La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional (AN) ha hecho suyo el comunicado de la sala homóloga del Tribunal Supremo (TS) para exigir “un absoluto respeto a la división de poderes” frente a la supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado, tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts que alude a los supuestos casos de ‘lawfare’.
Esta decisión, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha contado con el voto en contra del presidente de la Sala de lo Social de la AN, José Pablo Aramendi, que ha asegurado que el tribunal “no debe realizar pronunciamiento alguno por la inexistencia de hechos o actuaciones concretas que hayan violentado efectivamente la independencia de jueces”.
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El magistrado se ha expresado así en la reunión de la Sala de Gobierno celebrada este mismo miércoles en la Audiencia Nacional. En esta línea, Aramendi se ha opuesto a emitir “este pronunciamiento en el día de hoy, atendiendo al contexto en el que se va a emitir”, en alusión a la sesión de investidura que se celebra en el Congreso de los Diputados.
Pese a ello, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, sometido a votación, ha acordado por mayoría, con el voto en contra del propio Aramendi, hacer suyo el comunicado de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de este lunes.
Esta ha sido la respuesta del Supremo
“El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”, afirmaba en su comunicado el alto tribunal.
Reivindicaba también que “el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley”.
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Por eso, enfatizaba “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones”, indicando expresamente que “ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”.
Tanto el Supremo como la AN han reaccionado así a dicho acuerdo, que contempla la creación de comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de ‘lawfare (guerra judicial) y, de ser así, que se deriven las “consecuencias” oportunas, lo que podría acabar en querellas pro prevaricación contra jueces y magistrados, además de responsabilidades civiles y disciplinarias.
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