Aplazadas dos declaraciones en un caso derivado del 3 % catalán por la huelga de Justicia

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Madrid, 30 may. La huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia en busca de mejoras salariales y laborales ha motivado el aplazamiento de las declaraciones de dos empresarios en la investigación sobre la adjudicación de la gestión del transporte sanitario en Cataluña a Ambulancias Egara, una causa derivada del caso 3 %.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado una providencia en la que deja sin efecto la citación de mañana de ambos empresarios y la aplaza hasta el día 13 de junio, debido a la "agenda de señalamientos" del juzgado y a la "incidencia" que ha provocado en ella la huelga de funcionarios de Justicia.

Por el momento, según precisan a EFE fuentes jurídicas, el juzgado mantiene para el próximo 5 de mayo la declaración del exdirigente de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí, investigado en este procedimiento, sin perjuicio de que las protestas de los funcionarios motiven un nuevo aplazamiento.

Los funcionarios iniciaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril, primero con paros parciales diarios y con huelgas de 24 horas en días concretos, y desde el pasado lunes con una huelga indefinida, que mantienen pese al adelanto electoral. Un conflicto que ha supuesto la suspensión o aplazamiento de más de 700.000 juicios y la paralización de más de 40 millones de actuaciones judiciales, según los últimos datos de los sindicatos.

La investigación que dirige el juez Pedraz, derivada del denominado caso 3% pero investigada de manera independiente, gira en torno a las presuntas irregularidades en la licitación, adjudicación y contratación del concurso público de 2014 para la gestión de los servicios de transporte en la modalidad urgente y no urgente en Cataluña de la que resultó adjudicataria la UTE Egara.

Fundada en 1984 por Jaime Simón Planas (1937-2019), Ambulancias Egara gestiona desde 2006 el transporte sanitario urgente y no urgente de Catsalut, inicialmente en la comarca barcelonesa del Vallès Occidental, y desde 2015 en Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l"Ebre.

La empresa siempre se ha desmarcado de cualquier irregularidad y ha defendido que los contratos de transporte sanitario público en Cataluña le han sido adjudicados de forma transparente y de acuerdo a derecho. EFE

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