
Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo aseguró que ya hubo consenso con los técnicos del FMI sobre “cómo sigue el programa económico”, el Gobierno definió sobre el cierre del jueves que avanzará en la recta final de la negociación y que envía al Congreso el acuerdo.
El organismo, por su parte, descartó que una aprobación del Congreso sean un requisito formal, aunque dio a entender que el board dará luz verde una vez que el Poder Ejecutivo pueda mostrar cumplimiento normativo local.
En el Gobierno espera que el Staff Level Agreement, el documento oficial que se firma luego de la discusión técnica y contiene el detalle de lo convenido con el organismo, esté listo para fines de marzo, o principios de abril; y que el directorio del organismo se reúna para analizarlo a comienzos de mayo.
Este jueves, en un foro empresario en Mendoza, Caputo reafirmó que el nuevo programa estará cerrado antes de que finalice el primer cuatrimestre del año y afirmó que habrá “fondos frescos” para recapitalizar el balance del BCRA mediante la cancelación de Letras Intransferibles del Tesoro.
“Va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre, nos hemos puesto de acuerdo en cómo sigue el programa económico” (Caputo)
“Es un paso muy importante. Va a haber un acuerdo para el primer cuatrimestre, nos hemos puesto de acuerdo en cómo sigue el programa económico”, anticipó e insistió en que “jamás el Fondo pidió devaluación”, dijo. Y afirmó que el fortalecimiento del Banco Central es “uno de los pasos para salir del cepo”.
Para cerrar el acuerdo, Caputo dijo que deben cumplirse pasos con la burocracia del Fondo Monetario y “también, en las próximas semanas, con nuestra propia burocracia, porque el acuerdo tiene que ir al Congreso”. Más tarde quedó claro que ese papel del parlamento estaba reservado a la evaluación de un DNU más que a tratar de manera formal un proyecto de ley.
La portavoz del organismo, Julie Kozack, aseguró este jueves que “un amplio apoyo son clave para el éxito del programa”, aunque no habló específicamente de la necesidad de pasar una ley por el Congreso, algo que señaló que se trata de un requerimiento de la normativa argentina y no del FMI. “Asegurar el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades, tal como lo establece la legislación interna argentina, y al mismo tiempo, por supuesto, un amplio apoyo político y social puede mejorar la implementación del programa”, dijo la funcionaria.

Tras esa conferencia de prensa, una aclaración posterior de fuentes del organismo mencionó que “para que el Directorio Ejecutivo del FMI pueda aprobar el programa será necesario que las autoridades aborden los requisitos legales a nivel nacional”. Horas después, el Gobierno confirmó que buscaría autorizar la negociación con el visto bueno del parlamento.
Al menos hasta anoche, el FMI había guardado silencio con respecto a la estrategia oficial. Las declaraciones del organismo dieron a entender que no plantearía una exigencia sobre un proyecto de ley que respalde el programa acordado, pero sí que el Ejecutivo se asegure de cumplir con la normativa vigente para que luego el board pueda dar luz verde a nuevos desembolsos.
El Gobierno así evitaría tener que presentar un proyecto de ley que cumpla con la Ley 27.612, aprobada en marzo de 2021 y presentada por el entonces ministro Martín Guzmán, que estableció que el endeudamiento en dólares por encima de lo presupuestado y los programas con el FMI tienen que contar con una ley específica del parlamento.

Hasta el momento las declaraciones públicas del presidente Javier Milei –en la Asamblea Legislativa el sábado pasado– y el ministro de Economía Luis Caputo –ante empresarios en Mendoza este jueves– dieron a entender que el Poder Ejecutivo no buscará saltearse esa ley.
El Gobierno dejó saber que solo incluiría el pedido de autorización para concretar el programa y acordar ese nuevo endeudamiento con el Fondo, bajo la interpretación de que la “Ley Guzmán” no estipula explícitamente que el contenido de los memorandos que se acuerden con el organismo tienen que formar parte en términos legislativos de esa solicitud de permiso para firmar el acuerdo.
El único antecedente en que el Congreso debatió bajo el paraguas de esa ley fue durante la discusión del programa Extended Fund Facility (EFF) de marzo de 2022. El proyecto original incluía los memorandos como parte integrante de la norma, pero a lo largo del tratamiento fue removido de la ley que promulgó el Poder Ejecutivo. Así, en términos prácticos, el Gobierno de Alberto Fernández solo necesitó la autorización para completar el acuerdo.
Los propios documentos del FMI de ese entonces no muestran que en ningún punto de las acciones previas requeridas (prior actions) el organismo exigiera el visto bueno del Congreso. Lo único que sí esperaba el Fondo Monetario era una modificación al Presupuesto de ese año que reflejara las nuevas metas.
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