Decenas de efectivos de la Guardia Civil se han desplegado la mañana de este jueves en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para realizar una entrada y registro en la sede del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en busca de documentación relacionada con el denominado caso Negreira. Los agentes pretenden aprehender numerosos archivos de interés para la investigación y no prevén realizar detenciones en el operativo, según han confirmado a Infobae España fuentes de la Guardia Civil.
Además, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha imputado por cohecho al FC Barcelona. También figuran en condición de investigados por este delito José María Enríquez Negreira y su hijo, además de los expresidentes culés Josep María Bartomeu y Sandro Rosell.
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A primera hora de la mañana los agentes de la Policía Judicial de la Zona de Cataluña han accedido a las instalaciones de la RFEF, en el municipio madrileño de Las Rozas, en virtud de una orden judicial emitida por el juez instructor. Las actuaciones se enmarcan en una pieza separada de la causa que ha sido declarada secreta y para la que el magistrado pretende recopilar información sobre las presuntas actividades ilícitas de Negreira en el CTA.
En el auto en el que el juez atribuye el delito de cohecho al FC Barcelona, afirma que los pagos a Negreira se hicieron “con total claridad” para que el vicepresidente de los árbitros utilizara su influencia en la designación de los colegiados con la intención de beneficiar al conjunto blaugrana, y no para realizar los informes que refiere el club.
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Negreira, un funcionario público
Antes de imputar por cohecho al FC Barcelona, el juez apuntó que a lo largo de la instrucción se determinará si los pagos a Negreira constituyen un delito equivalente al de soborno -cita el 286 bis, de corrupción en los negocios, que castiga a quien prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa o sociedad un beneficio o ventaja no justificados para ellos o terceros para obtener favores indebidos-, o bien si se trata de otro delito.
Aguirre también apunta en su nuevo auto que pese a la condición de vicepresidente de una entidad privada como el CTA, Negreira cumple todos los requisitos para que se le considere como un funcionario público en el procedimiento penal, lo que justifica la imputación por el delito de cohecho.
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