Aumento del salario mínimo por regiones en Colombia genera expectativas por la forma como se daría: qué dicen los expertos y los trabajadores; a quiénes beneficia y a quiénes no

A un mes de iniciar de manera formal la concertación del aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia entre Gobierno, empresarios y trabajadores, Corficolombiana, corporación financiera y holding de inversiones del Grupo Aval, propiedad de la familia Sarmiento Angulo, propuso dos cosas: una es elevar en 8% el sueldo básico y la otra es abrir el debate sobre una escala regional.

El planteamiento expuesto en un comentario en el informe denominado Salario mínimo 2027: la primera pieza del ajuste macroeconómico, pone sobre la mesa un cambio en la regla que Colombia aplica desde 1983: dejar de tener un único piso salarial nacional y calcular valores que respondan al costo de vida, la productividad y las condiciones de empleo de cada territorio.

La propuesta recibió diferentes análisis: mientras sus defensores ven una posible herramienta contra la informalidad (supera el 54%, según el Dane) y para alinear el mínimo con economías locales muy desiguales, los sindicatos advierten que puede fragmentar los derechos de los trabajadores. Expertos coinciden en que cualquier iniciativa demandaría sustento técnico, discusión política y una revisión jurídica.

Así es la discusión territorial que propone Corficolombiana

Para ir más allá de la propuesta, Infobae Colombia consultó al director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, que explicó que el cálculo central del informe se concentró en el ajuste para el próximo año. “Con base en las cifras que tenemos hoy en día, lo técnicamente deseable del aumento era del 8%”, indicó. Con esto, el aumetno sería de $140.072 y pasaría de $1.750.905 a $1.890.977 (sin incluir el auxilio de transporte).

Pabón precisó que la idea consiste en pensar “diferentes alternativas al salario mínimo”, entre ellas una diferenciación territorial. Según dijo, el debate debe comenzar por establecer por qué un esquema de este tipo podría tener sentido antes de abordar sus instrumentos legales y operativos.

Para el economista, el salario mínimo vigente desconoce diferencias profundas entre las regiones colombianas. “Las dos variables para uno considerar el incremento del salario mínimo, y que en últimas debería reflejar el salario mínimo, son el costo de vida y la productividad”, sostuvo. Mencionó como aproximaciones la inflación para el costo de vida y la productividad total de los factores, que el Dane mide cada año, para el segundo componente.

En esa comparación ubicó las brechas entre una ciudad como Bogotá y territorios como La Guajira, Amazonas o Chocó, así como las diferencias frente al Valle del Cauca. “Son realidades muy distintas”, dijo al considerar que la discusión debe dirigirse a “un salario mínimo regional que reconozca” esas disparidades. Añadió que Estados Unidos fija mínimos por estados, por lo que, según él, no se trata de una idea puramente teórica.

Corficolombiana no presentó una delimitación territorial ni una metodología para decidir cuánto debería pagarse en cada lugar. Pabón remarcó que esos detalles requieren una discusión posterior. “Más allá del mecanismo legal, que nosotros no somos abogados sino economistas, es cómo se puede reconocer esas brechas”, manifestó. En su criterio, una eventual regla debe hacer que las variaciones futuras de los salarios regionales correspondan a los cambios en costo de vida y en productividad de cada zona.

Los derechos adquiridos fijarían el punto de partida

Ante la posibilidad de que una regionalización partiera de valores inferiores a los actuales, Pabón descartó esa interpretación. “Constitucionalmente hablando, no hay duda alguna: no se puede bajar el salario”, declaró. Afirmó que cualquier discusión tendría que partir de los derechos ya adquiridos y del costo de vida, por lo cual la base sería “lo que ya existe hoy en día” y el debate se concentraría en la evolución posterior, no en modificar retroactivamente las remuneraciones.

Sostuvo que una diferencia entre Bogotá, Riohacha, Barranquilla y Medellín debería expresarse en los aumentos y no necesariamente en un recorte del piso vigente. “Lo ideal es que estas decisiones a nivel regional reconozcan el aumento de costo de vida, el cambio de costo de vida y el cambio de productividad de cada una de las regiones”, indicó. Para él, la disponibilidad actual de indicadores por territorio permite llevar a escala regional los mismos referentes técnicos que se emplean en la conversación nacional.

