El Partido Socialista sigue ganando apoyos para lograr la mayoría suficiente para superar la sesión de investidura. El jueves, el PSOE amarró los siete votos más complicados: los de Junts per Catalunya. A pesar de que aún le queda por negociar los cinco síes del Partido Nacionalista Vasco, todo parece indicar que se cerrarán en los próximos días y la semana que viene Sánchez se podría someter a la votación.
El acuerdo, como cualquier pacto político, ha supuesto la cesión de algunas de las demandas de ambas partes, en pro de alcanzar un acuerdo. Las cesiones del PSOE son claras: ley de amnistía o el verificador internacional. La figura del relator, ya presente en el pacto con ERC, que tantas ampollas levantó en 2019 y que ahora el PSOE acepta sin oposición. No obstante, Puigdemont también ha cedido, a pesar de no reconocerlo. La intención de los posconvergentes es vender a sus bases un acuerdo de máximos, más después de la dura campaña desplegada contra ERC durante la legislatura anterior, por hacer lo que el jueves hicieron ellos: firmar un acuerdo, renunciar a la unilateralidad y volver a la negociación.
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La firma, en sí, del acuerdo, ya es una cesión de Puigdemont. Con este pacto, Junts renuncia a la vía unilateral y termina por completar el mismo camino que transitó en 2019 Esquerra Republicana de Catalunya. De la unilateralidad, a la negociación. Junts “propone” un referéndum de autodeterminación “amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Un punto que aborda la posibilidad de consultar a los ciudadanos por medio de un referéndum. El referéndum, según indica la Carta Magna, es “consultivo”: es propuesto por el Gobierno, avalado por el Congreso de los Diputados y convocado por el rey. De la negación, a la negociación.
El vocabulario también es importante y más en pactos de este tipo. En el acuerdo, Junts per Catalunya deja de exigir y pasa a proponer. A pesar de proponer un referéndum de autodeterminación, el PSOE sigue sin dar su brazo a torcer. Como alternativa, los socialistas plantean defender el “amplio desarrollo del Estatuto de 2006″.
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El PSOE tampoco cede la gestión del 100% de los impuestos a la Generalitat, solo se recogen las posiciones de ambas formaciones. El objetivo del pacto parece que se limita a conformar un documento que recoja las posiciones iniciales de cada uno de los partidos para, posteriormente, a lo largo de la legislatura, ir alcanzando acuerdos que permitan, según propone el PSOE, “apostar por medidas que permitan la autonomía financiera”, que agraden a los de Puigdemont a cambio de su apoyo en el Congreso.
En definitiva, en el pacto se acuerda que “El PSOE y Junts reconocen sus profundas discrepancias” y que, bajo las premisas establecidas en el documento, se da comienzo un nuevo periodo de relaciones entre Cataluña y el Estado con el objetivo de dejar atrás el procés.
Desarrollar el Estatut de 2006
Tanto Junts per Catalunya como el PSOE comparten una misma visión: “Catalunya es la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía”. Una situación derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2010 a raíz del recurso presentado por el Partido Popular ante el Tribunal de Garantías.
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La oposición judicial del PP al autogobierno catalán estuvo acompañada por una amplia campaña mediática y de movilizaciones en contra del Estatut. Un nuevo Estatuto de Autonomía pactado en 2006 por la Generalitat y el Estado, votado por Las Cortes y el Parlament y refrendado por la ciudadanía catalán. “Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política”, critican ambas partes en el acuerdo.
Es por esta razón por la que el PSOE, a diferencia de Junts, propone seguir avanzando en el autogobierno, dentro de la Constitución y con el objetivo de seguir “desarrollando el Estatut de 2006″ que permita cerrar definitivamente este capítulo de confrontación entre el Gobierno central y la Generalitat.
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