
El presidente Javier Milei aseguró que en lo que va de mandato le devolvió a los argentinos tres puntos del Producto Bruto Interno (PBI) con baja de impuestos. Esos cambios tributarios beneficiaron a algunos sectores de la población por sobre otros y algunos de ellos se tuvieron que postergar para fin de año y todavía están en duda en el equipo económico por el estado crítico de la recaudación.
“Le devolvimos a los argentinos 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), es más, bajamos impuesto por tres, le devolvimos a los argentinos USD 100.000 millones. Decían que no se podía hacer un ajuste, ni siquiera en cuatro años, lo hicimos en un mes. Y además, no solo la economía no cayó, sino que además se expandió. Sacamos más de 14 millones de personas de la pobreza, la indigencia pasó de 20% al 6% y la pobreza infantil del 70% al 42%. ¿Falta? Sí, claro que falta un montón; la foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”, sostuvo el jefe de Estado durante su disertación en el Consejo de las Américas.
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Un informe de Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), cuantificó los cambios impositivos y detalló los efectos fiscales de las medidas implementadas desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2026. Además, presentó una nueva estimación sobre el monto que podría alcanzar la “devolución de dinero a los argentinos” en diciembre de 2027, al finalizar el mandato de Javier Milei.
En 2024, el Gobierno impulsó tres cambios tributarios centrales: la suba del impuesto PAIS, el aumento del impuesto a los combustibles y la baja del impuesto a los Bienes Personales. El incremento de la recaudación por las modificaciones en PAIS y combustibles superó la pérdida que causó la reducción en Bienes Personales. Así, el efecto neto de las reformas en 2024 resultó en un aumento de recaudación equivalente a 0,34% del PBI.
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Durante 2025, el escenario cambió. Se concretaron diez cambios tributarios con impacto fiscal relevante. Siete de esas modificaciones generaron una baja en la recaudación y tres, un incremento. El factor más significativo resultó la finalización de la vigencia del impuesto PAIS a fines de 2024, tal como lo estableció la ley, que implicó para el Estado una resignación de recursos equivalente a 1,1% del PBI.
En el segundo año de gestión de Milei, se restableció la posibilidad de utilizar certificados de exclusión de percepciones de IVA y Ganancias en Aduana, lo que implicó una nueva caída en la recaudación equivalente al 0,42% del PBI. A esto se sumó la baja en los derechos de exportación, tanto permanentes como temporales, que generó una reducción adicional del 0,35% del PBI.
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El impacto negativo del impuesto a los Bienes Personales alcanzó 0,3% del PBI y los impuestos internos representaron un costo fiscal anual de 0,07% del PBI. En tanto, los derechos de importación generaron una reducción de ingresos de 0,05% del PBI y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles produjo un efecto negativo de 0,015% del PBI. Así, el costo fiscal total de las bajas de impuestos en 2025 llegó a 2,3% del producto bruto.
Frente a esto, los aumentos de recaudación se concentraron en combustibles, Ganancias de personas humanas y monotributo. Estos incrementos sumaron, respectivamente, 0,30%, 0,25% y 0,07% del PBI, lo que totalizó 0,62% del PBI. La diferencia entre bajas y subas marcó que el impacto fiscal neto anual de las reformas tributarias en el segundo año de la presidencia de Milei se tradujo en una reducción de la recaudación de 1,69% del PBI.
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En duda
En 2026, el esquema tributario sumó nuevas modificaciones. A los diez principales cambios de 2025 se agregó en la reforma laboral el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta destinada a que los empresarios constituyan un fondo para eventuales indemnizaciones a partir de una reducción de las contribuciones patronales.
El Gobierno, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), postergó la puesta en marcha del FAL hasta noviembre por el costo fiscal que implicaba la reducción de contribuciones patronales. El objetivo fue blindar el superávit fiscal y evitar un desbalance en las cuentas públicas. Sin embargo, dentro del equipo económico reconocen que la recaudación está muy ajustada y existen dudas sobre la viabilidad de implementar el FAL en los plazos previstos. Algunos funcionarios consideran que la administración libertaria podría volver a extender el plazo de entrada en vigencia, siempre dentro del marco legal, o incluso impulsar la sanción de una nueva ley en el Congreso.
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En caso de que los ingresos repunten y el FAL entre en vigencia en noviembre, implicará una caída de recaudación para el Estado de 0,062% del PBI. Así, las bajas tributarias de 2026 acumularían un costo fiscal anual de 2,35% del PBI, mientras que los aumentos por combustibles, ganancias y monotributo sumaron 0,74% del PBI. El costo fiscal neto anual de los once cambios alcanzó 1,61% del PBI.
¿Más de 4 puntos?
En el análisis acumulado de los tres primeros años de la gestión de Milei, el informe de Argañaraz identificó que solo tres tributos aumentarían su recaudación a raíz de las modificaciones: el impuesto a los combustibles, el impuesto a las Ganancias y el monotributo. En conjunto, estos tributos aportarían 1,5% del PBI, con una distribución interna de 55% para combustibles, 36% para Ganancias y 9% para monotributo.
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En contraposición, ocho tributos reducirían la recaudación, generando una merma acumulada de 4,5% del PBI entre 2024 y 2026. El impuesto PAIS explicaría el 43% de esa caída, seguido por los derechos de exportación y Bienes Personales, con una participación de 19% y 18% respectivamente, e IVA con 11 por ciento.
El saldo neto de todo el proceso implicó, según la cuantificación de Argañaraz, una pérdida de recaudación de 3% del PBI durante los primeros tres años de gobierno libertario. El reporte describió que la estructura de los cambios no fue uniforme: las bajas y subas de impuestos impactaron de manera diferenciada sobre sectores y actividades.
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Las proyecciones para 2027 indican que el efecto neto anual de los principales cambios tributarios provocaría una pérdida de recaudación equivalente al 1,77% del PBI, lo que representa un aumento de cerca de 0,16% del PBI respecto a 2026. Esta diferencia se explica principalmente por una mayor caída de ingresos vinculada a la posible implementación del FAL y por un aumento del costo fiscal asociado a Bienes Personales. Estas disminuciones se verían parcialmente atenuadas por una menor pérdida de recursos, ya que dejaría de incidir el impacto negativo del restablecimiento de los certificados de exclusión de percepciones de IVA y Ganancias en Aduana.
Según los cálculos y proyecciones hasta la fecha, el análisis de Argañaraz estimó que el Gobierno de Milei implementaría cambios tributarios con un costo fiscal acumulado de 4,7% del PBI durante los cuatro años de gestión. Ese volumen de recursos pasaría a manos del sector privado, alterando la estructura de ingresos del Estado y el peso relativo de los tributos en la economía.
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