Y es que la informalidad es uno de los efectos que la propuesta pretende abordar. De acuerdo con el experto, cuando el salario mínimo se sitúa muy por encima de la productividad y del costo de vida de una región, se dificulta el acceso a la formalidad. “Hoy en día la informalidad de la ruralidad llega a superar el 80% frente a lo urbano, que es menor del 50%”, expuso al tomar el campo como el ejemplo más visible.

El director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana relacionó esa brecha con una productividad y un costo de vida rurales inferiores al estándar nacional. “Esta medida busca precisamente reconocer esas diferencias en productividad”, dijo. También planteó que el fenómeno se repite entre ciudades: donde el mínimo queda muy distante de las condiciones económicas locales, señaló, suele observarse mayor informalidad. Su expectativa es que, en el mediano y largo plazo, un esquema ajustado a esas variables reduzca la distancia entre empleo formal e informal.

Reconoció que llevar la discusión a una mesa de negociación con múltiples regiones implicaría rediseñar el sistema. Sin embargo, considera que el funcionamiento actual dejó de ser suficiente para responder a la economía del país. Citó como antecedente el impacto de un incremento de 23,7% y sostuvo que esa decisión mostró consecuencias negativas sobre varias variables y distintos territorios. “Nos hace repensar este mecanismo”, afirmó.

De esta manera, en vez de priorizar una negociación política, el economista propuso que los parámetros técnicos guíen el resultado. “Más allá de si se hace por concertación o como se decida hacer, sí debe regirse por criterios técnicos”, dijo. De acuerdo con él, esos criterios adquirirían más peso con un salario regional, porque tendrían que determinar las diferencias entre territorios.

La propuesta vuelve a una discusión que Colombia tuvo antes de 1983

Colombia no siempre tuvo un salario mínimo nacional uniforme. Durante los años 60 existieron valores distintos por departamentos y por zonas rurales. En 1972 se establecieron diferenciaciones según sectores económicos y tamaño de las empresas. La unificación llegó en 1983, de modo que el modelo vigente tiene más de cuatro décadas.

César Pabón recordó que la conversación no es nueva. “Hace 10 o 15 años, incluso yo estando en Fedesarrollo, se propuso”, expresó. También aludió a las diferencias entre áreas urbanas y rurales que existieron durante el siglo pasado y dijo que la intención de su informe es reactivar una deliberación que considera necesaria.

Señaló que los empresarios reaccionaron de manera favorable a la posibilidad de examinar el asunto, aunque no informó de una presentación formal de la propuesta ante el Gobierno, los sindicatos o los gremios. “Hemos recibido mucha retroalimentación. Hay muchos empresarios a los que les parece una propuesta interesante para evaluar”, afirmó.

El mensaje de fondo, según él, es revisar el desempeño de la regla actual tras el alza de 23,7% del año anterior. “Es momento de parar un poco y pensar si realmente el salario mínimo como está existiendo hoy en día es lo más deseable para nuestro país”, sostuvo. Agregó que los efectos rápidos y pronunciados de aquella decisión apuntan, en su visión, a que el mecanismo actual “no parece una solución óptima a los problemas y a las realidades” colombianas.

La referencia histórica no elimina los interrogantes sobre protección laboral. Una eventual reforma tendría que establecer qué regiones entrarían en cada categoría, qué condiciones activarían un valor determinado, cómo se calcularía cada actualización y qué instituciones vigilarían su cumplimiento. Sin esas definiciones, la propuesta se mantiene en la etapa de discusión económica y no configura una nueva política salarial.

Debate posible, pero con límites jurídicos

Para ir más allá de la propuesta, Infobae Colombia también habló con expertos como el exministro del Trabajo Ángel Custodio Cabrera, que considera que el tema debe ser estudiado, aunque advirtió que las dificultades legales y políticas son relevantes. “Se discute el salario mínimo, esa propuesta aparece, pero siempre se queda ahí como en el tintero”, dijo. Para Cabrera, las condiciones económicas del país suelen aplazar el avance de la idea y por eso señaló que “vale la pena empezar a estudiarlo”.

Identificó en la Constitución el núcleo de la controversia. “La Constitución no lo prohíbe como tal”, afirmó, pero explicó que el artículo 53 se refiere a un “salario mínimo vital” y que el artículo 9, según su referencia, también alude a la igualdad de los trabajadores en Colombia. Por esa razón, la noción de un “salario mínimo vital” igual para todos abre una discusión amplia sobre la compatibilidad de diferencias territoriales con ese principio.

