Más de 900 inquilinos se declaran en “huelga de alquiler” en Madrid para frenar las subidas y cláusulas abusivas del fondo buitre Azora

Hartos de las subidas y cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler mientras los edificios están en “estado ruinoso”, más de 900 vecinos de diferentes puntos de la Comunidad de Madrid han decidido unirse y declararse en “huelga” para plantar cara al fondo buitre que gestiona sus viviendas, Nestar-Azora, el tercer mayor casero de España. Se trata de diez bloques de viviendas ubicados en los municipios de Parla, Móstoles y Pinto, así como en los barrios de Villaverde, Carabanchel y Vallecas en la capital.

Hace tres meses eran solo un centenar de vecinos los que estaban dispuestos a plantarse contra esta empresa, pero en las últimas semanas han sido muchos más lo que han decidido sumarse a esta lucha y confían en que así lo hagan próximamente otros hogares afectados entre las más de 8.000 familias que viven en pisos gestionados por el fondo. Todos ellos, según informa el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, comparten un problema común: al llegar el tercer año de contrato se activan unas cláusulas abusivas por las que la propiedad impone una subida muy superior al 3% anual previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Como los alquileres se firman inicialmente por unos 900 euros, al cabo de tres años el precio ronda los 1.600 euros, “una fórmula que ya fue declarada ilegal” a consecuencia de las demandas interpuestas por el Sindicato de Inquilinas de Cataluña y que, sin embargo, Nestar-Azora sigue aplicando en toda la Comunidad de Madrid.

Además, según añade esta organización, también aplica esas subidas “en dos de los bloques son de propiedad pública y que, en teoría, gozan de alquileres protegidos y limitados”, si bien su gestión ha sido cedida al fondo por los ayuntamientos de Pinto y Parla.

Pagarán el precio del contrato inicial

Al declararse en huelga, de aquí en adelante, estos vecinos solo pagarán el precio indicado en el contrato inicial y las actualizaciones legalmente exigibles, “pero no los seguros de impago, subidas abusivas y demás conceptos que este fondo buitre sigue cobrando ilegalmente”, explican, al tiempo que indican que no descartan emprender acciones legales contra la empresa si sus demandas no son atendidas. “Queremos que se siente a negociar”, añaden.

Las personas afectadas recuerdan que otras familias de sus bloques, incapaces de hacer frente a los nuevos precios, “se han visto obligadas a abandonar sus hogares antes de que transcurran los siete años a los que teóricamente tenían derecho”. “El problema reside en unos fondos buitre que campan a sus anchas actuando como ariete de la especulación, sin ningún tipo de regulación y de límite en un contexto de crisis social”, denuncia el sindicato, que recuerda que esta misma semana la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) alertaba de que “vivir de alquiler aumenta el riesgo de pobreza”. Además, el Banco de España reconocía el mes pasado que la mitad de la población inquilina se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión.

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