El Tribunal de ética Gubernamental, órgano estatal encargado de velar por el cumplimiento de normas éticas en la función pública de El Salvador, informó en su rendición de labores de 2025 que concluyó el procedimiento administrativo sancionador imponiendo 25 sanciones y gestionando multas por más de USD 20.000 a servidores públicos y exfuncionarios que infringieron las disposiciones de la Ley de ética Gubernamental. Esta labor, detallada en la rendición oficial, revela un sistema fortalecido por la incorporación de tecnologías para acercar sus servicios a la población y garantizar la transparencia en sus actuaciones, según informa el propio Tribunal en su reporte anual.
Investigación, defensa y plazos estrictos
De acuerdo con los criterios establecidos en la legislación salvadoreña, el pleno del Tribunal de ética Gubernamental tramita procedimientos administrativos por denuncias, avisos o de oficio, sancionando a quienes violen los deberes éticos regulados en la referida ley. El procedimiento inicia con un análisis preliminar y, si corresponde, avanza a una investigación. La persona investigada cuenta con cinco días para ejercer su defensa, seguido de un período de prueba de entre ocho y veinte días, tras el cual dispone de diez a quince días para pronunciarse sobre la prueba recabada. La resolución final debe dictarse en un máximo de nueve meses, en cumplimiento del artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
En 2025, el Tribunal emitió 527 resoluciones, de las cuales 335 corresponden a trámites y 192 a finales de procedimiento. Entre las resoluciones finales, 170 significaron una terminación anticipada, como inadmisibilidad, improcedencia, sobreseimiento o archivo directo. Solo 22 resoluciones fueron definitivas: 20 sancionatorias y 2 absolutorias.
Multas y remisión de casos a la Fiscalía
El área de Registro de Sanciones, integrada en la estructura del Tribunal, tiene la responsabilidad de contabilizar las resoluciones y dar seguimiento al cobro de las multas impuestas. En 2025, el Tribunal adjudicó un total de 25 sanciones —en forma de multas— que sumaron USD 20.303,13 contra 20 personas entre servidores y exservidores públicos. De ese monto, USD 17.332,87 han sido pagados por las personas sancionadas, mientras que en 25 casos sin pago se remitieron los expedientes a la Fiscalía General de la República, órgano estatal encargado de representar los intereses del Estado, para su cobro conforme a los plazos y condiciones legales.
Procedimientos por institución y equipo departamental
A lo largo de 2025, se iniciaron 211 procedimientos administrativos: 70 derivados de denuncias formales y 150 de avisos (varios de ellos anónimos), con un promedio mensual de 18,33 casos. Las dependencias públicas con mayor cantidad de personas investigadas fueron el Ministerio de Educación (52), la Corte Suprema de Justicia (25), la Universidad de El Salvador (24), el Ministerio de Salud (23) y la Procuraduría General de la República (20).
Respecto al ámbito territorial, los departamentos con mayor número de investigados fueron San Salvador (132), San Miguel (30), Santa Ana (21), La Libertad (16) y Usulután (13). En el sector municipal, entre enero y diciembre de 2025 se abrieron 37 procedimientos contra 54 servidores públicos de diferentes municipalidades.
Depuración
Entre enero y diciembre de 2025, el Tribunal analizó un total de 431 avisos, de los cuales 161 fueron trasladados al área de Recepción de Denuncias y 270 descartados por no cumplir los requisitos legales. Esta depuración es realizada y documentada por los miembros del pleno, y sus actas se publican en el Portal de Transparencia institucional.
La recepción de denuncias se lleva a cabo tanto en la sede central de San Salvador como en la oficina regional de San Miguel. Para facilitar el acceso de los ciudadanos, el Tribunal ha habilitado canales presenciales y remotos, incluyendo correo postal, fax, correo electrónico, redes sociales, vía telefónica, página web y WhatsApp.
Durante 2025, se atendieron 184 orientaciones solicitadas por usuarios para conocer los requisitos y mecanismos de inicio de procedimientos, así como el estado de los expedientes.
Además, en el proceso de investigación, la labor de campo permite la recolección de pruebas para comprobar hechos denunciados y garantizar el respeto a los derechos de las partes. El Tribunal realizó 907 diligencias de investigación, que incluyeron 55 informes y 89 entrevistas a lo largo del año.
Durante 2025 se practicaron 432 notificaciones, se entregaron 224 requerimientos de información y 48 mandamientos de ingreso. Para optimizar estos actos de comunicación, el Tribunal utiliza medios electrónicos y consulta portales oficiales para recabar direcciones de correo electrónico y números de fax. Las estadísticas del cierre anual reflejan la operatividad de la entidad: en 2025, el promedio mensual de casos iniciados fue de 18,33, la proporción de expedientes abiertos por aviso se mantuvo mayoritaria, y el uso de canales tecnológicos amplió la accesibilidad de la justicia administrativa ética en El Salvador.
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