
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) ‘no baja los brazos’ ante la Dimayor por el caso de prácticas restrictivas de cinco clubes contra varios jugadores para impedirles llegar a otros equipos del fútbol colombiano. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigó la situación.
Acolfutpro solicitó a la Corte Constitucional que anule el fallo del magistrado Carlos Camargo, quien dejó sin efecto la investigación de la Superintendencia y protegió los derechos de la División Mayor. La decisión causó polémica porque anuló la resolución de la entidad estatal.
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El gremio también intervino en el caso del Deportivo Pasto femenino. Tras no clasificar a los cuadrangulares de la Liga Profesional, las jugadoras quedaron sin dinero porque el club les debe salarios. El Ministerio del Trabajo ya tiene conocimiento de la situación.
“Falta de imparcialidad objetiva del magistrado Camargo”
A través de un comunicado, la Acolfutpro informó que radicó la nulidad de la Sentencia T-070 de 2026, ante la Sala Plena, que fue fallada por el magistrado Camargo y acabó con la investigación contra la Dimayor, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado y Atlético FC “por prácticas restrictivas de la competencia”.
“Esta decisión se fundamenta en la existencia de vicios graves que vulneran de manera directa nuestro derecho al debido proceso y en la ausencia de garantías de independencia e imparcialidad judicial del magistrado Carlos Ernesto Camargo Assis, integrante de la Sala que emitió el fallo”, mencionó el gremio.
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La Acolfutpro mencionó que la Corte Constitucional tampoco le permitió participar en el caso, pese a ser reconocidos como terceros de interés, “impidiéndonos ejercer el derecho de defensa y contradicción en un asunto que afecta de manera directa los derechos de los futbolistas profesionales”.
“Cuestionamos además la falta de imparcialidad objetiva del magistrado Camargo Assis, quien fue miembro de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Tratándose de un litigio estrechamente vinculado al fútbol profesional colombiano, esta circunstancia configuraba un evidente conflicto de interés, por lo cual debió declararse impedido. Sin embargo, esto nunca ocurrió”, añadió.
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El gremio espera que la Corte Constitucional pueda examinar la sentencia del togado y declare la nulidad para mantener en firme la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio, “con el fin de restablecer la garantía fundamental del debido proceso y preservar la legitimidad constitucional de las decisiones judiciales”.
Pasto, otro lío de la Acolfutpro
El gremio ha atendido toda clase de problemas de los jugadores profesionales en Colombia, tanto de la rama masculina como femenina, esta última, de las más golpeadas por los problemas con el sistema de juego, equipos que aparecen y desaparecen, y supuestas irregularidades con los salarios.
Se conoció que el Deportivo Pasto le debe salarios a sus jugadoras de la Liga Femenina, después de que participaran en la fase de Todos contra Todos, y pidió al Ministerio del Deporte que aplique las sanciones correspondientes a la institución, para que cumpla con su obligación.
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“Informamos que nuestra organización sindical radicó una querella laboral ante el Ministerio del Trabajo, Dirección Territorial Nariño, en contra del Club Deportivo Pasto, exigiendo que se inicie una investigación inmediata y se adopten las medidas sancionatorias correspondientes por el incumplimiento con el pago de salarios a las futbolistas del plantel femenino”, mencionó.
La Acolfutpro añadió que “exigimos que las autoridades del trabajo investiguen y requieran al empleador para garantizar los derechos y la dignidad de nuestras compañeras”, aunque no se sabe cuántos meses les adeudaría ni a cuáles deportistas, pero cabe recordar que los volcánicos también le habían incumplido a la nómina masculina a finales de agosto.
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