
Desde Puerto Iguazú, Misiones - El 68% de las compañías consultadas anticipó un crecimiento de las ventas en 2027, según la vigésima tercera edición de la encuesta sobre financiación e inversión elaborada por EY Argentina y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). El relevamiento se presentó durante el primer día de la 47° Convención Anual del IAEF y reunió las respuestas de más de 100 de las principales empresas del país.
La encuesta se desarrolló bajo el lema “Argentina: de la estabilidad al crecimiento. Cómo generar competitividad sostenida”. Los resultados mostraron una expectativa de expansión para el próximo año, luego de un período en el que las empresas registraron una evolución más moderada de sus ingresos y de su rentabilidad.
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Durante el último año, el 51% de los encuestados indicó que sus ventas crecieron, una proporción inferior al 62% registrado en el relevamiento previo. A la vez, el 32% señaló una caída. La evolución de la rentabilidad siguió una tendencia similar: mejoró en el 32% de los casos, se mantuvo sin cambios en el 30% y empeoró en el 34%.
Para 2027, el 53% de las empresas espera una mejora de la rentabilidad. Las proyecciones de inversión también mostraron una variación: casi el 50% anticipó un incremento de sus desembolsos para el próximo año, mientras que el resto previó estabilidad, reducción o no respondió.
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Las inversiones se orientarán a tecnología y bienes de capital
El destino principal de los planes de inversión será el activo fijo y la incorporación de tecnología. Esa opción concentró el 70% de las respuestas. El 19% mencionó el fortalecimiento del capital de trabajo, mientras que las adquisiciones y las reestructuraciones quedaron detrás dentro de las prioridades de las compañías.
El socio de EY Argentina, Alejandro Kelman, vinculó ese resultado con el horizonte de las decisiones empresariales. “Cuando uno ve a dónde se van a destinar las inversiones, prácticamente un 70% de los que contestaron la encuesta dicen que esas inversiones se van a destinar a bienes de capital e incorporación de tecnología, lo cual habla de un horizonte de mediano a largo plazo”, afirmó durante la presentación.
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Kelman también expuso los datos de financiación. El 69% de las compañías indicó que sus necesidades de financiamiento no cambiaron respecto del año anterior. El 15% informó un aumento de esas necesidades, mientras que el resto reportó una disminución o no respondió.
La autofinanciación se mantuvo como la fuente principal para sostener operaciones, adquisiciones y proyectos de expansión: representó el 31% de las respuestas. Los bancos y entidades financieras locales ocuparon el segundo lugar, con el 22%, y los aportes de casas matrices quedaron en tercer lugar, con el 15%.
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En la exposición, Kelman señaló que el peso de los recursos propios reflejó límites para obtener crédito de mayor plazo. “El 31% de las compañías se siguen autofinanciando. Es decir, para financiar adquisiciones, operaciones de crecimiento, siguen utilizando su capital de trabajo. Solo un 22% de las compañías acuden a bancos locales y todavía no son préstamos de tan largo plazo”, sostuvo.
La encuesta también relevó los mecanismos que los ejecutivos consideran necesarios para acompañar inversiones de mayor escala. La simplificación tributaria y administrativa concentró el 61% de las menciones entre las medidas estatales que podrían mejorar la competitividad. Los acuerdos entre Gobierno, sindicatos y empresas sumaron el 19%.
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Entre los estímulos fiscales, la reducción de alícuotas a cambio de reinversión de utilidades reunió el 29% de las respuestas. La reducción de cargas sociales a cambio de nuevo empleo concentró el 28%, mientras que la amortización acelerada de inversiones de capital obtuvo el 17%.
Energía, agronegocios e infraestructura concentraron las proyecciones sectoriales
El sector de energía volvió a ubicarse al frente de las expectativas de crecimiento: recibió el 37% de las menciones de los ejecutivos consultados. Le siguieron los agronegocios, con el 23%, y la infraestructura, con el 17%. El resultado mantuvo a la energía como el rubro con mayor potencial dentro del relevamiento anual.
