Reservas, superávit y reformas: cómo terminan las metas con el FMI antes de la negociación para un programa nuevo

En pocos días el Fondo Monetario Internacional, como el resto de los organismos internacionales, ingresarán en el receso de invierno del hemisferio norte, pero el ida y vuelta con el Gobierno argentino seguirá con persistencia en la agenda de la institución, entre un programa financiero que llega a su fin con metas cumplidas, otros objetivos no alcanzados, uno que todavía está en negociación y reuniones en las primeras semanas del 2025.

Esta semana terminará el séptimo año tras el regreso de la Argentina como deudor del FMI, luego de haber acordado un primer préstamo a mediados de 2018 y un segundo programa en 2022 para refinanciar el anterior. Desde su inicio, este último programa acumuló incumplimientos en las metas de acumulación de reservas y déficit fiscal a medida que los indicadores económicos se deterioraban. El 2023 finalizó bajo la gestión de Alberto Fernández, con los fundamentos del programa Extended Fund Facility (EFF) alejados de los objetivos previstos.

El equipo económico libertario rediseñó, en acuerdo con el organismo, el esquema de metas, haciéndolo más exigente, principalmente en lo fiscal. Las metas de reducción de déficit fiscal primario se transformaron en un objetivo de superávit fiscal mínimo antes del pago de intereses de la deuda, junto con un objetivo ambicioso de acumulación de reservas. En cuanto a la emisión monetaria para financiar al Tesoro, el Banco Central eliminó completamente esa opción desde el inicio del mandato de Javier Milei, lo que sacó ese tema de la mesa de discusiones.

El próximo paso incluye la devolución de los USD 45.000 millones que el Estado aún adeuda, entre 2026 y 2032. Desde el Palacio de Hacienda aseguran que la relación con el FMI se mantiene mediante un contacto cotidiano y destacan como prioridad que el organismo entienda los próximos pasos de la política económica, con especial énfasis en el régimen cambiario.

El esquema de metas es trimestral y en diciembre la que tiene mayor importancia es la de acumulación de reservas. El Banco Central reconoció en un documento reciente que, salvo una aceleración muy fuerte de compras en el MULC en los últimos días hábiles del mes, no podrá cumplirla. Las metas del primer y segundo trimestre fueron sobrecumplidas, pero la del tercero, a fines de septiembre, y que tuvo lugar tras la marcada caída de reservas netas durante esos meses, fue incumplida por un margen considerable.

Hacia el último trimestre, el acuerdo vigente con el organismo preveía que el BCRA debería ser capaz de mostrar un acopio de divisas que deje a la entidad central con USD 9.700 millones por encima del nivel de reservas netas que tenía tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023. Hasta esta semana, la diferencia con ese umbral es de unos USD 1.600 millones. No habría forma de cumplirla, salvo que mediara una aceleración fortísima de las compras en los últimos tres días hábiles del año.

Un asterisco que intentó marcar el BCRA para matizar ese incumplimiento es que de no haber comprado el Tesoro por anticipado los dólares a la autoridad monetaria para pagar los bonos en los primeros días de enero –algo que no era necesario, pero que la Secretaría de Finanzas concretó para dar certidumbre al mercado en un momento de fuerte volatilidad cambiaria en julio pasado–, el Central tendría reservas suficientes para cumplir esa meta.

En lo fiscal, el Gobierno terminó el año de manera mucho más holgada, aunque las metas estipuladas hasta la octava revisión -que tuvo lugar a mitad de año- solo contenía objetivos de superávit fiscal hasta fines de septiembre y no extendió un número esperado para el cierre del 2024. Para el último día de septiembre el excedente fiscal primario esperado era de 7,6 billones de pesos y terminó por ser de 9,5 billones de pesos.

En otras metas también hubo cumplimiento: la de emisión monetaria para financiar al Tesoro –que preveía que fuese nulo a lo largo de todo el año–, la de deuda flotante, que a fines de septiembre debía ser como máximo de 4,9 billones de pesos y ese mes terminó en torno de los 2,3 billones de pesos y en la no acumulación de atrasos en el pago de la deuda externa, una meta que no incumplieron ni el Gobierno anterior ni el actual.

El programa con el Fondo, de todas maneras, también incluía una hoja de ruta de reformas y medidas económicas que el Poder Ejecutivo no tiene obligación de cumplir como con las metas de reservas o superávit, aunque marcan la dirección hacia la que el organismo y la Casa Rosada acuerdan avanzar.

Uno de esos objetivos era la elaboración de una propuesta de reforma impositiva. “Elaborar y publicar un proyecto de propuesta para mejorar la eficiencia, la equidad y la simplicidad del sistema tributario, incluso reorientándolo hacia impuestos distorsionantes sobre el comercio y las transacciones financieras”, planteó el staff del FMI, con fecha de referencia a octubre pasado. Finalmente, el Gobierno oficializó que trabaja en ese proyecto, pero que quedará para su discusión en el parlamento en algún momento de 2025.

Otro elemento en alta consideración del Fondo Monetario es el diseño y aprobación de un presupuesto anual. El Gobierno cumplió la parte comprometida ante el organismo de enviarlo al Congreso, pero su discusión no asoma como una prioridad del oficialismo en sesiones extraordinarias. El FMI y otros organismos internacionales suelen interpretar que un presupuesto sancionado es una señal positiva de gobernanza para cualquier gobierno, y más en un contexto de una discusión que ya se inició hacia un programa financiero nuevo.

Las próximas instancias de encuentros mano a mano con el FMI podría tener lugar apenas iniciado el 2025. Se prevé que el presidente Javier Milei viaje al Foro de Davos, en Suiza, a mediados de enero. En la edición de este año tuvo lugar el primer encuentro cara a cara entre el jefe de Estado y la plana mayor del organismo, días después de que se hubiese anunciado en Buenos Aires el cierre de la séptima revisión trimestral.