
El pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar es un hecho. El lunes a primera hora saltaba la noticia y a mediodía Yolanda Díaz y Pedro Sánchez firmaban, en un acto, el acuerdo. En el texto se adelantan la intención de ambas formaciones de llevar a cabo políticas reformistas, entre las más destacadas la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. La conocida como Ley Mordaza, en la anterior legislatura, quedó en el cajón después de que el PSOE se negara a eliminar las pelotas de goma como parte del material permitido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Entre las principales reacciones ante esta propuesta se ha pronunciado, en contra, el sindicato JUSAPOL. El sindicato de los policías se opone a lo propuesto por las formaciones de izquierdas: “En JUPOL nos oponemos radicalmente”, expresa uno de los miembros del sindicato en un video que ha compartido la cuenta oficial del grupo en X.
“Quieren derogar lo que ellos califican como la Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana, la 4/2015, la ley con la que los policías nacionales trabajamos en la calle con un mínimo de seguridad jurídica. Ahora, precisamente cuando estamos perdiendo el principio de autoridad y cuando los índices de criminalidad, del propio Ministerio del Interior, están aumentando exponencialmente”, expresa.
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Al mismo tiempo, desde la asociación, por medio de este mismo video advierten al futuro Gobierno de que, “al igual que en la anterior legislatura, cuando nos manifestamos masivamente contra la reforma de esta ley y ahora vamos a hacer lo mismo, nos vamos a oponer rotundamente, vamos a defender los derechos de los policías nacionales”, termina.
Reforma de la Ley Mordaza
Con un hemiciclo muy complicado, aritméticamente hablando y con la necesidad de pacto constante, Sánchez y Díaz prometen reformar y derogar “aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión”, dice el acuerdo que ambos líderes rubricaron.
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El texto explica que “garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados. Esta nueva legislación estará basada en una concepción progresista y garantista de la seguridad ciudadana y jurídica, y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes. Garantizará asimismo la libertad de información y la transparencia informativa”, se zanja en el documento
El Consejo de Europa en contra de la ley
En marzo de 2021, el Consejo de Europa instó a España a la modificación de esta ley por su “potencial represivo”. En la resolución, alcanzada en la Comisión de Venecia, el organismo internacional apuntaba a que esta modificación “debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos, dado su potencial represivo”.
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Al tiempo que se posicionaba en contra de la norma, el Consejo recomendaba una serie de modificaciones que permitieran una aplicación más garantista de la ley. El organismo ponía el foco en la importancia de que, por ejemplo, se describan con más precisión las atribuciones coercitivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que “si una norma conduce a abusos en la práctica, esta norma debe ser modificada, circunscrita o acompañada de salvaguardas adicionales, aunque en teoría sea constitucionalmente aceptable”.
Además, según lo establecido en la resolución alcanzada, para el Consejo de Europa, la ley de Seguridad Ciudadana “contiene una serie de disposiciones abiertas que confían a la policía amplios poderes, pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes, o qué tipo de medidas se pueden tomar. Algunos delitos también están formulados en la ley de manera excesivamente amplia”, criticaba.
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