Un análisis de la agencia inglesa Emerging Finance (EMFI) sobre la reforma de pensiones en El Salvador anticipa que el gobierno presentará una propuesta de reforma de pensiones que cumplirá con los requisitos formales del Fondo Monetario Internacional (FMI), privilegiando ajustes graduales, transiciones largas y mecanismos de financiamiento menos visibles políticamente.
El informe de EMFI sostiene que el Ejecutivo liderado por Nayib Bukele optará por una estrategia que evite medidas impopulares inmediatas, en especial aquellas relacionadas con el aumento de la edad de jubilación o el ajuste de las tasas de cotización. Según la agencia, la cercanía de las elecciones presidenciales de 2027 y la concentración de poder legislativo favorecen una reforma orientada a limitar el impacto social en el corto plazo.
De acuerdo con el análisis citado por EMFI, el gobierno priorizará la ampliación de la cobertura y el mantenimiento de las pensiones mínimas, mientras que las modificaciones más delicadas podrían aplazarse para la segunda mitad del mandato o delegarse en normas posteriores.
“Creemos que es probable que el Poder Ejecutivo opte inicialmente por una propuesta de reforma que cumpla con los requisitos formales del programa del FMI, pero que dé prioridad a los ajustes graduales, las transiciones largas y los componentes de financiamiento menos visibles políticamente”, expone el reporte.
El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establecía el 10 de febrero de 2026 como fecha límite para presentar la propuesta de reforma, que debe contemplar el ajuste de la edad de jubilación, las tasas de cotización y el reequilibrio financiero entre fondos individuales y mecanismos solidarios. Sin embargo, hasta el momento el gobierno no ha hecho pública su propuesta. El objetivo de estas recomendaciones técnicas es restaurar el equilibrio en las cuentas y adaptarlas a la transición demográfica acelerada del país.
Déficit en el sistema de pensiones
El sistema de pensiones salvadoreño enfrenta actualmente un déficit estructural, confirmado por el reciente estudio actuarial publicado en diciembre de 2025. Los datos muestran que el gasto en pensiones alcanzó el 5.3% del PIB en 2024, mientras que los ingresos por cotizaciones se situaron en el 4% del PIB, lo que generó un déficit equivalente al 1.3% del PIB.
El informe de EMFI subraya que la sostenibilidad fiscal es un factor central en el proceso de reforma y que el margen para postergar ajustes se reduce por el rápido deterioro de los fondos de solidaridad y el envejecimiento demográfico.
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2024 del Banco Central de Reserva (BCR), por cada 100 niños y jóvenes menores de 14 años existen 49 adultos mayores de 65 en El Salvador, lo que evidencia un fuerte proceso de envejecimiento demográfico.
La provincia de San Salvador, junto a Chalatenango y Santa Ana, lidera el aumento: en estas jurisdicciones, el porcentaje de adultos mayores supera el 50%. Tanto en contextos urbanos como rurales, la proporción de población de edad avanzada sigue una tendencia al alza.
El grupo etario entre 90 y 94 años creció al doble en los últimos 17 años, un incremento superior al de cualquier otro segmento. Paralelamente, la cantidad de personas mayores de 50 años aumentó un 63%, mientras que la cifra de menores de 19 años descendió un 31% durante el mismo periodo.
La disminución de jóvenes en edad productiva reduce el potencial de sostenimiento económico y eleva la demanda de atención médica y de servicios sociales para adultos mayores. Las familias y las comunidades enfrentan la necesidad de adaptarse a un escenario en el que aumentan los hogares con personas mayores dependientes, lo que genera mayor presión sobre la oferta de residencias especializadas, cuidados sanitarios y sistemas de pensiones.
EMFI señala que el amplio control legislativo por parte del oficialismo disminuye el riesgo de estancamiento político. “El amplio control legislativo reduce el riesgo de estancamiento político, lo que hace probable que las medidas más delicadas se aplacen hasta la segunda mitad del mandato presidencial o se deleguen en regulaciones posteriores, mientras que, a corto plazo, se hará hincapié en los componentes destinados a ampliar la cobertura y mantener las pensiones mínimas”, afirma el documento.
El sistema actual salvadoreño
Desde la reforma de 2022, El Salvador implementó un sistema híbrido que mezcla cuentas individuales, garantías estatales y fondos de solidaridad, pero mantiene parámetros técnicos ajustados a datos demográficos antiguos. Los trabajadores aportan el 16% de su salario: 9% a cuentas individuales, 6% a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) y 1% a gastos administrativos. El Estado continúa financiando pensiones del antiguo régimen cerrado, garantizando pensiones mínimas y cubriendo déficits a través de instrumentos de deuda pública emitidos para este fin.
Este vínculo entre la sostenibilidad del sistema y la capacidad de financiamiento estatal mantiene persistentes riesgos a largo plazo para la viabilidad del sistema. Como se concluye en análisis previos de la financiera, la estructura actual ha convertido las pensiones en una fuente recurrente de financiación estatal y limita la diversificación de inversiones. Incluso los modelos de capitalización individual conservan vulnerabilidades sistémicas.
La baja densidad de cotización y la insuficiencia en la acumulación de ahorros se presentan como uno de los principales problemas: en 2024, apenas el 52% de los afiliados de entre 20 y 55 años realizó al menos una cotización anual, y solo el 36% mantuvo aportes regulares todos los meses. Los saldos de las cuentas individuales no alcanzan para financiar pensiones adecuadas, lo que genera presión creciente sobre los mecanismos de solidaridad y el presupuesto estatal.
El estudio actuarial advierte que, sin reformas urgentes, la sostenibilidad de la Cuenta de Garantía Solidaria corre grave riesgo y la cobertura mínima podría estar comprometida en un corto plazo si no se ajustan parámetros clave como la edad de retiro o las tasas de aporte.
La experiencia de otros países de la región
La agencia compara este escenario con las recientes reformas en Chile y Colombia, donde se adoptaron modelos híbridos que combinan cuentas individuales con mecanismos solidarios y ajustes graduales en los parámetros clave. Según EMFI, la experiencia regional sugiere que la viabilidad política de la reforma dependerá no solo del diseño técnico, sino del calendario electoral y de la gestión de las expectativas sociales.
El informe indica que el gobierno de Bukele buscará cumplir con las exigencias del FMI para mantener el respaldo financiero internacional, pero sin avanzar de inmediato en cambios que puedan afectar directamente a los trabajadores activos.
El futuro del sistema dependerá de la capacidad de introducir reformas graduales y de mantener el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y cobertura social en un contexto de presión demográfica creciente.
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