El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión al exalcalde de Apopa José Elías Hernández Hernández, por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. Además, deberá pagar USD 36,626.18 en concepto de responsabilidad civil, según informó Centros Judiciales El Salvador.
La resolución se refiere a hechos ocurridos entre 2012 y 2016, cuando Hernández dirigía la Alcaldía Municipal de Apopa. Durante ese período, la Fiscalía sostuvo que se hicieron adquisiciones de bienes y servicios en rubros como uniformes deportivos, refrigerios, juguetes, piñatas, herramientas, materiales de construcción y repuestos.
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De acuerdo con la sentencia, las compras no cumplieron con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que estaba vigente al momento de los hechos. El tribunal estableció que el entonces alcalde instruyó a empleados municipales para que las adquisiciones favorecieran a su esposa, María Evelinda Serrano de Hernández.
La ley prohibía que los alcaldes, familiares y miembros de los concejos municipales contrataran con las alcaldías. Por esa razón, la investigación identificó el uso de prestanombres que aparecían como proveedores. Los cheques se emitían a nombre de esas personas, quienes cobraban los fondos y luego los entregaban a la esposa del exjefe comunal, también condenada dentro de la misma causa.
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El tribunal también impuso penas a Miguel Arsenio Alfaro Tobar y Juan Carlos Flores Chávez, quienes aceptaron haber actuado como prestanombres y se sometieron a un procedimiento abreviado. Alfaro recibió tres años de prisión por peculado, mientras que Flores fue condenado a tres años por negociaciones ilícitas. Ambas penas fueron reemplazadas por trabajo de utilidad pública.
La sentencia contra Hernández se suma a otras resoluciones dictadas en los últimos dos años contra antiguos funcionarios salvadoreños. Entre los casos se encuentra el de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, quien recibió 10 años de cárcel en junio de 2025.
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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador le impuso seis años por incumplimiento de deberes y cuatro por negociaciones ilícitas. La acusación se vinculó con irregularidades cometidas durante su administración municipal, entre 2021 y 2024, incluido el impago de salarios y prestaciones laborales.
En agosto de 2025, el Tribunal Tercero de Sentencia condenó al exfiscal general Luis Antonio Martínez González a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación, dentro del expediente conocido como caso Rais-Martínez. La pena se dividió en cinco años por cada delito. La Fiscalía acusó al exfuncionario de intervenir en la preparación de procesos judiciales falsos para favorecer a terceros.
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El mismo proceso derivó en una condena de cinco años contra Julio Adalberto Arriaza González, exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República (FGR). En diciembre de 2024, una cámara también había ordenado a Martínez reintegrar más de USD 71 mil al Estado por enriquecimiento ilícito y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante una década.
Dos exministros fueron condenados a 28 años por fraude electoral
Otra de las decisiones de mayor pena correspondió al exministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara y al exministro de Gobernación Arístides Valencia. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador los condenó a 28 años de prisión el 30 de septiembre de 2025, por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
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Según el fallo, ambos participaron en negociaciones con pandillas para buscar respaldo electoral en los comicios de 2014 y 2015. La condena incluyó 20 años por fraude electoral y ocho años por agrupaciones ilícitas. En el mismo expediente, el exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt recibió 18 años de prisión.
En mayo de 2026, el exalcalde de El Congo Edwin Enrique Parada Quezada fue condenado a 20 años de prisión por negociaciones ilícitas, cohecho impropio y falsedad documental agravada. La sentencia ordenó, además, el pago de USD 293,816.45 al Estado.
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