La Policía Nacional ha detenido a al menos 15 activistas del colectivo ecologista Futuro Vegetal en una operación en curso que se desarrolla la mañana de este jueves en varias provincias del país, han confirmado a Infobae España fuentes policiales. A los arrestados, presuntamente relacionados con una acción del grupo en Madrid, se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal y otros en consecuencia de la protesta.
Esta operación de la Policía Nacional contra Futuro Vegetal se suma a otras 11 detenciones de activistas del colectivo practicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las últimas semanas. La Brigada Provincial de Información de Madrid investiga al grupo como organización criminal y ya ha tomado declaración a varios de sus integrantes.
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Futuro Vegetal ha protagonizado acciones como el lanzamiento de pintura roja y negra -sus colores identificativos- en las sedes nacionales de PSOE y PP, un edificio del Ministerio de Justicia y la entrada principal del Congreso de los Diputados. Tras conocerse el desarrollo del operativo policial, el colectivo ha denunciado que supone “una macrooperación para desarticular al grupo ecologista”.
Denuncian la “criminalización de la protesta”
Así, denuncian que “es absurdo reprimir a activistas climáticas no violentas” y que “la criminalización de la protesta que está haciendo la Policía Nacional es irracional y desproporcionada”. Además, remarcan que ninguno de los activistas ha sido condenado por acciones vinculadas a Futuro Vegetal.
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Las primeras detenciones de integrantes del colectivo ecologista tuvieron lugar en Madrid el primer fin de semana de este mes de diciembre, mientras se celebraba la COP28 en Dubái. Días después llegaron nuevos arrestos, entre ellos el de dos activistas en Francia por el presunto sabotaje de una gasolinera. Todos los detenidos, por política del grupo, se negaron a declarar en sede policial y quedaron en libertad, aunque bajo investigación por el delito de pertenencia a organización criminal.
El artículo 570 bis del Código Penal señala que se entiende por organización criminal “la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”. Pero también prevé como condición fundamental, entre otras, la existencia de un beneficio o finalidad económica en la comisión de los hechos delictivos.
Y es por esa razón que los agentes de la Brigada de Información interrogaron sobre esta cuestión a los activistas detenidos en las últimas semanas, pero se negaron a declarar. Desde Futuro Vegetal aseguraron a Infobae España que su financiación, destinada a los gastos relacionados con las acciones de los activistas, es “totalmente transparente”. Con ella sufragan el pago de materiales como la pintura que utilizaron en las sedes del PSOE y PP, viajes de miembros del colectivo o la asistencia jurídica cuando son arrestados.
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