
El mismo día que se conmemora el Día de la Mujer, el 8 de marzo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que se elaborará un plan que garantiza un acceso equitativo a todas las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo.
Este protocolo, que el ministerio llevará al próximo Consejo Interterritorial que se celebra el 5 de abril, pretende, además de lo anterior, orientar a las comunidades autónomas sobre cómo elaborar el registro de los profesionales objetores de conciencia y planificar la atención, además de garantizar que las mujeres puedan elegir dónde abortar.
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García lo anunció durante el “Conversatorio #DiagnósticoFeminista: Por una sanidad sin sesgos de género”, celebrado en el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Un “tratamiento equitativo” para todas
Los objetivos de este protocolo son garantizar un tratamiento equitativo a todas las mujeres vivan en cualquier comunidad en la que vivan y que el método a aplicar para la interrupción del embarazo se decida única y exclusivamente basándose en criterios sanitarios.
Además, García ha prometido que los abortos terapéuticos, aquellos que se realizan por motivos de salud, se hagan sin pasar por la sanidad privada. “Hay casos incluso de médicas trabajando en su propio hospital, cuyo aborto terapéutico lo han derivado a un centro privado”, ha asegurado la ministra. Sobre los objetores de conciencia, el protocolo estará también destinado a orientar a las comunidades sobre como elaborar un registro de estos profesionales.
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El aborto y la Constitución
En el acto, García ha asegurado que “van a trabajar” por blindar este protocolo “en nuestra Constitución”. Estas palabras de la ministra llegan días después de que Francia blindara este lunes el derecho al aborto en la Constitución, una medida, que según aseguró la ministra de Igualdad, Ana Redondo, “no se dan las condiciones necesarias”.
Durante el acto, la ministra ha lamentado que, en la actualidad, ”los sistemas públicos no se están haciendo cargo de este derecho”. Por este motivo, ha insistido en que va a “pelear” porque en España ”esté dentro de la Constitución el derecho” a la interrupción voluntaria del embarazo.
Ha reconocido que el trabajo va ”más allá” de blindar estos derechos, tanto en la Constitución como en una ley. ”Creo que es algo que tenemos que seguir impulsando, porque, independientemente de las normas legislativas, independientemente de que podamos ser capaces de ponerlo en la Constitución, luego hay que cumplirla”. “Lo podremos blindar en la Carta Magna y en todas las leyes que podamos, pero tenemos que seguir peleando por ejercerlo porque, cada vez que avanzamos en un derecho, también hay una fuerza de resistencia opuesta que tiene que ver con la pérdida de los privilegios”, ha añadido la ministra.
Por último, García, médica anestesista de profesión, ha hecho un llamamiento a tener en cuenta que los condicionantes sociales de la salud “también tienen un sesgo de género que afecta más a las mujeres” y aboga por un diagnóstico feminista que tenga en cuenta a las mujeres.
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