
Las leyes fronterizas aprobadas tras el Brexit siguen generando controversia. Las empresas británicas arrastran problemas desde hace meses por la falta de trabajadores europeos, sobre todo desde que las autoridades del país comenzaron a exigir un permiso de trabajo para cruzar sus fronteras. La medida entró en vigor hace tres años, pero todavía trae cola. Hace dos semanas, una española de 34 años ha sido retenida y deportada en el aeropuerto de Luton cuando volvía de pasar la Nochebuena con su familia en Málaga. La joven ha puesto el caso en manos de su abogada y no descarta recurrir al Ministerio del Interior.
El pasado 26 de diciembre, María —nombre ficticio— abandonaba su ciudad natal para regresar a Bedfordshire (Reino Unido), donde vive y trabaja con su marido desde hace años. La vuelta, sin embargo, ha sido un tanto convulsa. El personal del aeropuerto le preguntó por el permiso que exigen las autoridades británicas tras el Brexit. Ella presentó la documentación que acreditaba su derecho a residir y trabajar en el país, pero los guardas de seguridad le dijeron que estaba “perdiendo el tiempo”, según recoge el diario The Guardian.
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“Me fui a casa para visitar a mi hermana, que tuvo una niña pequeña. Cuatro días después, me pararon en el aeropuerto de Luton y me llevaron a la sala de detenciones. Cogieron mis cosas, mi teléfono, y me dijeron que esperase un rato. Me dejaron allí toda la noche y luego me metieron en un avión”, explica la joven en unas declaraciones recogidas por el citado periódico. Los ciudadanos europeos no residentes en Reino Unido pueden visitar el país durante un período máximo de seis meses sin necesidad de solicitar un visado, según el nuevo reglamento.
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La expulsión ha dejado a María consternada y evidencia la realidad a la que se enfrentan las personas que todavía tienen en vías de resolución su solicitud para permanecer en el Reino Unido. La joven había presentado su documentación fuera de plazo —la legislación lo permite— para conseguir el visado y estaba viviendo con su marido y sus suegros en Bedfordshire. La solicitud le llegó denegada por “falta de pruebas”, pero había pedido una revisión administrativa y tenía un certificado del Ministerio del Interior que la blindaba para “trabajar en el Reino Unido” hasta recibir una respuesta firme.
Los ciudadanos europeos, expulsados del país
El caso no es para nada inaudito y son muchos los ciudadanos europeos que han sido encerrados en centros de inmigración y deportados desde que las leyes fronterizas del Brexit entraron en vigor. “Podía haberles dicho que era turista, pero no es cierto y no tengo nada que ocultar. Estoy esperando la resolución del recurso que he presentado este verano y por eso sigo trabajando”, explicó la protagonista de este suceso en una conversación con The Guardian.
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“Se suponía que iba a volver al trabajo, pero ahora mi vida ha dado un vuelco. Mi perro, mi coche y todas mis cosas están allí”, añade la española. Además de trabajar, la joven se estaba formando en enfermería veterinaria. María había vivido en Reino Unido hasta 2018, cuando abandonó el país para pasar un tiempo en Sudáfrica. Las autoridades británicas contemplan la posibilidad de presentar una solicitud tardía, pero tienen que demostrar que su interrupción no fue tan larga como para invalidar sus derechos en virtud del acuerdo de retirada. María ha pedido asesoramiento legal y no descarta poner el caso en manos del Ministerio del Interior: “Si intento volver, será todavía peor”.
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