El Gobierno no tiene un plan para reformar el despido y CCOO teme que la resolución de Estrasburgo se diluya en el tiempo

Representantes de los dos partidos del Gobierno, académicos y miembros de CCOO se han dado cita este viernes en el Congreso de los Diputados para debatir sobre la reforma del despido. Se trata de un área que quedó al margen de la reforma laboral de 2021 al ser imposible un acuerdo tanto entre patronal y sindicatos como internamente en el Gobierno, pero vuelve a cobrar importancia por las reclamaciones sindicales ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). El organismo con sede en Estrasburgo comunicó en marzo una resolución favorable a la reclamación colectiva presentada por UGT sobre el coste de los despidos improcedentes.

Aunque el texto se conocerá en junio, el Ejecutivo esperaba que este fallo se produjera en línea con las reclamaciones en otros países, por lo que se comprometió en el acuerdo de coalición a “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. El mismo enunciado apareció en el Plan Normativo de 2024, ya que PSOE y Sumar solo están de acuerdo en esa reducida idea que no explica cómo se pretende reformar el despido. Detrás de la falta de concreción está la debilidad parlamentaria del Ejecutivo para aprobar sus propias iniciativas.

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Las representantes de Sumar (Verónica M. Barbero) y del PSOE (Elisa Garrido) han intervenido durante la jornada en la cámara baja sin coincidir en ningún punto concreto. Garrido solo ha instado a no perder el capital humano de las personas que ya han estado en el mundo laboral y ha dudado sobre si el coste de los despidos es suficiente: “Habría que ver si el coste es o no disuasorio”. Además, ha incidido en que las reformas laborales deben estar “respaldadas” en el diálogo social porque si una norma tiene “contestación social” no durará en el tiempo. Misma postura que el PSOE mantiene para la reducción de la jornada laboral: que tenga el apoyo de los empresarios.

Sumar ha planteado una batería de medidas que no han tenido respuesta. Las tres principales: desarrollar mecanismos para que los despidos sean “restaurativos” y se compensen según la situación personal del trabajador; elevar la indemnización en las empresas grandes para que sea disuasoria y revisar las figuras de la readmisión y la recolocación en el caso de los despidos improcedentes. En esta postura de máximos del socio minoritario se enmarca la proposición de ley registrada hace una semana para prohibir despidos en empresas que se deslocalicen y restringirlos en empresas que lleven a cabo un proceso de transmisión (por ejemplo, por una fusión).

Francia no ha cambiado la legislación tras el fallo de Estrasburgo

Más allá de las intervenciones políticas, en la sesión se han presentado los resultados preliminares de un trabajo académico sobre el despido en España coordinado por la Fundación 1º de Mayo de CCOO. En representación del sindicato ha intervenido Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical y encargada de negociar con el Ministerio de Trabajo el ámbito del despido. Vicente recuerda que Estrasburgo “ha cuestionado el modelo español de despido” y avisa: “Toca reconocer las competencias del Comité Europeo de Derechos Sociales” porque, en su opinión, algunas reformas impulsadas desde Europa se implantan muy rápido y otras se alargan en el tiempo.

El CEDS instó hace dos años a Francia a cambiar su legislación de los despidos improcedentes por vulnerar la Carta Social Europea, pero el Gobierno de Macron no ha efectuado ningún cambio ni tiene pensado hacerlo. Su postura está respaldada en dos sentencias nacionales, lo que sienta un precedente para dejar sin efecto la resolución de Estrasburgo.

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Vicente ha reconocido que la composición parlamentaria tras las elecciones de julio impide tener “la misma intensidad” aprobando medidas que en la anterior legislatura y contempla el debate sobre el despido en un plazo amplio. “Ha de ser una de las reformas que en esta legislatura vamos a tener que abordar”.

Desde el sindicato aspiran a “una reforma global” del despido, más allá de la cuantía de las indemnizaciones y recuperando para los despidos sin causa los salarios de tramitación, eliminados en la reforma laboral de 2012. También plantea actuar sobre las causas del despido para evitarlos en mayor medida.