La Carta Orgánica del BCRA que propone el Gobierno será la más estricta de la región, según una asociación de bancos

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) analizó la reforma que ya obtuvo media sanción de Diputados y comparó cada punto con otros países latinoamericanos

IIF: “La prueba definitiva será política, no legal" REUTERS/Agustin Marcarian
IIF: “La prueba definitiva será política, no legal" REUTERS/Agustin Marcarian
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El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) advirtió que, de aprobarse la reforma de la Carta Orgánica del BCRA enviada por el Gobierno al Congreso y que ya obtuvo media sanción en Diputados, la Argentina pasaría de ser una excepción regional a acercarse a uno de los marcos regulatorios para bancos centrales más estrictos de la región.

En términos generales, la entidad sostiene que los cambios que intenta introducir la gestión de Javier Milei busca “fortalecer las bases legales de la estrategia de desinflación del país”.

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El proyecto establecería como misión primaria y fundamental del BCRA preservar el valor de la moneda, prohibiría el otorgamiento de préstamos directos al sector público y las compras de títulos públicos en el mercado primario, y endurecería las reglas de gobernanza y de transferencia de utilidades.

“Ante la ausencia de las extensas trayectorias institucionales y de las salvaguardas constitucionales existentes en otros países de América Latina, la contribución del proyecto a la credibilidad dependerá de una implementación consistente, una disciplina fiscal sostenida y un respaldo político duradero”, sostuvo el IIF.

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Instituto-de-Finanzas-Internacionales-(IIF)

Asimismo, aseguró que “la prueba definitiva será política, no legal. La aprobación sería una señal contundente, pero una inflación baja y sostenible seguirá requiriendo disciplina fiscal, una implementación creíble y un compromiso sostenido a través de distintas administraciones”.

Para la entidad, la reforma propuesta colocaría al país entre los regímenes legales más restrictivos de América Latina, especialmente en materia de financiamiento directo al Tesoro y de distribución de ganancias derivadas de valuaciones de activos.

“El diseño institucional general es más mixto, particularmente porque el BCRA conservaría amplias facultades para operar en el mercado secundario”, indicó.

Un mandato más acotado

Uno de los aspectos destacados por el informe es la definición del mandato del Banco Central. El IIF señala que la mayoría de las autoridades monetarias de América Latina tiene como prioridad la estabilidad de precios, aunque con distintos objetivos adicionales.

Perú concentra su mandato en preservar la estabilidad monetaria, mientras que Chile contempla la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. México apunta a proteger el poder adquisitivo de la moneda y, al mismo tiempo, promover sistemas financieros y de pagos sólidos.

Brasil establece a la estabilidad de precios como objetivo fundamental y suma como metas secundarias la estabilidad financiera, la moderación de las fluctuaciones de la actividad económica y el pleno empleo. En Colombia, el banco central debe preservar el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con las políticas económica, monetaria, crediticia y cambiaria.

En este contexto, el IIF considera que una misión primaria más acotada podría contribuir a clarificar las responsabilidades del BCRA y fortalecer su credibilidad.

La propuesta del Gobierno también amplía las posibilidades de realizar operaciones de mercado con títulos públicos, divisas y otros activos financieros. Para el IIF, esto podría mejorar la gestión de liquidez y la capacidad de respuesta de la autoridad monetaria ante situaciones de tensión.

El IIF considera que una misión primaria más acotada podría contribuir a clarificar las responsabilidades del BCRA y fortalecer su credibilidad. REUTERS/Agustin Marcarian
El IIF considera que una misión primaria más acotada podría contribuir a clarificar las responsabilidades del BCRA y fortalecer su credibilidad. REUTERS/Agustin Marcarian

“La amplitud de estas facultades también hace importantes sus salvaguardas: las transacciones deben realizarse a precios de mercado y permanecer claramente vinculadas a las regulaciones monetarias, cambiarias, financieras y crediticias”, resalta.

El límite al financiamiento del Tesoro

En materia de financiamiento al Gobierno, la reforma argentina se alinearía con la tendencia regional hacia una mayor independencia de los bancos centrales.

Los principales países de América Latina restringen o directamente prohíben el financiamiento directo al Tesoro, aunque existen diferencias en cuanto a las excepciones y los mecanismos permitidos.

Chile y Brasil, por ejemplo, flexibilizaron sus marcos durante la pandemia para permitir compras de títulos públicos en el mercado secundario bajo determinadas condiciones y con objetivos vinculados a la política monetaria o a la provisión de liquidez.

Colombia también permite operaciones en el mercado secundario y contempla préstamos al Gobierno en circunstancias excepcionales, aunque exige la aprobación unánime del directorio.

