
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a uno de los hermanos de Julio Iglesias, Carlos Iglesias, a seis meses de cárcel y a pagar casi 30 millones de euros en concepto de multa e indemnización por un delito contra la Hacienda Pública. Según la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia madrileña, en el juicio quedó probado que el acusado no efectuó declaración o ingreso tributario alguno por la venta en 2001 de tres solares por valor de casi 47 millones de euros cuando era gerente de la sociedad Rolimpa Trading Corporation.
Carlos Iglesias, condenado también a cuatro años de pérdida de la posibilidad de subvenciones o ayudas públicas y al derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, deberá indemnizar además a Hacienda en la cantidad de 19.624.655 euros, incrementada con los intereses de demora. De dicha cantidad, deberá responder subsidiariamente Rolimpa Trading Corporation.
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La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de prisión y multa de 98,2 millones de euros por defraudar a Hacienda, junto a otro empresario ya fallecido, unos 19 millones de euros en la venta de los citados solares. Según la acusación fiscal, el hermano de Julio Iglesias no tributó la venta de los terrenos alegando que tanto él como su socio tenían una residencia fiscal en Panamá, un paraíso fiscal en la época.

En el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, el acusado se negó a declarar ante ninguna de las partes, aunque antes manifestó al juez que no se consideraba responsable de los hechos que se le imputaban. A la salida de la sede judicial, aseguró estar “totalmente tranquilo” y aclaró que su hermano Julio le apoya “totalmente” en esta causa.
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Fraude de casi 20 millones de euros
Ahora, los magistrados consideran en su sentencia que “de los informes periciales queda acreditado que Rolimpa Trading Corporation debía haber declarado a la Agencia Tributaria por el impuesto sobre sociedades, los beneficios obtenidos con la venta de los terreno”, así como que “la falta de declaración e ingreso supuso un fraude a la Hacienda Pública de 19.624.655,16 euros”, cantidad que conllevó “un beneficio económico ilícito para Carlos Iglesias, en cuyo patrimonio ingresó”.
Añaden que Rolimpa, sociedad constituida en Panamá en 1984, “tenía su inmovilizado en España”, por lo que debería haber pagado por el impuesto de sociedades de 2001 la referida cantidad de 19.624.655 euros y aclara que el hecho de que no se tenga el domicilio fiscal en territorio español no significa exención de tributar en él.
“De dicha obligación responde Carlos Iglesias, gerente de Rolimpa, que era quien tomaba las decisiones”, explica la sentencia, que agrega que para ocultar su identidad como obligado tributario utilizó empresas interpuestas, un paraíso fiscal como era Panamá en aquella época e instrumentos fiduciarios.
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