El Gobierno continúa trabajando por cumplir con las recomendaciones para realizar una reforma “integral y gradual” de las pensiones por viudedad. Así lo ha afirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que este lunes ha dado pistas sobre las próximas líneas de actuación que seguirá la administración, con el objetivo de reformular las pensiones por viudedad y orfandad y cumplir así con la recomendación 13 del Pacto de Toledo.
Entre ellas, la ministra ha destacado que se estudiará la utilización de los años de cotización de la persona fallecida para calcular la pensión de la viuda o viudo. En la actualidad, la cuantía se calcula sobre la base reguladora del fallecido, y en la mayoría de los casos, el importe corresponde al 52% de la base, aunque en casos concretos puede ascender hasta el 70%.
Según la Agencia EFE, durante el mes de marzo, se abonaron 2,35 millones de pensiones por viudedad con una cuantía media de 894 euros, lo que supone una brecha de 357 euros frente a la media del sistema que fue de 1.251,5 euros.
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Otra de las reformas que se están estudiando tratan de asegurar la protección de las personas beneficiarias de 65 o más años y cuya principal fuente de ingresos provenga de su pensión. Aunque de momento, no se conoce más información acerca de esta propuesta.
Saiz ha destacado que el objetivo es lograr la completa separación de las fuentes de financiación, lo que supone que las prestaciones contributivas se financien con las cotizaciones a la seguridad social, mientras que las no contributivas lo hagan mediante los Presupuestos Generales del Estado.
La ministra ha recordado, además, que el fondo de reserva -conocido como hucha de las pensiones-, finalizará este año con 9.100 millones de euros y a final de legislatura está previsto que disponga de más de 25.000 millones, según EFE.
Becarios cotizando y reforma en el sector de las mutuas
En la comparecencia, la ministra ha avanzado, además, que ya ha enviado al Consejo de Estado la regulación por la que los becarios podrán rescatar los periodos anteriormente trabajados pero no cotizados, ya que desde comienzos de 2024 las prácticas formativas no laborales contribuyen en la seguridad social -con el coste bonificado al 95%-. Un proyecto con el que ya han sido beneficiados 500.000 alumnos y con el que se pretende “establecer nuevos canales de comunicación entre los jóvenes y la Seguridad Social”.
También ha apuntado a una “reforma integral del sector” de las mutuas, a partir de un informe de evaluación que encargará a la AIReF, y con el que se tratará de colaborar con estas compañías en las gestiones de recuperaciones en los procesos de incapacidad temporal. Y ha señalado que otro de los objetivos es aprobar la orden con nuevas patologías generadoras de discapacidad con un sistema para su actualización periódica, según ha recogido EFE.
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