México, por su parte, admite un crédito temporal y estrictamente limitado al Gobierno federal mediante la cuenta corriente del Tesoro. Perú mantiene una de las prohibiciones más estrictas: su Constitución impide el financiamiento al Tesoro, aunque permite compras acotadas de títulos en el mercado secundario.

De acuerdo con el IIF, la reforma argentina sería consistente con este enfoque restrictivo, pero conservaría para el BCRA la posibilidad de intervenir en el mercado secundario.

Un régimen especialmente conservador para las utilidades

Otro de los cambios que, según el IIF, diferenciaría a la Argentina es el tratamiento de las utilidades del Banco Central.

El organismo señala que los regímenes de la región presentan diferencias importantes y no pueden clasificarse simplemente entre modelos “conservadores” y “permisivos”.

Chile, por ejemplo, permite retener hasta el 10% de las utilidades anuales como reservas, mientras que el resto se transfiere generalmente al Tesoro. En Perú, el 25% de las utilidades netas se destina al Tesoro y el 75% a reservas hasta alcanzar el objetivo establecido por ley.

Chile permite retener hasta el 10% de las utilidades anuales como reservas. REUTERS/Fabian Cambero
Chile permite retener hasta el 10% de las utilidades anuales como reservas. REUTERS/Fabian Cambero

En ambos casos, los mecanismos priorizan la acumulación de reservas antes de distribuir los resultados, lo que limita la transferencia inmediata de ganancias derivadas de valuaciones.

Brasil transfiere al Tesoro los resultados positivos una vez realizadas las asignaciones a reservas, aunque mantiene una cuenta específica para registrar las ganancias y pérdidas asociadas a las reservas internacionales.

México también transfiere su superávit operativo luego de constituir reservas, mientras que en Colombia las variaciones de valuación de las reservas internacionales se registran en el patrimonio y no en los resultados corrientes.

Frente a estos esquemas, la propuesta argentina introduce una restricción particularmente severa: impide transferir al Tesoro las ganancias originadas en la depreciación del peso o en revaluaciones del oro.

Para el IIF, esta disposición colocaría a la Argentina entre los regímenes más conservadores de la región en materia de distribución de utilidades.

No obstante, el proyecto contempla una excepción transitoria. Determinadas ganancias no realizadas podrían utilizarse para cancelar adelantos transitorios pendientes y letras intransferibles del Tesoro, hasta extinguir esos pasivos.

Más protección para el directorio, pero con una advertencia

El tercer eje analizado por el IIF es la independencia de los miembros del directorio del BCRA.

El organismo destaca que los principales bancos centrales de la región cuentan con mandatos de duración determinada y establecen causales específicas para la remoción de sus autoridades.

En Perú, los directores tienen mandatos fijos y solo pueden ser removidos por faltas graves, sujetas a aprobación legislativa. México combina mandatos escalonados con causales legales específicas. Brasil estableció mandatos fijos y limitó las posibilidades de destitución a circunstancias expresamente enumeradas. Colombia también restringe la remoción a las causas previstas por ley.

Santiago Bausili
Santiago Bausili, presidente del BCRA

En ese marco, el IIF considera que la propuesta argentina —al precisar las causales de remoción y exigir una mayoría de dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara del Congreso— representaría un fortalecimiento significativo de la protección de los directores frente a una eventual destitución arbitraria.

Sin embargo, el organismo introduce una advertencia: la independencia institucional podría seguir siendo incompleta mientras los miembros temporales del directorio designados en comisión puedan permanecer en sus cargos sin confirmación del Senado y sin un límite temporal efectivo establecido por ley.

Un giro hacia una mayor disciplina monetaria

En términos generales, el análisis del IIF muestra una reforma que busca avanzar hacia un Banco Central con mayores restricciones fiscales y mayor protección institucional, aunque sin convertirlo en una autoridad monetaria desprovista de herramientas de intervención.

El punto central, según el organismo, es el equilibrio entre ambos objetivos. La propuesta limita fuertemente el financiamiento directo del Tesoro y la transferencia de determinadas ganancias contables, pero al mismo tiempo conserva amplias facultades para operar en el mercado secundario y administrar la liquidez.

El resultado sería un esquema que, de aprobarse en los términos analizados por el IIF, acercaría a la Argentina a los modelos más restrictivos de la región en materia de relación entre el Banco Central y el Tesoro, mientras mantiene instrumentos de política monetaria similares a los existentes en otros bancos centrales latinoamericanos.

Para el IIF, la definición precisa del mandato, las salvaguardas sobre las operaciones de mercado y las reglas de designación y remoción de los directores serán determinantes para evaluar cuánto de esa reforma se traduce efectivamente en una mayor independencia y credibilidad del BCRA.

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