Presos ingresaron al Congreso durante debate por crisis carcelaria: alertaron déficit de 20.000 cupos y falta de brazaletes electrónicos

El senador Gustavo Moreno autorizó la entrada de integrantes del programa Cárceles Productivas al Capitolio y cuestionó las condiciones de vigilancia de las personas que cumplen condenas fuera de prisión

Los internos, pertenecientes al programa Cárceles Productivas, ingresaron al Capitolio por iniciativa del senador Gustavo Moreno, durante su intervención en la plenaria. - crédito @lafm/X
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Una escena poco habitual se registró este martes en el Congreso de la República, cuando varias personas privadas de la libertad ingresaron al Capitolio Nacional durante un debate de control político sobre la crisis carcelaria en Colombia. Su presencia fue autorizada por el senador Gustavo Moreno, que las llevó como parte de una intervención para llamar la atención sobre las condiciones del sistema penitenciario.

Los internos hacen parte del programa Cárceles Productivas, relacionado con la vinculación laboral de la población privada de la libertad. Su ingreso se produjo al comienzo del discurso del congresista, quien aprovechó la sesión para exponer las dificultades que enfrentan las autoridades frente al hacinamiento, la falta de infraestructura y el seguimiento de las personas que cumplen sus condenas fuera de los establecimientos penitenciarios.

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El debate de control político fue convocado por los senadores Gustavo Moreno, de la Alianza Social Independiente (ASI), e Isabel Zuleta, del Pacto Histórico. A la sesión fue citado el ministro de Justicia, Iván Cancino, para responder sobre las medidas del Gobierno frente a la situación de las cárceles colombianas.

Gustavo Moreno denunció falta de brazaletes para personas con detención domiciliaria

Uno de los principales cuestionamientos del senador estuvo relacionado con la falta de dispositivos electrónicos para vigilar a las personas que cumplen medidas de detención domiciliaria.

Según las cifras presentadas por Moreno, en Colombia hay cerca de 65.000 personas bajo esta modalidad, pero el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dispone de apenas 5.000 brazaletes electrónicos para hacerles seguimiento.

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“Hay cerca de 65 mil personas privadas de la libertad con detención domiciliaria, pero solamente contamos con cinco mil brazaletes. Esto significa que de esas 60 mil personas, 55 mil no sabemos dónde están y podrían estar delinquiendo nuevamente”, advirtió el congresista.

Moreno cuestionó la capacidad de las autoridades para verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas a quienes reciben este beneficio judicial y señaló que la falta de dispositivos dificulta el control sobre esta población.

Brazalete electrónico-Colombia
Gustavo Moreno denunció que el Inpec solo dispone de 5.000 dispositivos para vigilar a cerca de 65.000 personas con detención domiciliaria. - crédito Colprensa

Déficit de cupos carcelarios y condenados en estaciones de Policía

Durante su intervención, el senador también presentó cifras sobre la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios. De acuerdo con los datos del Inpec que citó en la plenaria, actualmente hay 101.543 personas privadas de la libertad, mientras que la capacidad disponible es de 80.992 cupos.

La diferencia representa un déficit de 20.551 espacios en el sistema carcelario colombiano.

El congresista también se refirió a la permanencia de personas condenadas en estaciones de Policía y otros centros de reclusión transitoria, pese a que deberían estar en establecimientos penitenciarios.

“Hoy hay personas condenadas en las estaciones de Policía que llevan cuatro o cinco años que deberían estar en un centro de reclusión penitenciaria, pero permanecen en centros de reclusión transitoria. Tenemos un problema, ministro: faltan más de 30 mil cupos carcelarios en el país”, afirmó.

Frente a este panorama, Moreno solicitó al Gobierno presentar una reforma estructural que permita atender las dificultades del sistema penitenciario. Entre los asuntos que mencionó estuvo la necesidad de facilitar los traslados de personas privadas de la libertad entre establecimientos.

Las cifras del Inpec citadas durante el debate evidenciaron un déficit de más de 20.000 espacios frente a la población privada de la libertad. - crédito EFE/Mauricio Dueñas/Archivo
Las cifras del Inpec citadas durante el debate evidenciaron un déficit de más de 20.000 espacios frente a la población privada de la libertad. - crédito EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

El llamado de Moreno a los empresarios por la Ley de Cárceles Productivas

La presencia de los internos en el Capitolio también estuvo relacionada con el programa Cárceles Productivas y la implementación de la Ley 2446, iniciativa que busca promover el trabajo de las personas privadas de la libertad mediante actividades productivas dentro de los establecimientos penitenciarios.

El senador cuestionó los retrasos en la aplicación de esta normativa e hizo un llamado a los empresarios para que lleven sus actividades industriales a las cárceles.

Moreno explicó que la ley contempla beneficios tributarios para incentivar la participación del sector privado, entre ellos la exención del IVA para los productos elaborados en el marco de la iniciativa.

“El Congreso sacó adelante la Ley 2446 para que las personas privadas de la libertad puedan trabajar desde las cárceles. Quiero hacer un llamado a los empresarios de este país: quienes lleven sus fábricas o industrias a las cárceles no tendrán que pagar el 19% del IVA. Lo que se produzca en los centros carcelarios, en el marco de nuestra Ley 2446, está exento de este impuesto”, explicó.

Con este planteamiento, el congresista pidió avanzar en la vinculación de empresas a los proyectos productivos dentro de los centros de reclusión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Gustavo Moreno invitó al sector privado a llevar sus actividades industriales a los establecimientos penitenciarios, aprovechando los beneficios contemplados en la Ley de Cárceles Productivas. - crédito Colprensa

Ministro de Justicia respondió por las medidas frente a la crisis carcelaria

Durante la sesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reconoció las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario y señaló que se trata de una problemática que viene de administraciones anteriores.

“Es un hecho absolutamente incontrovertible que desde hace mucho tiempo existe un estado de cosas inconstitucional en las cárceles y es necesario darle una solución”, manifestó el funcionario.

Cancino aclaró las cifras de reincidencia que maneja su cartera y precisó que corresponden al 25,4%, no al 70 u 80% que se había mencionado durante las intervenciones.

“Pero el 25,4 es mucho. No deberíamos pasar de una cifra de un dígito de la reincidencia”, agregó.

En materia de infraestructura, el ministro aseguró que el Gobierno trabaja para terminar la construcción de los centros penitenciarios de Riohacha y Sabaná de Ángel.

También expuso las acciones para combatir las extorsiones que se coordinan desde las cárceles. Según explicó, las autoridades avanzan en la identificación de líneas telefónicas utilizadas para estas actividades: el procedimiento pasó de realizarse cada mes a cada 15 días, con la intención de reducir el intervalo a ocho días.

El funcionario añadió que se ordenó a los operadores bloquear las líneas que tengan registros de extorsión, sin importar quién figure como su propietario, y señaló que el Gobierno trabaja en iniciativas para instalar inhibidores de señal en los establecimientos penitenciarios.

Por último, informó sobre reuniones con Meta y TikTok para abordar problemáticas como la extorsión y el reclutamiento de menores de edad a través de estas plataformas.

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