Gran Hermano podría enfrentarse a un nuevo bache judicial en España. Después de que la productora Zeppelin TV y José María López hayan sido condenados por la agresión sexual que Carlota Prado sufrió en la casa del reality en 2017, la víctima ha decidido emprender nuevas medidas legales y demandar a Mediaset, a la productora y a los trabajadores del programa por un presunto delito de omisión de socorro.
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Según adelanta El Confidencial, la exconcursante del formato interpuso un requerimiento el pasado 8 de mayo en la Guardia Civil de Coín (Málaga) para iniciar el procedimiento judicial contra la cadena, la productora y los trabajadores que estuvieron en la casa de Guadalix de la Sierra la noche en la que sucedieron los hechos.
La joven acusa a las partes denunciadas de “no prestarle auxilio cuando sucedieron los hechos”, un delito contemplado en el Código Penal con unas penas que oscilan desde una multa de tres meses hasta los cuatro años de prisión. Además, la denunciante señala el hecho de que el delito fuera grabado y editado para emitirse como un contenido más del reality: “Realizaron un montaje de distintas cámaras que después le enseñaron a la declarante. Dice que tras esto, la dejaron volver de nuevo a la casa donde se hacía el programa y no le prestaron apoyo psicológico suficiente”, recoge el atestado.
El documento elaborado por la Guardia Civil hace constar también que Carlota acusa al que fuera su abogado, Santiago Marín, de mentir al hablar del motivo de su ausencia en el juicio que tenía que celebrarse el 8 de febrero de 2022. Aquella cita fue suspendida por la no asistencia de la joven y su defensa hizo alusión a sus “problemas psiquiátricos de gravedad”. “Pensábamos que estaba en condiciones de declarar, pero no ha venido. Solicito que se suspenda el juicio a la espera de que se encuentre en mejor estado”, pidió entonces el letrado.
Sin embargo, Prado asegura en su requerimiento que “no es verdad y que estuvo catorce días en un psiquiátrico”. Además, el citado medio desvela que la denunciante ha solicitado asistencia jurídica gratuita en caso de que la denuncia sea admitida a trámite, lo cual supondría un nuevo escollo para la marca Gran Hermano en España, que sufrió un boicot de anunciantes cuando se conocieron los hechos denunciados por Carlota Prado y desde entonces permanece “en barbecho” a la espera de poder regresar en el futuro a la cadena.
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