Cuesta si la Administración quiere poner trabas, pero la Justicia suele dar la razón y es una certeza: en España, la sanidad universal y gratuita es un derecho. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado un recurso de suplicación solicitado por la Comunidad de Madrid tras el veredicto de un Juzgado de lo Social, que denegó la petición del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para que una niña menor de edad y extranjera no fuera tratada por la sanidad pública de manera gratuita.
Por tanto, la sanidad pública de la Comunidad de Madrid tendrá que costear los gastos derivados de las operaciones que esta niña, dado que la Justicia ha reconocido que España tiene sanidad pública universal y gratuita. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretendía que la familia financiara los costes, que oscilan entre 30.000 y 130.000 euros.
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La menor, nacida en Valencia y de madre guineana, cuestión nuclear de los problemas administrativos que han vivido, padecía anemia de Fanconi, una afección por la que la médula ósea no produce la cantidad necesaria de plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Cuando tenía apenas 9 años, el trasplante de médula era la única alternativa para la supervivencia de la menor. Entonces residían en Huelva con su madre y ambas viajaron hasta Madrid para recibir atención médica.
La niña aún no había recibido la nacionalidad, pero tanto su madre como ella estaban empadronadas en España. Desde el comienzo, el SERMAS puso obstáculos al acceso al derecho y la operación se llevó a cabo tras solicitar medidas cautelares a la Justicia. La Comunidad de Madrid pretendía facturar por la operación, pero un juzgado de lo social de Madrid reconoció “el derecho de la demandante a la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos”. Este caso es parte de una estrategia colectiva de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal y toda la gente que participó en el crowfunding para avanzar en la lucha legal por la universalidad.
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Juan Rubiño, abogado que ha defendido a la familia y miembro de Red Jurídica, critica la actitud de la Comunidad de Madrid: “Todas las demandas las hemos ganado, todas condenan al SERMAS por vulnerar el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. La razón principal es que contravienen la ley de sanidad universal. En el caso de menores es especialmente grave, contravienen la ley y también sus propias órdenes internas de atender a todos los menores de edad. No sólo eso, contravienen tratados internacionales que protegen el derecho de los menores”.
Pelea por la sanidad pública gratuita y universal
El fallo del TSJM es claro y sencillo y falla a favor de la mujer guineana y su hija, que no tendrán que abonar el pago por la operación. Este tipo de historias tienen lugar después de que en 2012, el Ministerio de Sanidad de Ana Mato, con el Gobierno de Mariano Rajoy, eliminara la universalidad del sistema nacional de salud con el Real Decreto 16/2012. En 2018, Pedro Sánchez emitió un decreto que recuperaba la sanidad universal, pero no lo hizo de forma garantista, ya que un año después redactó unas recomendaciones para que las comunidades autónomas diseñaran los protocolos de solicitud u y acceso al servicio de salud, cuestión que generó muchos grises que varios gobiernos, especialmente Madrid, han utilizado en varias ocasiones para restringir el acceso a atención sanitaria a personas migrantes.
Desde esta semana, Mónica García y el nuevo equipo del Ministerio de Sanidad ya trabajan para derogar las trabas administrativas que puedan tener las personas migrantes y extranjeras en España. La ministra se reunió con organizaciones y activistas que pelean por el pleno derecho a la sanidad universal y gratuita para dejar constancia de su intención de reincorporar esta herramienta con todas las garantías dentro del sistema nacional de salud. Todas las partes implicadas son optimistas y esperan que esta legislatura traiga la recuperación plena de la sanidad universal en España. “Estamos esperanzados en que el Ministerio de Sanidad haga cumplir la ley y de esta forma no sea necesaria acudir a la justicia para reconocer un derecho tan importante”, zanja el letrado Rubiño.
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