
Una auditoría interna del Departamento para la Prosperidad Social identificó presuntas irregularidades en 23 nombramientos provisionales realizados entre el 4 y el 6 de agosto, en los últimos días del gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Según se conoció en la mañana del miércoles 18 de noviembre, el informe será trasladado a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación.
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La revisión especial AE-01-2026 concluyó que las resoluciones de nombramiento no fueron publicadas antes de la posesión de los funcionarios. Esa omisión, según la entidad, impidió que los empleados de carrera administrativa ejercieran dentro del plazo previsto su derecho preferente a ocupar esas vacantes.
De acuerdo con el reporte divulgado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) este miércoles, 14 de las 23 personas designadas tomaron posesión el 6 de agosto, cuatro días antes de que las resoluciones se publicaran oficialmente.
La auditoría se abrió tras 34 quejas formuladas por trabajadores y por el Sindicato de Empleados del Sector Social (Siessocial). La directora del DPS, Sandra Suárez, ordenó la revisión al iniciar su gestión, luego de ser designada por el presidente Abelardo De La Espriella.
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La entidad señaló que las vinculaciones se realizaron en empleos de planta y que los actos administrativos no se divulgaron conforme a las normas aplicables. Para el DPS, esta situación pudo afectar los derechos de los servidores de carrera que aspiraban a esos cargos.
Diez resoluciones fueron firmadas sin la revisión técnica exigida
El informe indica que el entonces director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, firmó 10 actos administrativos sin que se cumpliera la cadena de revisión técnica requerida. Los documentos, ya avalados con su firma, fueron enviados por correo electrónico el 6 de agosto para continuar el trámite interno.
Además, ocho designaciones fueron aprobadas sin los filtros previstos para proteger el derecho de ascenso interno de los empleados de planta. El equipo encargado de la provisión de empleos tuvo que verificar posteriormente en qué vacantes habían sido ubicadas las personas nombradas, según la auditoría.
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El reporte también registra que varios beneficiarios de los nombramientos trabajaban con Rodríguez como secretarias o asesores. Posteriormente, fueron vinculados a cargos de carrera en dependencias como la Secretaría General y las áreas de Contratación y Talento Humano.

La auditoría alertó sobre el riesgo de reclamos de los trabajadores de carrera que no conocieron los nombramientos antes de las posesiones. También advirtió que podrían presentarse demandas para solicitar la nulidad de los actos administrativos.
Prosperidad Social remitirá el informe a la Contraloría y a la Procuraduría para que evalúen los hechos y determinen si corresponde abrir investigaciones.
Colombia Mayor registró un faltante de $ 3,7 billones para 2026
La situación administrativa del DPS coincide con cuestionamientos sobre la financiación de Colombia Mayor, el programa que entrega una renta básica a personas mayores sin pensión. La directora Sandra Suárez Pérez afirmó que la iniciativa acumulaba un déficit superior a $3 billones que comprometió las transferencias para cerca de tres millones de beneficiarios durante 2026.
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Según un informe de gestión fechado el 6 de agosto y firmado por Mauricio Rodríguez Amaya, la entidad había solicitado $8,4 billones para operar el programa ese año, pero recibió una asignación de $4,6 billones. La diferencia fue de $3,7 billones y, de acuerdo con Suárez, los recursos disponibles alcanzaban para cubrir seis ciclos de pagos.
La funcionaria sostuvo que, al comienzo de agosto, el sexto ciclo, correspondiente a junio, todavía estaba en proceso de pago. También señaló que el ciclo previsto para marzo no se giró bajo la administración anterior y que no hubo un pago doble posterior que compensara ese faltante.
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La trazabilidad divulgada por la directora indica que los dos primeros ciclos comenzaron a pagarse a finales de febrero, solo en dos departamentos. El tercer desembolso se efectuó en abril, el cuarto en mayo y el quinto en junio. Para el 4 de agosto, según la información expuesta por Suárez, el séptimo ciclo no había empezado y no estaban garantizados todos los fondos requeridos para financiarlo.
Suárez pidió a los organismos de control revisar una operación por $ 770.095 millones asociada al convenio interadministrativo CONV-MT-642-2025, suscrito el 7 de noviembre de 2025. El planteamiento busca establecer si el traslado de recursos del Ministerio del Trabajo a Prosperidad Social, con un cambio en su clasificación presupuestal, requería autorización del Congreso de la República.
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El Gobierno de Abelardo De La Espriella informó que gestionó más de $ 400.000 millones adicionales y que obtuvo $ 1,3 billones para sostener las transferencias. La directora aseguró que esos recursos permitieron financiar los ciclos séptimo y octavo, aunque la continuidad del programa dependerá de nuevas fuentes de financiación y del trámite de una adición presupuestal de 2026 en el Congreso.
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