Planteó que una propuesta de este tipo necesitaría un respaldo integral. “Tiene que ser técnicamente, jurídicamente y, sobre todo, en lo que tiene que ver con la productividad laboral, muy bien soportada”, sostuvo. Añadió que otros países aplican modelos diferenciados y que el análisis podría considerar regiones y actividades económicas, dado que no enfrenta las mismas condiciones un trabajador industrial de una gran ciudad con beneficios extralegales que un campesino dedicado a la recolección de cosechas.

También puso en duda que el Gobierno pueda adoptar el cambio por decreto. Según expuso, existen interpretaciones sobre esa facultad porque la Ley 50 de 1990 no habría habilitado al Ejecutivo para establecerlo de esa manera. “Tendría que ser vía legal”, afirmó, en referencia a un proyecto que el Congreso de la República tendría que tramitar.

Aun así, el exfuncionario señaló que la discusión debe pasar primero por la institucionalidad de concertación laboral. “La Ley 278 de 1996 prevé que cualquier tema que tiene que definirse en una ley debe pasar o por lo menos haberse planteado en una mesa de concertación laboral”, explicó. Dijo que el Gobierno podría llevar el asunto al Congreso si lo impulsa, pero el contexto económico vuelve compleja la iniciativa.

Inflación y formalidad entrarían en el cálculo regional

Para Ángel Custodio Cabrera, las diferencias de inflación son un componente central de cualquier modelo territorial. “La inflación regional hoy existe. El Dane tiene ese dato y ayudaría mucho a la discusión en la mesa de concertación”, aseguró. Según dijo, el comportamiento de los precios no es igual en grandes ciudades, áreas rurales y zonas de frontera, ni en lugares donde el empleo informal es predominante.

Recordó su experiencia cuando el salario mínimo llegó a $1.000.000. “En junio del siguiente año, el mínimo estaba totalmente copado por los costos”, relató. Explicó que, tras la pandemia, una etapa de menor presión de precios dio paso a aumentos que afectaron de manera distinta a las regiones. Por ello, propuso un análisis profundo de todos los territorios antes de llevar una alternativa de este tipo a la mesa.

Sobre la informalidad, habló de una posibilidad desde la perspectiva académica, sin desconocer su complejidad política. “Pague un salario mínimo menor, pero con todas las prestaciones sociales y lo más importante, la formalidad”, dijo al describir cómo podría incentivarse la vinculación formal en zonas con alta informalidad. El objetivo, añadió, sería que empleadores y trabajadores aporten a salud y pensión y, de ese modo, exista protección durante la vejez.

Advirtió que esa fórmula encontraría resistencia por el uso político que suele rodear los derechos laborales. “Académicamente esa es la respuesta”, afirmó, pero insistió en que se requeriría un análisis de las condiciones de cada territorio y de las garantías sociales que acompañarían un menor mínimo nominal.

Frente a la concertación de 2027, Cabrera señaló que el aumento de 23,7% dejó impactos desiguales. “Algunos sectores económicos lo absorbieron sin problema, pero a las pequeñas y medianas empresas les es muy difícil”, sostuvo. Mencionó cierres y dificultades en gastronomía y servicios, y afirmó que parte de esos sectores se trasladó a la informalidad. “Cualquier incremento desbordado del salario mínimo va a repercutir en la formalidad o en la informalidad”, agregó.

Su expectativa es que la negociación considere inflación, productividad y el beneficio adicional que tradicionalmente se reconoce, de “uno o dos puntos”. “Debe haber una muy buena mesa de concertación” para buscar lo mejor para los trabajadores, indicó. Cabrera concluyó que la propuesta de Corficolombiana puede llegar a ese espacio, pero requiere un debate amplio.

A los trabajadores no les gusta el salario mínimo por regiones

La postura sindical fue tajante. El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y Servicios Públicos de Colombia (Utradec), Percy Oyola, calificó la regionalización como un retroceso para los asalariados. “El salario mínimo por regiones sería un retroceso para los trabajadores colombianos”, declaró a este medio.

Oyola recordó que el país ya tuvo salarios diferenciales entre zona urbana y rural y sostuvo que esa experiencia produjo discriminación. “Por ahí ya pasamos hace muchos años”, señaló. De acuerdo con el dirigente, volver a separar los mínimos por región segmentaría a los que hoy pueden acceder al “salario mínimo vital”, una categoría que mencionó en relación con la decisión del gobierno anterior.

