Los números de corrupción en España durante la primera mitad de este año han salido a la luz y, según se puede observar, la cifra de procesados se ha incrementado considerablemente con respecto al curso anterior. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público un informe en el que recogen estos datos. El documento recoge que un total de 119 personas (85 personas física y 34 jurídicas) fueron procesados por delitos de corrupción. Sin embargo, durante este mismo periodo del año anterior, la cifra se situaba en 45 personas (44 personas físicas y una jurídica). Una diferencia de 74 personas.
Este es un repositorio de datos sobre procedimientos sobre delitos de corrupción del CGPJ. En concreto, este documento se centra en la denominada corrupción pública, es decir, aquella en la que los procedimientos judiciales tienen como protagonistas a funcionarios públicos, gobernantes y políticos que en el ejercicio de sus cargos han cometido este tipo de delitos. También aparecen “como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política”, detalla el documento.
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Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blanqueo de capitales.
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Los jueces españoles concluyeron que durante los tres primeros meses de 2023 se llevaron a cabo un total de nueve procedimientos por delitos de corrupción. Además, durante el primer trimestre de este año también dictaron 15 sentencias, de las cuales diez fueron total o parcialmente condenatorias y cinco absolutorias, lo que supone que en dos de cada tres de los casos el fallo es condenatorio, es decir, en el 66,66% de los casos. Si se comparan estos datos con los de el curso anterior se puede observar que respecto a esta cuestión la información también ha empeorado, ya que entonces se dictaron 16 sentencias por los Juzgados y Tribunales. De estas, nueve fueron condenatorias y siete absolutorias, lo que supone un porcentaje de fallo condenatorio del 56%.
Comunidades con más procesados
El repositorio de datos sobre los procedimientos de corrupción también aparece desglosado por comunidades autónomas. En este sentido, el informe revela que Andalucía es la región donde se registró el mayor número de procesados con 66 personas físicas y 32 jurídicas, es decir, que esta comunidad recoge a la mayor parte de los procesados, 98 de los 119. A Andalucía le sigue de lejos Madrid, con 10 personas físicas y 2 jurídicas; y, en tercer lugar se sitúa la Comunidad Valenciana con 8 personas físicas; y después Cataluña con una persona procesada. El resto de territorios españoles no cuenta con ninguna.
Si se comparan estos datos con los del mismo periodo del año 2022, se puede observar que la situación cambia. Durante dicho ejercicio, las comunidades con más procesados fueron Madrid con diez personas físicas y una jurídica; y Cataluña también con diez personas físicas. Seguidas de Extremadura con cinco personas físicas y Comunidad Valenciana con cuatro. Tras ellas aparecen con una persona física procesada en cada territorio Andalucía y Murcia.
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