Corte Suprema reiteró orden al Gobierno De la Espriella para solicitar la extradición del exmagistrado Leonidas Bustos, condenado por el cartel de la toga

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró al gobierno de Abelardo de la Espriella la instrucción de adelantar las gestiones diplomáticas necesarias para solicitar a Canadá la extradición del exmagistrado José Leónidas Bustos Martínez, condenado por su participación en el escándalo de corrupción judicial conocido como el cartel de la toga.

La petición quedó consignada en el oficio 7975 del 21 de octubre de 2026, firmado por el magistrado Gerson Chaverra Castro y dirigido al ministro de Justicia, Iván Cancino González. En el documento, la corporación solicitó iniciar las actuaciones ante las autoridades canadienses para localizar, capturar y obtener la entrega del exfuncionario, quien residiría en ese país.

De acuerdo con la información incorporada en el oficio, Bustos Martínez estaría en Ontario u Ottawa, en compañía de algunos familiares. Además, en su contra existe una orden de captura y se ha solicitado la expedición de una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), mecanismos orientados a facilitar su ubicación y detención.

La Corte Suprema señaló que la pena impuesta al exmagistrado no ha prescrito y que, por tanto, continúa vigente la obligación de hacer efectiva la condena. La solicitud busca que el Gobierno colombiano adelante las actuaciones correspondientes ante Canadá para materializar la extradición.

“Por lo tanto, le solicito pedir a la autoridad competente del Gobierno de Canadá adelantar todas las gestiones necesarias para capturar al ciudadano colombiano requerido, con miras a materializar la extradición que se solicita”, señala el documento firmado por Chaverra Castro.

Para sustentar la petición de extradición, la Corte Suprema hizo referencia al principio de reciprocidad, teniendo en cuenta que Colombia ha concedido extradiciones a Canadá. También invocó el Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y el Reino Unido el 27 de octubre de 1888, aplicable bilateralmente entre Colombia y Canadá mediante un intercambio de notas de 1934.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, manifestó que el Gobierno ya comenzó a activar las actuaciones necesarias para cumplir la orden judicial y aseguró que su despacho intervendrá cuando corresponda dentro del procedimiento.

“El Ministerio de Justicia está presto a efectuar todos los trámites que se requieran y, obviamente, tengo claro que ya se activaron. Cuando le corresponda al Ministerio de Justicia, actuaremos de manera inmediata para lograr esa extradición, porque ya es una orden de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Cancino ante los medios de comunicación.

La condena contra Bustos quedó en firme en octubre

José Leónidas Bustos Martínez fue condenado el 20 de febrero de 2026 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La decisión le impuso un poco más de 10 años de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y una multa de $133.738.170.

Posteriormente, el 14 de octubre, la Sala de Casación Penal confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, por lo que la condena quedó en firme. La decisión de segunda instancia tuvo ponencia del magistrado Gerson Chaverra Castro.

En su pronunciamiento, el alto tribunal concluyó que Bustos Martínez participó en la conformación y funcionamiento de una estructura de corrupción que intervenía en procesos judiciales a cambio de dinero. Según las determinaciones judiciales, la organización buscaba favorecer a personas investigadas mediante actuaciones encaminadas a modificar el curso de sus expedientes.

La investigación se remonta a 2017, cuando la Fiscalía informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había remitido grabaciones de conversaciones entre el abogado Leonardo Pinilla y el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. En esos registros se mencionaban posibles actos de corrupción relacionados con procesos contra congresistas.

Por su condición de exmagistrado y el fuero especial correspondiente, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes comenzó a recopilar pruebas preliminares en agosto de 2017 y abrió formalmente la investigación el 26 de octubre de ese año. En 2019, la Cámara lo acusó y, en 2021, el Senado admitió la acusación.

Las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno también fueron determinantes en el desarrollo del proceso contra Bustos y otros antiguos integrantes de la Corte Suprema señalados en el escándalo.

Bustos Martínez fue presidente de la Sala de Casación Penal en dos ocasiones y, según las decisiones judiciales, tuvo participación en una red que ofrecía intervenir en procesos de congresistas como Musa Besaile y Álvaro Ashton a cambio de dinero. Entre las actuaciones atribuidas al exmagistrado figuran gestiones relacionadas con órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preclusiones y dilaciones procesales.

La Corte sostuvo que su conducta afectó la confianza en la administración de justicia y en las instituciones judiciales. En la decisión de segunda instancia, advirtió sobre las consecuencias de que el condenado permanezca fuera del alcance de las autoridades colombianas.

“La sustracción de Leonidas Bustos Martínez a la acción de la justicia colombiana, además de comprometer la efectiva ejecución de la pena, deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado frente a un contexto de corrupción judicial que exige un reproche punitivo condigno con la gravedad de la conducta ejecutada por el procesado y el superlativo daño institucional y social causado”, señaló la corporación.