Un agente policial de El Salvador fue arrestado bajo cargos de tráfico ilegal de personas y pertenencia a agrupaciones ilícitas. Su detención ocurre en un contexto de endurecimiento de penas, que prevé hasta 30 años de prisión para los involucrados en organizaciones delictivas.
El Código Penal establece, además, condenas de cuatro a ocho años de cárcel para quienes faciliten el tráfico de personas, agravadas en casos donde las víctimas sean mujeres o menores de edad salvadoreños.
La noche del miércoles, la Fiscalía General de la República giró una orden de captura contra Danis Adolfo Escalante Arana, agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Escalante fue aprehendido y según las autoridades, será presentado ante los tribunales competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente. De forma inmediata desconoce en que seccional se encontraba destacado.
La confirmación fue divulgada a través de los canales oficiales de la corporación policial, sin que se ofrecieran detalles adicionales sobre las circunstancias específicas de la captura ni sobre posibles cómplices.
En una declaración difundida por las redes sociales institucionales, la Policía Nacional Civil subrayó su compromiso con la integridad en sus filas, señalando: “No vamos a permitir que nuestros agentes transgredan la ley. Continuaremos depurando los malos elementos.” Con este mensaje, la PNC refuerza la línea adoptada en los últimos años, dirigida a evitar la infiltración de funcionarios ligados a estructuras criminales o participantes directos en delitos graves, en particular en el contexto de los operativos masivos de depuración interna impulsados desde 2022.
Las normas penales salvadoreñas facultan a los jueces para sancionar con rígidas penas a quienes incurren en estos delitos. En casos de agrupaciones ilícitas, la graduación de la sanción varía según la función desempeñada dentro de la organización.
Conforme a las disposiciones actualizadas del Código Penal y la Ley Penal Juvenil, los cabecillas o miembros activos pueden recibir sentencias de hasta 30 años de reclusión. Para el tráfico ilegal de personas, la ley contempla condenas de cuatro a ocho años, incrementándose en un tercio si la víctima pertenece a un grupo especialmente vulnerable como mujeres o menores salvadoreños.
Otro agente policial fue arrestado por robo y agresión en Ahuachapán
El procedimiento contra Danis Escalante no es un hecho aislado. En diciembre de 2025, la Policía Nacional Civil había informado sobre la detención de Raúl Alfredo Fuentes Blanco, agente asignado a la estación de San Jorge, en San Miguel Oeste.
Fuentes fue arrestado por los delitos de robo, lesiones, desórdenes públicos y resistencia, siendo capturado junto a Carlos Enmanuel Samayoa Hernández, de 40 años, y Henry Alonso Mejía, de 41. Los tres residían en el caserío Los Patios, del cantón Chipilapa, en Ahuachapán Centro.
El informe policial señaló que los implicados interceptaron a un joven sobre la calle principal del caserío, cerca del local conocido como “Cantina”. De acuerdo con la denuncia, la víctima fue golpeada y despojada de una billetera con $200, varios documentos personales, un pantalón, un teléfono móvil y una llave de encendido de motocicleta. El parte no precisó el tipo ni la gravedad de las lesiones sufridas por el afectado.
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