Mientras busca apurar el acuerdo con el FMI, el Gobierno inicia el ajuste de los subsidios y defiende la Ley Ómnibus

En medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional que se extenderá hasta mitad de semana para llegar a un acuerdo nuevo con metas y desembolsos para este año, el Gobierno dio el primer paso para la eliminación paulatina de los subsidios a las tarifas, y mañana comenzará la defensa de los aspectos económicos de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

Se trata, en ese sentido, de dos aspectos que son considerados decisivos por parte del FMI. El de los subsidios, porque es una de las partidas presupuestarias que tendrán el recorte más pronunciado entre todos los que componen el gasto público nacional (se estiman en 0,7% del Producto Bruto para este año). Aunque no implicará que desaparecerán en el primer año de mandato de Javier Milei sino que se trata de un plan para reducirlos por tercios a lo largo de tres años.

Los números que estimó el equipo económico reflejan que los subsidios energéticos representaron 1,5% del PBI en 2023, es decir la mitad del desequilibrio total del sector público. En 2019 el monto era equivalente a 1 punto del PBI en el final del Gobierno de Mauricio Macri y en 2020 saltó a 1,8% del PBI, ya en la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

El secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo fue el encargado este lunes de poner de relieve una propuesta nueva de reducción de subsidios, que estará basada en cinco pilares. El primero será determinar los ingresos totales del grupo conviviente en una unidad familiar. El segundo será establecer una “canasta energética básica”, que cubra las necesidades básicas e indispensables de las personas, la cual se determinará en una cantidad de metros cúbicos en el caso del gas o kilovatios horas al mes para la electricidad que sería el máximo de lo que se considera subsidiable. Esa cesta tendrá en cuenta los tipos de consumo en distintas zonas del país.

Luego, deberá contrastarse el costo de esas cantidades (MM3 o kilovatios por mes) con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso subsidiando la diferencia. “El subsidio será a la situaciones de vulnerabilidad”, explicó el secretario de Energía. Es que, en concreto, la asistencia se otorgará cuando el precio de la canasta básica energética supera un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente.

Actualmente la segmentación contempla tres universos de usuarios pero determinados por la Canasta Básica Total (CBT) del Indec: los N1 (ingresos altos) que pagan tarifa plena por tener un ingreso mayor a 3,5 CBT, N2 (ingresos bajos) con tarifa social y N3 (ingresos medios) que mantienen un subsidio de hasta 400 kilovatios para el caso de la electricidad y pagan pleno por el excedente.

Este martes, sin presencia esperada del ministro de Economía, comenzará en la Cámara de Diputados otra parte del plan económico. El oficialismo defenderá en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert los aspectos económicos de la ley ómnibus, entre ellos las desregulaciones a distintos sectores y las modificaciones al entramado administrativo del Estado nacional.

También deberá poner sobre la mesa la necesidad de la aprobación del paquete de iniciativas tributarias, que implican otra pata en el plan de ajuste. El megaproyecto de ley incluye una moratoria, un blanqueo de capitales y un esquema de pago anticipado de Bienes Personales. Con eso buscará un refuerzo en la recaudación tributaria.

La solidez del plan económico pero también el posible apoyo político son dos cuestiones que desvelan al Fondo Monetario. En su última conferencia de prensa, la portavoz del organismo Julie Kozack había asegurado que la economía argentina necesitaría de un plan de estabilización que además tenga respaldo político. El oficialismo apostó a enviar un paquete amplísimo de profundas reformas y dio poco paso a la negociación política con el resto de los bloques.

La definición de la nueva etapa del programa con el FMI se demora. Este lunes hubo una reunión de alto perfil entre los dos enviados del organismo, el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental Luis Cubeddu y el jefe de la misión argentina Ashvin Ahuja, junto con el representante permanente en Buenos Aires Ben Kelmanson, de un lado de la mesa, y Luis Caputo y Nicolás Posse del otro.

El equipo técnico permanecerá en Buenos Aires, estiman fuentes oficiales, hasta el miércoles para buscar una salida a un programa financiero que cayó en estado de “descarrilamiento” a fines de 2023 y que requiere nuevas metas para el 2024 y medidas acordadas con Washington. El resultado de este ida y vuelta con los técnicos del organismo tiene números concretos y que son urgentes para el Palacio de Hacienda y el Banco Central.

La letra chica del programa con el Fondo preveía que la séptima revisión –la que tiene lugar en estos días y que en los papeles examinaría el cumplimiento de las metas de septiembre– dará lugar a una visión prospectiva y debería habilitar un envío de USD 3.300 millones al BCRA. Esa cifra era, por lo pronto, lo que había anticipado el staff técnico en su último reporte.

Con ese dinero el Gobierno debería hacer frente a los USD 1.950 millones de capital que vencen el último día de enero. Los vencimientos de diciembre (USD 920 millones) fueron cancelados con un préstamo de la CAF. En rigor la cuenta es más abultada si se toma en consideración que el 1° de febrero habrá vencimientos de intereses, por casi USD 850 millones, estimó un informe de 1816. Típicamente, a diferencia del capital, los intereses no pueden ser postergados hasta fin de mes.

A lo largo del año los números muestran que hay más pagos previstos (USD 7.665 millones) que desembolsos (USD 6.550 millones), lo que implicaría que el Poder Ejecutivo debería repagar parte del 2024 con dólares acumulados durante el año.