
Durante las primeras semanas de febrero de 2026, El Salvador ha redoblado su estrategia contra el narcotráfico desplegando operativos que han permitido capturar a varios sospechosos e incautar cantidades relevantes de estupefacientes, dinero en efectivo y vehículos en múltiples municipios. Según la Policía Nacional Civil (PNC) y la División Antinarcóticos, estas acciones han alcanzado zonas urbanas, rurales y la costa, estableciendo un cerco cada vez más estrecho sobre las redes locales de tráfico.
En el municipio de Ilopango, al este de San Salvador, las autoridades detuvieron a Alejandro Javier Durón Ramos, de 25 años, quien fue interceptado sobre el kilómetro 6½ de la carretera de Oro. El operativo reveló que llevaba dos maletines con abundantes sustancias ilícitas, entre ellas 10 botes con marihuana, varias porciones de crack, porciones de cocaína, pastillas de éxtasis y una porción de metanfetamina. Además, se incautaron balanzas digitales, dos celulares, dinero en efectivo y el vehículo utilizado por el detenido. La Policía Nacional Civil confirmó que será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.

En la colonia La Esperanza, Quezaltepeque (La Libertad Norte) el 9 de febrero, dos individuos, Guillermo Aldair Meléndez y Héctor Wilfredo Jovel, fueron aprehendidos mientras transportaban varias porciones de marihuana en un vehículo. Junto a la droga, la policía incautó dos balanzas digitales y el automóvil en el que se desplazaban. Ambos serán procesados por tráfico ilícito de droga.
Las operaciones recientes también se mantienen en lugares como Mejicanos, Santa Tecla, Tonacatepeque, Candelaria de la Frontera, Berlín, Chalchuapa, Sonsonate y San Miguel, evidenciando un patrón de intervención integral en el territorio, de acuerdo con los informes de la División Antinarcóticos.

Penas aplicables a la posesión de drogas según la cantidad incautada
En el ámbito legal, la determinación de las penas vinculadas a la posesión y tenencia de drogas en El Salvador varía según la cantidad y el propósito de la conducta. Conforme lo estipula el artículo 34 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD), quien posea o tenga drogas sin autorización en cantidades menores de dos gramos enfrenta de uno a tres años de prisión y una multa de cinco a mil salarios mínimos mensuales urbanos. Si la cantidad es de dos gramos o más, la pena asciende de tres a seis años y la misma multa.
La ley establece una agravante si la tenencia tiene finalidad de comercialización. “Si la posesión o tenencia es con el objeto de realizar cualesquiera de las actividades señaladas en el artículo anterior, la sanción será de seis a diez años de prisión; y multa de diez a dos mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes,” dispone el texto legal. Tal diferencia radica en el propósito inmediato de transferir la sustancia a terceros, lo que presupone una intención comercial concreta.

La interpretación jurídica distingue entre la posesión simple, la agravada y la calificadora o “plus agravada”. Mientras que la simple y la agravada constituyen fines en sí mismos según la cantidad incautada, la forma agravada, con fines de tráfico, implica una voluntad de integrar la sustancia al ciclo de comercialización ilegal, acercándose de manera inminente al tipo penal de tráfico ilícito.
No obstante, la cantidad de droga, aunque relevante, resulta insuficiente por sí sola para inferir la existencia de ánimo de tráfico. Así lo sostiene la doctrina penal, que subraya la necesidad de otros elementos, como el hallazgo de balanzas digitales, instrumentos de pesaje, envoltorios, o utensilios típicos empleados para el fraccionamiento y distribución.
El marco normativo distingue claramente el paso previo a la consumación del delito más grave, penalizando la tenencia destinada a comercialización como un acto preparatorio, sancionable con seis a diez años de prisión, de acuerdo con el artículo 34, inciso 3 de la LRARD.
Las nuevas aprehensiones y decomisos en el reciente operativo forman parte de la estrategia del Estado salvadoreño para desarticular, a través de una política punitiva severa y sostenida, los eslabones intermedios y superiores de la cadena de tráfico de drogas.
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