Suman casi 300.000 funcionarios, más sus respectivas familias. El PP sabe que constituyen un fuerte caladero de votos y no se ha olvidado de ellos en el programa electoral que presentó este martes. Los de Alberto Nuñez Feijóo quieren ‘pescar’ electoralmente entre militares, policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de prisiones. ¿Cómo? Recogiendo algunas de sus reivindicaciones históricas.
En el punto 262 del programa el PP se compromete a culminar “el acuerdo de equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil” firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Un acuerdo que después de cinco años no se ha completado. Hace unos días, la Audiencia Nacional ordenó al Ministerio del Interior renegociar lo firmado para que policías (hay 74.000) y guardias (81.900) cobren definitivamente el mismo salario que agentes autonómicas como ertzaintzas y mossos.
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“Es importante que el programa del PP refleje este compromiso, fruto del importante trabajo que viene desarrollando la Plataforma por la Jubilación Digna y la Equiparación Salarial”, explica un portavoz del sindicato SUP, que junto a otros 12 sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles forman parte de esta plataforma. Pero los populares no se quedan aquí.
“Crearemos una Comisión para valorar, en su caso, la jubilación anticipada dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y reformaremos la ley para considerar a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local como profesiones de riesgo. Reforzaremos también el principio de autoridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, reza además el programa. “También son pasos importantes. “Lo que no es de recibo es que una azafata sea profesión de riesgo y un policía, no”.
El PP también tiene guiños para los militares. Las Fuerzas Armadas están compuestas actualmente por 118.504 efectivos, según el último Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. De todos ellos, 76.927 (el 65%) son personal de tropa y marinería, los soldados que acceden a algunos de los tres Ejércitos (Tierra, Aire y Armada) tras superar una oposición a la que se presentan cuando tienen entre 18 y 29 años.
“Elevaremos el número de efectivos de las Fuerzas Armadas durante dos legislaturas hasta alcanzar los 140.000 previstos por la ley y mejoraremos sus condiciones sociolaborales resolviendo años de injusticia, de acuerdo con los parámetros del Observatorio de la Vida Militar y con los principios de mérito y capacidad”, señala el programa del PP. “Nos hubiera gustado que el texto hubiera reflejado claramente el concepto de mejora retributiva, ya que el concepto sociolaboral es muy amplio, han preferido no mojarse”, señala Marco Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME).
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“Hacen falta no solo mejoras retributivas, sino medidas para conciliar y desarrollar una ley de carrera militar”, explica Gómez. “Y es que uno de los problemas de un soldado es su horizonte profesional”. Solo puede estar en el Ejército hasta los 45 años. Y regresan a la vida civil como entraron: sin nada. Por eso desde ATME también piden una ley integral de la carrera militar. “Lo que necesitan todos los militares es tener un título equivalente para usar en la vida civil”, concluye Gómez.
Más autoridad para los funcionarios de prisiones
En cuanto a los funcionarios de prisiones (hay 24.000), el PP quiere reformar la ley general penitenciaria incluyendo, entre otros aspectos, “la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. También mejoraremos sus condiciones sociolaborales”. Un portavoz del sindicato ACAIP-UGT señala que “los partidos que están en la oposición son dados a prometer y luego cuando están en el Gobierno... pero es un avance que se comprometan por escrito en un programa”.
Ser agente de autoridad es una reivindicación histórica de los trabajadores de los centros penitenciarios. Otorgará a estos empleados un principio de veracidad y todas las agresiones serán consideradas atentados a la autoridad. Además, incluye el principio de indemnidad, que supone que el Estado se hará cargo de las indemnizaciones que deben cobrar los funcionarios cuando son agredidos y los agresores se declaran insolventes.”Todo esto ya se estaba negociando y estaba en trámite parlamentario, pero el adelanto electoral lo frustró todo”, explican desde ACAIP-UGT.
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