
Que el precio del alquiler se ha disparado no es ninguna novedad. Cada vez son más las zonas en las que poder acceder a una vivienda se ha convertido en una misión casi imposible, no solo por los costes desorbitados, también por los requisitos y condiciones salariales que se les exigen a los inquilinos.
Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el informe Estadística experimental. Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), que tiene como objetivo evaluar la variación anual de los precios de la vivienda alquilada como residencia habitual de los hogares.
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Según el estudio, el precio del alquiler aumentó en 2022 un 2,7%, la segunda tasa más alta desde el inicio de la serie, en 2012, solo por detrás de la variación registrada en 2019, que fue del 3,5%.
Los nuevos contratos fueron los que más incrementaron sus precios, un 5,3%; mientras que los previos a 2022 aumentaron un 2,1%.
La capitales en las que más subieron los precios en 2022 con respecto a 2021 fueron Valencia (un 4,4%), Málaga (un 3,8%) y Palma (un 3,7%). Pero no solo incluye en qué localización se viva, también el tipo de vivienda. Los precios de los pisos son los que más han subido, un 2,7%; seguidos de las viviendas unifamiliares, que lo hicieron un 2,5%.
Evolución desde 2015
Desde 2015 y hasta 2022, los municipios en los que más ha crecido el precio del alquiler son:
- Ocaña (Toledo), cuyos alquileres han aumentado un 29,7%
- Alhaurín el Grande, que ha sufrido una subida del 29,5%
- Jódar (Jaén) con una variación del 28,2%
- Riba-roja de Túria (Valencia), con un incremento del 27%
- Albox (Almería), con un 26,9%
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En el lado contrario se encuentran municipios como Berja (Málaga) o Villamartín (Cádiz) donde los precios han bajado un 7,2% y 0,3% respectivamente, o Cantillana (Sevilla) donde solo han subido un 0,6% desde 2015.
Estrategias de contención de precios que utilizan otros países
Este problema no es únicamente español, sino que en los últimos años se ha convertido en un desafío global, para el que algunos países ya han encontrado soluciones.
Un ejemplo de ello es Alemania, que cuenta con un sistema de regulación de los precios del alquiler, en el que cada land o estado federado tiene la autoridad para permitir que sus municipios establezcan ajustes en los precios de áreas con alta densidad poblacional (zonas tensionadas), donde los precios aumentan más que el promedio estatal y el gasto de los arrendatarios supera el promedio nacional.
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En Suecia, existe un precio de referencia determinado a través de negociaciones colectivas entre los arrendatarios, las compañías de vivienda municipales y los dueños de propiedades privadas; y Francia, por su parte, dispone de un índice de referencia que varía en función del índice de Precios al Consumidor (IPC).
Países Bajos o Austria acumulan un 30% y un 24% respectivamente de viviendas destinadas al alquiler social, que también ayudan a controlar este problema. El precio de los alquileres se decide en función de la inflación, y son inferiores a los precios del mercado. Así permiten la accesibilidad a la vivienda para todo el mundo.
Y Canadá, a principios del pasado año prohibió a los extranjeros no residentes adquirir viviendas en el país durante dos años para moderar el aumento de los precios. Una medida que ya ha aumentado hasta 2027.
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