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La gerente general de Ecogas, Natalia Rivero, se refirió a las condiciones que, desde su perspectiva, requiere el sector energético para sostener inversiones. “Las inversiones en energía son inversiones de capital intensivo, de largos períodos de tiempo. Se necesita que las normas sigan siendo claras a nivel regulatorio, fiscal y contractual”, expresó.
Rivero mencionó la infraestructura como otro aspecto ligado a la expansión del sector. En su intervención, planteó que el aumento de la producción necesita sistemas de transporte, almacenamiento y exportación. También señaló la necesidad de una competitividad que contemple aspectos fiscales, coordinación entre jurisdicciones y desarrollo de proveedores.
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Durante el panel, Rivero explicó que Ecogas ingresó al mercado de capitales en 2025 como parte de una decisión de largo plazo. La compañía opera en el sector gasífero argentino y controla a Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Jujuy, que prestan el servicio de distribución de gas natural por redes en Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis.
La ejecutiva indicó que ambas distribuidoras alcanzan a más de 1,5 millones de clientes y operan más de 39 mil kilómetros de gasoductos. También señaló que el esquema de revisión tarifaria quinquenal incluyó un plan de inversiones para las nueve distribuidoras de gas del país, por cerca de USD 1.000 millones en cinco años.
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El agro puso el foco en la tecnología, el financiamiento y la infraestructura
En el caso del agro, el presidente de Corteva Cono Sur, Julián Sudera, planteó que la expansión de la producción requiere mejoras de rendimiento sobre la superficie disponible. “Argentina no va a poder seguir creciendo con más hectáreas. El crecimiento del sector, si nos vamos al primer eslabón, que es el productor, es producir más en la misma hectárea. Producir más en la misma hectárea significa más tecnología”, afirmó.
Sudera vinculó la tecnología con el acceso al financiamiento y con la necesidad de reducir brechas de rendimiento. También mencionó la infraestructura como un elemento que impacta en los costos del sector, especialmente en el traslado de granos y en la conexión con puertos y otras vías de salida.
El ejecutivo se refirió, además, al financiamiento de las campañas agrícolas. Indicó que el sector utiliza un componente relevante de financiación privada, canalizada por las propias compañías, junto con líneas bancarias. Señaló que esa dinámica exige capital de trabajo y enfrenta restricciones adicionales por el peso del alquiler de campos en la estructura productiva.
“Si el productor está con una rentabilidad y con avidez de invertir, y hay tecnología disponible, esa combinación va a hacer que el agro crezca”, dijo Sudera. También mencionó las oportunidades vinculadas con la energía basada en cultivos, en áreas donde antes no existía producción.
Las expectativas empresariales sobre el marco económico incluyeron un plan claro y sustentable, que recibió el 27% de las menciones, una reforma tributaria que estimule la inversión, con el 25%, y una política cambiaria estable, con el 20%. Entre los incentivos legales, la protección de las inversiones extranjeras y los tratados de libre comercio concentraron el 32% cada uno.
La encuesta también consultó por las tendencias globales que influyen en las decisiones de inversión. Las altas tasas de financiamiento encabezaron las preocupaciones, con el 26% de las respuestas. El avance de los populismos o nacionalismos extremos quedó en segundo lugar, con el 20%, seguido por la inestabilidad política en América Latina y la volatilidad de los precios de las materias primas.
En materia de gestión, el 28% de los ejecutivos identificó al efecto de la inteligencia artificial en las distintas dimensiones del negocio como la tendencia con mayor impacto. La aparición de competidores no tradicionales reunió el 26%. Al consultar por las oportunidades para pasar de la estabilidad al crecimiento, el 30% priorizó la integración de inteligencia artificial y tecnología para optimizar procesos y costos, mientras que el 29% pidió reglas estatales sostenibles que permitan planificar a largo plazo.
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