penas de prisión.
Horas antes de este dictamen, el actual Gobierno de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, aseguraba no poner “en entredicho” el papel del tribunal pero sí defender su “derecho a opinar” y subrayar que “se robaron más de 700 millones de los parados andaluces”.
“Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, el caso de los ERE es el caso de corrupción más grave que ha ocurrido en España”, ha manifestado el portavoz del ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.
(Información elaborada por EFE)
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