Según él, el sindicato no respaldaría la iniciativa si llega a la Comisión de Concertación. “No respaldamos esa idea si se propone en la Comisión de Concertación”, afirmó Oyola. Dijo que la propuesta ya apareció en distintos momentos de los últimos años y anticipó que tampoco apoyarían una eventual presentación de proyecto de ley en esa dirección, aunque el cambio exigiera modificaciones legales.

De igual manera, el presidente de la CGT sostuvo que el efecto principal sería una pérdida para los trabajadores.

“No podemos dividir más el país ni dividir a los trabajadores colombianos creando trabajadores de salario mínimo de primera, de segunda o de tercera, dependiendo de la región en la que se encuentren”, dijo. Con esa posición, Oyola marcó una diferencia de fondo frente a la premisa de que un menor costo laboral regional puede favorecer la formalización.

Beneficios potenciales y riesgos operativos

El profesor de Negocios Internacionales, Economía y Gobierno de la Universidad EAN Juan Diego Lobo coincidió en que la fórmula no es inédita. “La propuesta de implementar un salario mínimo regional no es nueva ni novedosa”, afirmó. Recordó que en Estados Unidos cada estado define su mínimo por hora y que Colombia tuvo una aplicación parcial del esquema a comienzos de los años 70, antes de la unificación de 1983.

Indicó que ya existen evaluaciones sobre este debate. Citó el Borrador de Economía 1023 del Banco de la República y mencionó que el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) Jorge Iván González propuso una medida similar hace alrededor de tres años, sin que tuviera mayor eco ni éxito.

Dentro de las ventajas, el académico ubicó la posibilidad de ajustar mejor el salario formal al costo de vida local. “Al poder ajustar a la baja, la barrera a la formalización laboral puede bajarse”, señaló. También afirmó que un índice de Kaitz mejor ajustado debería mostrar con más precisión la relación entre remuneración y productividad. Ese indicador compara el salario mínimo con una medida de los ingresos laborales y permite observar su peso relativo según territorio.

Añadió que una escala territorial podría tener un efecto favorable, aunque marginal, sobre la menor inercia de la inflación por ingresos. Al mismo tiempo, advirtió que en mercados con baja productividad o pocos empleadores el mínimo puede actuar como corrector al alza de las remuneraciones. “Con el valor mínimo regionalizado podría haber un efecto perjudicial para trabajadores formales”, alertó.

El costo de vida tampoco es homogéneo dentro de una misma región. Para el docente, un mínimo inferior podría disminuir el ingreso disponible en municipios donde alimentos, transporte y servicios son caros, aun si el promedio regional resulta menor. Además, puntualizó que las brechas entre salarios mínimos podrían impulsar migración interna sin claridad sobre la capacidad de las regiones receptoras ni sobre el efecto en los territorios que pierdan población.

Adujo que el sistema pensional y todos los pagos indexados al mínimo representarían otra dificultad. “El ajuste pensional se tendría que ajustar a la regionalización y la indexación debería reflejarlo”, dijo Juan Diego Lobo. A su juicio, conciliar y auditar obligaciones que hoy dependen de una referencia central sería más complejo de lo que ya es.

También cuestionó la cobertura estadística para definir el mapa salarial. “El criterio técnico para regionalizar depende fundamentalmente de la Geih”, afirmó sobre la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane. Esa operación es estadísticamente representativa para 23 ciudades principales y áreas metropolitanas, por lo que, según Lobo, falta sustento para cubrir el resto del país. En el terreno político, agregó, la iniciativa choca con el discurso reciente sobre el salario vital y con el significado que se atribuye al mínimo actual.

Esquema viable en teoría, pero improbable en política

El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana Wilson Rodríguez diferenció la posibilidad técnica de la viabilidad política. “Técnicamente es viable, sí se podría plantear al menos la discusión, pero políticamente lo veo altamente improbable, al menos en el corto plazo”, dijo.

Rodríguez explicó que la teoría económica ha mostrado que un país heterogéneo puede perder eficiencia con un único salario mínimo para todos sus territorios. Colombia, sostuvo, presenta una disparidad regional considerable. En áreas periféricas, el mínimo puede superar el 90% del ingreso medio, mientras que en capitales departamentales como Bogotá, Medellín y Barranquilla puede ubicarse más cerca de 60% o 65%.

