
La canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cerró septiembre en $ 268.405 mensuales para un hogar promedio sin subsidios. Esto significó una baja del 7,3% respecto de agosto, la mayor caída mensual del año. El retroceso fue impulsado por el fin del invierno: al reducirse el consumo estacional de gas natural y electricidad, el efecto de la estacionalidad superó con amplitud los aumentos tarifarios vigentes, según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-Conicet).
La cifra, con todo, representa un alza del 55% frente a igual mes de 2025, es decir, 22 puntos porcentuales por encima de la inflación estimada para ese período, que el relevamiento ubica en torno al 33 por ciento.
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La electricidad y el gas explican casi toda la baja mensual
La factura eléctrica de un usuario sin subsidios del segmento N1 quedó en $49.770 al mes, con una caída del 18,8% respecto de agosto. El cargo fijo subió 1,7% y el variable bajó 0,8%, pero fue el menor consumo propio de la salida del invierno el factor determinante del resultado. En gas natural, la dinámica fue similar: el cargo fijo trepó 1,9% y el variable, 1%, aunque la reducción de la demanda estacional llevó la factura a $49.370, un 19,9% por debajo del mes anterior.
Así, los dos servicios energéticos combinados explicaron casi la totalidad de la variación negativa de la canasta, dado su peso relativo frente al agua y el transporte.
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En tanto, el gasto en agua se redujo 0,9% y quedó en $42.576, con dos factores que se contrarrestaron: septiembre tiene 30 días de consumo —menos que agosto— y el componente variable del servicio subió 2,4%. En el extremo opuesto, el transporte fue el único rubro que registró un aumento mensual, del 2,4%, hasta $126.689. Las líneas de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 4,1% —IPC de julio más el 2% de la regla indexatoria—, mientras que las líneas interjurisdiccionales no tuvieron ajuste en septiembre tras haber acumulado subas de 7,7% en abril, 7,1% en junio y 3,2% en julio.
El peso del transporte en la canasta total es el más alto: representa el 47% del gasto mensual de una familia promedio del AMBA.
Medida en términos interanuales sin estacionalidad, la canasta acumula un alza del 55%, con el transporte a la cabeza con un incremento del 70% frente a septiembre de 2025. La energía eléctrica subió 48%, el gas natural 42% y el agua 40%, todos por encima de la inflación general estimada para el período.
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Al descomponer la contribución de cada servicio al aumento total de la canasta, el transporte aportó por sí solo 30 de los 55 puntos porcentuales del incremento interanual. El gas sumó 9 puntos, la electricidad 8 y el agua 7. Desde diciembre de 2023, la canasta acumuló un alza del 867%, frente a un IPC general del 254% en el mismo lapso.
El Estado cubre el 46% del costo real de los servicios
Los hogares del AMBA abonan tarifas que, en promedio ponderado, cubren el 54% del costo real de los servicios, mientras el Estado financia el 46% restante. En septiembre, esa cobertura se mantuvo estable en torno al 55% —nivel en el que se encuentra desde la implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)— tras haber trepado de manera sostenida entre agosto de 2025 y febrero de 2026.
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La cobertura varía según el servicio: en electricidad, el usuario sin subsidio paga el 100% del precio de referencia, mientras que el que recibe bonificación abona el 25%. Para el gas natural, un usuario residencial promedio cubre el 60% del costo de abastecimiento. En el transporte, la cobertura es del 35%, y en agua alcanza el 100 por ciento.
La canasta equivale al 14,6% del salario promedio registrado
Con un salario RIPTE estimado de $ 2.024.647 para septiembre, el gasto en servicios públicos representa el 14,6% del ingreso promedio de un trabajador registrado del AMBA. En términos de poder de compra, un salario alcanza para pagar 7,5 canastas de servicios, frente a las 8,9 que cubría en igual mes del año anterior.
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El peso de los servicios energéticos —electricidad y gas— sobre ese salario es del 5,1% para un usuario con subsidio y del 3,4% para uno sin bonificaciones. Para los hogares con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, la incidencia combinada de ambos servicios trepa al 7,6% del ingreso.
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