El Gobierno teme que los nuevos gobiernos de PP y Vox, como en Valladolid, Logroño y Cantabria, frenen la puesta en marcha de centros de refugiados ya acordados para ampliar 5.700 plazas de acogida, como ya ha planteado la corporación de Camargo (Cantabria) donde está previsto instalar uno de ellos.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitió en julio tres cartas a los nuevos titulares de los ayuntamientos de Logroño y Valladolid y del Gobierno de Cantabria para preguntarles si mantenían sus compromisos de apertura de los centros de acogida en sus territorios.
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Tras esas misivas, explican a EFE fuentes de Inclusión, Valladolid y Logroño respondieron solicitando más información sobre los mismos y el Gobierno de Cantabria aún no ha respondido. Está pendiente de que el ejecutivo cántabro en la tramitación del expediente realice la segregación de la parcela donde está el centro psiquiátrico de Parayas, en desuso desde 2016, aunque el equipo de gobierno de Camargo (PP) y el grupo mixto (PRC y Vox) reclamó ese miércoles que se convierta en un centro de mayores.
En Valladolid, cuyo acuerdo fue anunciado en marzo por el entonces alcalde socialista Óscar Puente, debe ser aprobada en pleno la cesión definitiva de la finca tras acordarse la cesión temporal, y en Logroño se estaba trabajando en la elaboración del acuerdo de enajenación de la parcela, concretan las fuentes.
5.700 nuevas plazas con fondos europeos
El ministro José Luis Escrivá lleva varios meses viajando y firmando protocolos con las ciudades y municipios donde se van a crear o adaptar instalaciones para la atención humanitaria de solicitantes de asilo con la financiación de la UE.
El Gobierno quiere poner en marcha de 15 a 20 Centros de Acogida de Protección Internacional (CAPI) siguiendo un criterio de distribución territorial, con la financiación de los fondos europeos Next Generation que asciende a unos 231 millones.
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Con estas actuaciones, comprometidas en el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se pretende constituir un Sistema Nacional de Acogida "sólido que logre suprimir las listas de espera, adaptar las prestaciones en función de la vulnerabilidad y maximizar la capacidad de inclusión de los itinerarios de acompañamiento", explican a EFE.
El Sistema Estatal de Acogida para migrantes y refugiadas pasará de las 400 plazas propias actuales a 6.100 plazas a finales de 2024/ principios del 2025.
Continuidad o cambio tras las elecciones
Este miércoles, el ministro ha visitado la base militar de Aitana (Alicante), unas instalaciones militares en desuso desde hace décadas, que se convertirá en un centro de acogida de refugiados con 600 plazas, un proyecto que se prevé culminar a mediados de 2025 tras una inversión de unos 25 millones de euros.
Con la Diputación de Lugo ha acordado la puesta en marcha de un CAPI en el municipio de Castro de Rei, gracias a la cesión por 75 años de la parcela que ocupaba el antiguo hospital psiquiátrico de San Rafael. Los proyectos comprometidos con los ediles socialistas de Soria, Carlos Martínez, y el regidor de la localidad leonesa de Villablino, capital de la comarca de Laciana, Mario Rivas, también siguen su curso.
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El previsto en Vitoria, en la antigua clínica Arana de la capital alavesa, había suscitado reticencias del PNV y se habló de crear un grupo de trabajo para "despejar dudas" y diseñar la atención que se dará a los refugiados, desde la primera acogida y la fases de socialización e integración hasta la autonomía de los refugiados.
En Cataluña, Escrivá anunció el pasado 31 de marzo la construcción de un nuevo Centro de Acogida de Protección Internacional en Tàrrega (Lleida) en un terreno propiedad de la Sareb. Con el ayuntamiento de Mérida también hay acordado otro centro en el albergue municipal el Albergue Juvenil del polígono industrial de El Prado y otro en Azuqueca de Henares.
(Información de la Agencia EFE)
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