“Eso es algo que normalmente se llama el índice de Kaitz”, explicó el académico, que señaló que las cifras pueden consultarse en el Dane. Para él, esa distancia aporta razones y datos para que el país examine la posibilidad de una diferenciación, aunque no garantiza que la reforma pueda ser aprobada.

El principal obstáculo, según el análisis, es que se necesitaría modificar una ley y enfrentar resistencias de gremios, centrales obreras y liderazgos regionales. “Las centrales obreras podrían argumentar que eso puede llevar a cierta precarización, a cierto estigma, a que los derechos no sean iguales para todos”, enfatizó. También anticipó presión de gobernadores y dirigentes locales, porque una reducción del mínimo en una región sería mal recibida por quienes lo perciben.

Resaltó que el diseño no debería quedar en manos de negociaciones políticas departamentales. “Esto no debería ser político, no debería ser como mesas de negociación por departamento donde los líderes políticos sean los que empiecen a negociar”, afirmó. Propuso una regulación centralizada, con metodología organizada y coordinada, seguida de una aplicación descentralizada dentro de bandas previamente definidas.

La fórmula, según él, tendría que incorporar el poder adquisitivo regional y la productividad marginal por trabajador, medida como producto interno bruto por trabajador de cada departamento. “Esos son los elementos claves a tener en cuenta”, dijo. Añadió que el Dane ya cuenta con mediciones de costo de vida regional y con indicadores de productividad total de los factores, lo que daría una base inicial para la discusión.

Las capitales tendrían los mínimos más altos y las periferias enfrentarían riesgos

Bajo ese modelo, el profesor Wilson Rodríguez prevé que Bogotá, Medellín y Barranquilla estarían entre las ciudades con salarios mínimos regionales más altos, por la concentración de actividad económica, mano de obra y oferta y demanda laboral. Las zonas periféricas tendrían valores más bajos para ajustarse a su economía y a su paridad de compra. “No es lo mismo producir algo en La Guajira o en Chocó que producir algo en pleno Bogotá”, ejemplificó.

Para él, el posible beneficio radica en que las empresas de territorios con menor densidad económica no carguen con la misma estructura de costos de la capital. “Quien quiere formalizar lo vería como algo mucho más eficiente”, afirmó. La hipótesis es que más compañías podrían registrar su actividad y contratar formalmente si el costo laboral se adapta a sus condiciones locales, lo que además facilitaría acceso a créditos y otros instrumentos asociados a la formalización.

Asimismo, remarcó la complejidad administrativa. Una entidad financiera, una cadena minorista o una compañía logística que opere en todo el país tendría que gestionar nóminas diferentes según cada región. “Administrativamente tiene una complejidad enorme”, señaló. A esto sumó los reclamos sindicales sobre igualdad de funciones dentro de una misma empresa y las presiones derivadas de establecer distinciones salariales.

Según el académico, el riesgo más delicado es una competencia territorial basada en bajos salarios. “La literatura ha documentado que pueden haber trampas” en las que regiones busquen atraer inversión manteniendo artificialmente reducido su salario mínimo, dijo. En vez de mejorar la productividad laboral, un gobernador podría intentar ofrecer un costo de nómina menor para captar empresas, con consecuencias sobre los ingresos de los trabajadores.

La inflación y la productividad serían, de todos modos, las dos variables decisivas para cualquier alternativa. “Siempre son los dos elementos que están en la ecuación” cuando se negocia el mínimo, expresó Rodríguez. Para él, la actualización regional tendría que partir de la inflación esperada —usualmente observada a partir de la inflación ya registrada— y de la variación de la productividad marginal.

El académico habló de la relación con la informalidad, aunque con cautela. “Desde la teoría económica, se supone que es el elemento a solucionar acá”, afirmó. La expectativa es que empresas periféricas que hoy no pueden cubrir un salario asociado a las condiciones de una capital estén en capacidad de formalizar empleos si el valor se ajusta al territorio. Sin embargo, Rodríguez advirtió que una propuesta teóricamente consistente no necesariamente supera los problemas técnicos, operativos y políticos de su ejecución. “Es chévere que se genere la discusión, pero no lo veo nada viable o nada probable en este momento”, concluyó.