Déficit y deuda, las claves que determinarán si el Gobierno está cerca de acordar con el FMI

Las ansiadas precisiones sobre las expectativas que tiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto de la negociación con la Argentina comienzan a llegar. Muchos de los principales acreedores de la Argentina las recibieron esta semana en forma directa en Nueva York, en el mismo escenario. Tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el director para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, disertaron en el ámbito del Council of the Americas ante un auditorio expectante.

Tras la primera reunión de trabajo en esa ciudad entre Guzmán y el equipo del FMI asignado al país -la segunda de Werner, Julie Kosack, y el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubbedu- Werner había advertido sobre la necesidad de “definir” y “comunicar” los lineamientos del plan económico. El ministro de Economía le respondió horas más tarde con la publicación del cronograma de pasos para renegociar la deuda, con fin el 31 de marzo.

Entre esos lineamientos, es evidente, hay dos ejes centrales, prácticamente excluyentes, que hacen a la negociación con Fondo para reprogramar los vencimientos del crédito por USD 57.000 millones (de los que se desembolsaron USD 44.000 millones): el déficit fiscal y la deuda. Paradójicamente, el primero de ellos, la histórica obsesión de los técnicos del organismo por las cuentas públicas, no surge como un gran obstáculo. Por el contrario, el cierre fiscal de 2019, con un desequilibrio de 0,44% del PBI, en línea con lo comprometido en el acuerdo hoy suspendido, es una base mejor que lo previsto. Desde allí se podría lograr, este año, el equilibrio o incluso un mínimo superávit fiscal gracias al paquete de ajuste lanzado por el Gobierno. La preocupación por el orden de las cuentas públicas es compartida por el presidente Alberto Fernández, quien lo expresó durante la campaña y lo repite ahora en la Casa Rosada. Esta coincidencia resulta vital y allana el camino de la discusión.

Sin embargo, al margen de las características y condicionalidades que podría tener un nuevo acuerdo, el enfoque de la oferta a los acreedores privados para reestructurar la deuda es hoy el principal escollo para avanzar rápidamente. O al menos en los tiempos confirmados por el Gobierno. “Algún tipo de entendimiento para esa fecha tendrá que haber”, aseguraron fuentes oficiales.

De acuerdo al cronograma publicado, que ya había sido anticipado en Economía a un grupo de inversores, el marco del plan de sustentabilidad de la deuda -no la oferta- se conocerá a mediados de febrero, entre el 12 y el 17, en coincidencia con la misión del FMI que viste Buenos Aires. El apoyo a ese plan del Fondo Monetario a esos lineamientos primero y, sobre todo, a la oferta más adelante, sería un gran facilitador en la negociación con los acreedores. De no contar con ese aval, probablemente los plazos se extiendan ya que difícilmente los bonistas acepten prórrogas y quitas sin conocer cómo será el nuevo esquema de vencimientos con el propio FMI, fundamental para determinar la capacidad de pago de la Argentina. De hecho, entre los acreedores se empieza a contagiar el temor de que Guzmán avance con una oferta unilateral, tal como ocurrió en 2005 para salir del default.

En esa oportunidad, también con las cuentas en orden como lo recuerda Fernández cada vez que puede, el gobierno de Néstor Kirchner avanzó con una propuesta a los acreedores que no contó con el apoyo del FMI. Tuvo una aceptación de 76% de los acreedores. El resto terminó aceptando la misma oferta cinco años más tarde, con excepción de los fondos buitres, conflicto que se resolvió recién en 2016. El resultado de ese proceso fue la falta de financiamiento, el principal riesgo que corre el actual Gobierno si opta por una estrategia de alta agresividad.

Pero no sólo la discusión con los tenedores de deuda privados presenta desafíos a la hora de sentarse con el Fondo Monetario. La deuda con el mismo organismo también deberá reprogramarse, aunque sin ningún tipo de quitas. El objetivo máximo al que podría aspirar el Gobierno es estirar los plazos a 10 años. Para lograrlo, deberá mostrar algo más que buena fe. De dónde sacará los dólares, es decir, cómo hará para crecer y pagar será la incógnita clave que deberá despejar para convencer al directorio del FMI.

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