
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, abrió actuaciones administrativas contra Starlink y cuatro operadores móviles por el presunto incumplimiento de sus obligaciones de restringir señales de telecomunicaciones en cárceles colombianas.
El mandatario afirmó que ordenó activar recursos legales y tecnológicos para impedir que personas privadas de la libertad utilicen esos servicios con fines delictivos.
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En un mensaje publicado en X, De la Espriella señaló que las autoridades deben impedir que desde los centros penitenciarios se mantengan comunicaciones destinadas a cometer delitos.

“He dado instrucciones para que se utilicen todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios”, afirmó.
El presidente relacionó el problema con las deficiencias de los operadores de telecomunicaciones y de las entidades responsables del control carcelario. A su juicio, esas fallas han facilitado que internos coordinen extorsiones y otras conductas ilegales desde los penales.
“El Estado de Derecho no puede permitir que los bandidos aprovechen las fallas de los operadores de telecomunicaciones y las debilidades institucionales para extorsionar y aterrorizar a los colombianos de bien desde la supuesta ‘comodidad’ de una cárcel”, expresó el mandatario.
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De la Espriella pidió la desactivación de las líneas telefónicas utilizadas de forma irregular en establecimientos penitenciarios y restricciones para los accesos satelitales sin autorización. “Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida”, sostuvo.
También mencionó a los operadores de telecomunicaciones, el Ministerio de las TIC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública entre las entidades que deberán responder por sus obligaciones. “Las cárceles son para cumplir condenas, no para dirigir el crimen”, concluyó.
El Ministerio de las TIC abrió una investigación contra Starlink
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó que abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S. por el presunto incumplimiento de la obligación legal de atenuar señales de telecomunicaciones que cubren cárceles y centros penitenciarios.
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La actuación se inició después de un operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde las autoridades encontraron seis antenas Starlink junto con equipos de comunicación no autorizados. El procedimiento administrativo no representa una sanción definitiva, pues busca establecer si la empresa adoptó las medidas exigidas por la ley para impedir que sus servicios facilitaran comunicaciones irregulares desde los penales.

Durante los operativos en La Picota fueron hallados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM y 38 módems, además de las seis antenas de internet satelital. El Ministerio de las TIC incluyó esos elementos entre los hallazgos que motivaron la revisión del cumplimiento de las obligaciones de la compañía.
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El Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) también detectó conexiones a internet mediante redes WiFi provistas por Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios. Los centros identificados fueron La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta; y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá.
Según el comunicado oficial, la investigación determinará si Starlink aplicó mecanismos para restringir el uso no autorizado de sus servicios en esos lugares. El ministerio recordó que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de atenuar las señales que cubren establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Esa responsabilidad está contemplada en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, incorporado por la Ley 1709 de 2014. La norma establece deberes para las empresas del sector frente a las comunicaciones que puedan originarse dentro de las cárceles.
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Cuatro operadores móviles también enfrentan actuaciones administrativas
El Ministerio de las TIC anunció además investigaciones administrativas y formulación de cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. (Comcel) y la Unión Temporal Colombia Móvil Colombia Telecomunicaciones (Tigo).
Los expedientes se concentran en el presunto incumplimiento de las obligaciones de eliminar o restringir las señales móviles dentro de La Picota. La entidad verificará si las empresas adoptaron medidas para limitar la transmisión, recepción y control de los servicios de telecomunicaciones en ese establecimiento.

El Gobierno indicó que las cárceles no pueden utilizarse para coordinar actividades criminales, extorsiones u otras conductas delictivas. El resultado de las investigaciones definirá si existen responsabilidades administrativas para Starlink y los operadores móviles señalados en el comunicado.
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