El estrés y las jornadas de 12 horas hacen mella en los trabajadores de los centros de migrantes de Tenerife: “Estamos dando todo para asistirles, pero los recursos no alcanzan”

La llegada de migrantes a las islas Canarias ha batido récords con más de 32.000 personas que realizaron la peligrosa travesía por el Océano Atlántico hasta el archipiélago, una de las rutas más mortíferas del mundo. Esa cifra supera a la de personas que arribaron en 2006 en la llamada “crisis de los cayucos” y, mientras las condiciones de los países de origen no mejoren, los migrantes seguirán arriesgando su vida en busca de un futuro mejor. Fue precisamente a raíz de esa crisis cuando, en buena medida, comenzó a construirse la red de acogida humanitaria en España.

La reactivación de la ruta canaria comenzó en julio de 2023, informa la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), que también destaca la necesidad de que todos los actores implicados colaboren para poder construir una estructura estable y digna de acogida humanitaria con el objetivo de “facilitar una respuesta ágil y garantista”, ya que el repunte migratorio ha tensionado el sistema de acogida, recepción y derivación a la península. La organización también reclama a la actual Presidencia española del Consejo de la Unión Europea que promueva un mecanismo de solidaridad obligatorio y permanente entre los Estados miembro.

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El aumento de llegadas también ha intensificado el trabajo del personal en los centros de acogida de migrantes de Las Raíces y Las Canteras en la isla de Tenerife, donde las plantillas están llevando a cabo jornadas que superan las 12 horas y están sometidas a un fuerte estrés, según ha denunciado Comisiones Obreras, que no descarta movilizaciones en caso de que se mantenga esa situación.

Si bien ha sido a partir de finales de mayo cuando las rutas migratorias hacia Canarias han tenido una mayor afluencia de personas, en realidad la situación en esos centros ya era complicada anteriormente debido a la “falta estructural de personal”, sobre todo en algunos turnos, por lo que “la carga psicológica de algunos trabajadores ya era notable” explica a Infobae España Jorge Benítez, portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO). Y aunque a partir de mayo se han realizado nuevas contrataciones, sigue sin haber personal suficiente para atender a los migrantes que han llegado al archipiélago, pues ahora “la ocupación de esos centros es cuatro veces superior” a la de hace unos meses.

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Solo se garantizan cuestiones “básicas”

Ese repunte migratorio ha generado que los trabajadores destinen más tiempo a los procedimientos de acogida y de traslado, “horas que difícilmente se compensan”, asegura Benítez, al igual que “se llama al personal fuera de su turno para que se incorpore”. “Este es un trabajo y un sector muy exigente psicológicamente, porque se trata de garantizar que las personas migrantes, que normalmente han pasado por un trayecto muy complicado, estén en las mejores condiciones, y los trabajadores lo estamos dando todo, pero los recursos no alcanzan”.

En el caso del centro Las Canteras, que volvió a abrir sus instalaciones el pasado mes de septiembre tras cerrar en mayo de 2022 por obras de mejora y adaptación, la dotación asignada para la reapertura “no es suficiente ni para el personal ni para los usuarios”. “Se les garantiza cuestiones muy básicas, pero no se llega a determinadas circunstancias”, indica Benítez, de forma que resulta imposible “detectar la vulnerabilidad de los migrantes, algo que les permitiría solicitar asilo”. Por ello, el sindicato reclama “dotaciones suficientes como para dar esa acogida inmediata y de emergencia, que sea lo mejor posible tanto para usuarios como para trabajadores”, añade Benítez.

No obstante, el sindicato reconoce que la entidad gestora de ambos centros de migrantes, la ONG Accem, “ha intentado cumplir los compromisos haciendo más contrataciones”.

Como los actuales recursos “no alcanzan”, CCOO reclama medidas a corto plazo como “una inyección económica para la contratación de personal” y pide un “cambio de política”, de forma que no solo se reaccione ante una situación de crisis como el actual repunte migratorio, sino que sea “previsora”.

El sindicato también considera que los centros de migrantes deberían ser de titularidad pública, sobre todo para “dar estabilidad al servicio”, pues el sector de la intervención social, añade Benítez, depende muchas veces de las aportaciones que hacen las instituciones y eso, concluye, genera una inestabilidad para los usuarios.